Caso Bárcenas
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El exalcalde de Toledo afirma que nunca ha cobrado comisión alguna
- Ha declarado ante el juez Pablo Ruz por una adjudicación del consistorio en 2007 supuestamente irregular
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Actualizada 24/11/2014 a las 21:51
- EFE. Madrid
El exalcalde de Toledo José Manuel Molina (PP) aseguró a su salida de la Audiencia Nacional que nunca en su vida ha cobrado comisión alguna ni tampoco ha adoptado "ningún acuerdo ilegal", tras declarar ante el juez Pablo Ruz por una adjudicación del consistorio en 2007 supuestamente irregular.
En declaraciones a los periodistas después de comparecer como imputado ante el juez del caso Bárcenas, Molina mostró su "satisfacción" porque ha podido defenderse "de un serie de injurias" de las que hasta ahora no había tenido la oportunidad de hablar porque, según dijo, actualmente reside en la República Democrática del Congo, donde trabaja como canciller en la Embajada española.
"He dejado clara mi inocencia", aseguró, y añadió que ha aportado pruebas de que "nunca" ha cobrado comisión alguna ni tampoco ha adoptado "ningún acuerdo ilegal" cuando era alcalde de Toledo.
"Mi mayor patrimonio es mi honor personal y tomaré las acciones oportunas", agregó acto seguido.
Preguntado por aspectos concretos de la declaración, que duró una hora y cuarto, no quiso responder "por respeto a su señoría" y porque, según reiteró, ha aportado pruebas para defenderse.
El exprimer edil del PP fue citado por la supuesta adjudicación irregular en 2007 por parte del Ayuntamiento de Toledo de una contrata de limpieza a Sufi, filial de Sacyr.
El juez le citó para aclarar la concesión de esa adjudicación a Sufi, ya que se investiga si la comisión de 200.000 euros supuestamente entregada por responsables de Sacyr al extesorero del PP Luis Bárcenas fue destinada a financiar la campaña electoral de 2007 de la actual presidenta de Castilla La Mancha y secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal.
En el auto en el que acordó imputarle, Ruz afirmaba que el papel de Molina en el proceso de adjudicación del contrato a Sufi por un periodo de catorce años, que finalmente costó al consistorio once millones de euros, podría ser constitutivo de delitos contra la Administración Pública (prevaricación, cohecho y tráfico de influencias).
Tras la declaración de Molina, declararon ante el juez como testigos el diputado Sebastián González Vázquez (PP); el exviceinterventor municipal del Ayuntamiento de Toledo, Francisco Javier Sánchez Rubio; y el sucesor de Molina en la Alcaldía de Toledo, Emiliano García Page (PSOE).
En declaraciones a los periodistas después de comparecer como imputado ante el juez del caso Bárcenas, Molina mostró su "satisfacción" porque ha podido defenderse "de un serie de injurias" de las que hasta ahora no había tenido la oportunidad de hablar porque, según dijo, actualmente reside en la República Democrática del Congo, donde trabaja como canciller en la Embajada española.
"He dejado clara mi inocencia", aseguró, y añadió que ha aportado pruebas de que "nunca" ha cobrado comisión alguna ni tampoco ha adoptado "ningún acuerdo ilegal" cuando era alcalde de Toledo.
"Mi mayor patrimonio es mi honor personal y tomaré las acciones oportunas", agregó acto seguido.
Preguntado por aspectos concretos de la declaración, que duró una hora y cuarto, no quiso responder "por respeto a su señoría" y porque, según reiteró, ha aportado pruebas para defenderse.
El exprimer edil del PP fue citado por la supuesta adjudicación irregular en 2007 por parte del Ayuntamiento de Toledo de una contrata de limpieza a Sufi, filial de Sacyr.
El juez le citó para aclarar la concesión de esa adjudicación a Sufi, ya que se investiga si la comisión de 200.000 euros supuestamente entregada por responsables de Sacyr al extesorero del PP Luis Bárcenas fue destinada a financiar la campaña electoral de 2007 de la actual presidenta de Castilla La Mancha y secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal.
En el auto en el que acordó imputarle, Ruz afirmaba que el papel de Molina en el proceso de adjudicación del contrato a Sufi por un periodo de catorce años, que finalmente costó al consistorio once millones de euros, podría ser constitutivo de delitos contra la Administración Pública (prevaricación, cohecho y tráfico de influencias).
Tras la declaración de Molina, declararon ante el juez como testigos el diputado Sebastián González Vázquez (PP); el exviceinterventor municipal del Ayuntamiento de Toledo, Francisco Javier Sánchez Rubio; y el sucesor de Molina en la Alcaldía de Toledo, Emiliano García Page (PSOE).
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