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Caso Nóos

El juez del 'caso Nóos' apunta contra la mano derecha de Rita Barberá

Castro reabre la instrucción del caso para interrogar a los testigos que propuso Grau y evitar su indefensión si lo sienta en el banquillo

El juez del 'caso Nóos' apunta contra la mano derecha de Rita Barberá
El juez del 'caso Nóos' apunta contra la mano derecha de Rita Barberá
  • Melchor Sáiz-Pardo. Madrid. COLPISA
Actualizado el 19/11/2014 a las 19:10
El juez José Castro apunta contra la mano derecha de Rita Barberá. El magistrado del 'caso Nóos' parece estar dispuesto a sentar en el banquillo al vicealcalde de Valencia, Alfonso Grau. Es más, va a reabrir de manera inmediata la instrucción del sumario en el que están imputados los duques de Palma para poder interrogar a los quince testigos que propuso en su día Grau para evitar que pueda acusarlo de indefensión aún a costa de retrasar todavía más la apertura del juicio oral.

La Audiencia Provincial de Palma, el 7 de noviembre, en el auto con el que confirmó la imputación de la infanta Cristina y de Iñaki Urdangarin, instó a Castro a incluir al número dos del consistorio valenciano en la lista de imputados. El tribunal palmesano aseguró que Grau había tenido una actuación "delictiva" en la concesión al Instituto Nóos de los Valencia Summits, las cumbres deportivo-empresariales que tuvieron lugar entre 2004 y 2006 y que permitieron a Urdangarin y su socio embolsarse 3,6 millones de euros, a pesar de que el evento no superó los 910.600 euros.

Según la Sección Segunda, que hizo suyos buena parte de los argumentos de la acusación de los socialistas valencianos, Grau tuvo un papel central en aquellas contrataciones por parte de la Fundación Turismo Valencia Convention Bureau (FTVCB) en las que se orilló el interés general, se prescindieron de los cauces administrativos de contratación, no se llevó a cabo ningún estudio previo de viabilidad ni de ajuste a los precios de mercado, así como tampoco se fiscalizó el desarrollo del convenio ni se pidió al Instituto Nóos que justificara el destino de los fondos recibidos. El tribunal palmesano recalcó que esas pautas eran de obligado cumplimiento pues los fondos que manejaba la FTVCB, de cuyo consejo rector era miembro Grau, eran de naturaleza pública.

Grau, sin embargo, alegó siempre que la FTVCB es un ente privado y que no debía regirse por las normas de la contratación pública y que, en cualquier caso, fue la Ciudad de las Artes y las Ciencias (CACSA), el otro organismo participante en el convenio, quien fijó el precio que debía entregarse al Instituto Nóos, sin siquiera consultar con la FTVCB en la que él participaba.

JUNIO

El asunto jurídico en cuestión es que Grau había quedado en junio momentáneamente "desimputado", como muchos otros acusados en este proceso, al no incluir Castro su nombre en el auto que ponía fin a la instrucción. Entonces, su defensa renunció (porque ya ni siquiera era parte del proceso) a los quince testigos que había propuesto para intentar probar que el número dos de Rita Barberá no había tenido intervención alguna en la adjudicación de los Valencia Summits.

La defensa del vicealcalde, tras la decisión de la audiencia que le dejaba de nuevo al borde del banquillo de los acusados, denunció que a su cliente "no sólo no le ha sido dado intervenir en ninguno de los seis años de instrucción, sino que ni siquiera ha dispuesto de la opción de recurrir el auto con el que juez terminó la instrucción del 'caso Nóos'. Es más, que ni siquiera ha tenido la oportunidad de solicitar pruebas para su defensa, generándole todo ello "una insuperable indefensión".

Los testigos, que probablemente serán interrogados a finales de este mes en la Ciudad de la Justicia de Valencia, hasta donde se desplazará un comisión judicial, son trece miembros de FTVCB: Irene Beneyto, José Romaguera, Rafael Ferrando, Juan Carlos Gelabert, Alberto Catalá, Belén Juste, Antonio Mora, Consuelo Garde, Manuel Ales, Enrique Torres, Gabriela Sales, José Roca y José Salinas. A ellos se sumará la declaración de un responsable de la Intervención General del Estado y del catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Madrid José María Baño.

Esta diligencia paralizaría el plazo de días que Castro dio a las partes para presentar sus escritos de acusación antes de abrir juicio oral.
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