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Consulta catalana 9N

El Constitucional abortará el martes la segunda consulta soberanista

El Consejo de Estado dio hoy luz verde al Gobierno para que mañana impugne el sucedáneo de referéndum de autodeterminación

Ampliar Artur Mas reinventa su consulta
Artur Mas reinventa su consulta
  • COLPISA. MADRID
Actualizado el 31/10/2014 a las 06:00
El Tribunal Constitucional abortará la semana próxima el segundo y probablemente último intento de Artur Mas por cumplir su compromiso de celebrar una consulta de autodeterminación en Cataluña el 9 de noviembre. La corte paralizará, a petición del Gobierno, el sucedáneo de referéndum secesionista que el presidente de la Generalitat improvisó por su cuenta y riesgo unos días después de que el 29 de septiembre el mismo tribunal suspendiese cautelarmente la consulta independentista oficial que había convocado para el 9-N.

La suspensión de la "seudoconsulta", como la apoda despectivamente Mariano Rajoy, se producirá casi con toda seguridad el martes, que es la primera de las tres jornadas de pleno ordinario que celebrará el Constitucional durante la próxima semana. A diferencia de lo ocurrido el 29 de septiembre, la corte no tiene intención de convocar en esta ocasión una reunión extraordinaria para acordar la medida cautelar aunque la Abogacía del Estado apure los trámites y registre la impugnación mañana mismo, nada más que reciba el mandato y la autorización para ello del Consejo de Ministros. La razón es que, sin violentar su programación ordinaria, se vetaría la celebración del denominado "proceso participativo" con tiempo suficiente, cinco días antes de que la Generalitat coloque urnas en más de 900 municipios y pregunte a los catalanes si quieren tener un estado propio y si desean que ese estado se independice de España. 

La suspensión de la consulta alternativa es un hecho, sea cual sea la vía que finalmente elija el Ejecutivo para recurrirla. Si se trata de un conflicto de competencias o de una impugnación de un acto de la administración catalana sin valor de ley porque su simple admisión a trámite acarreará la suspensión cautelar automática a petición de Gobierno, como reza en la Carta Magna. Si se trata de un incidente de ejecución que denuncia la violación por la Generalitat de la resolución del 29 de septiembre del Constitucional porque le alcanzaría la paralización provisional que se acordó en aquella fecha para la primera consulta. 

La maquinaría legal que terminará con el bloqueo del "proceso participativo" del 9-N echó a andar hoy cuando el Consejo de Estado, por unanimidad de los miembros de su Comisión Permanente, comunicó al Gobierno que encuentra razones jurídicas bastantes para que el Consejo de Ministros ordene mañana la impugnación del sucedáneo de consulta secesionista. En esencia, las mismas que llevaron a recurrir la primera consulta oficial. 

UN FRAUDE DE LEY

El máximo órgano consultivo del Estado confirmó la tesis gubernamental de que la "seudoconsulta" de Mas solo es un intento de fraude de ley con el que el presidente de la Generalitat pretende burlar la resolución del Constitucional y celebrar un evento lo más parecido posible al referéndum de autodeterminación que fue paralizado. En este sentido, considera que, como entonces, el Ejecutivo catalán invade las competencias exclusivas del Estado pues solo el Gobierno central puede convocar referendos. 

Pese a los intentos de Mas de dejar esta votación en el limbo jurídico -inexistencia de convocatoria y de referencia a un cauce legal, ausencia de censo y de junta electoral o gestión por voluntarios-, la institución considera que los hechos, órdenes verbales y correos electrónicos a alcaldes y funcionarios, entre otros, han dejado claro que la votación está impulsada en realidad desde la Generalitat y que las papeletas, idénticas a la prohibidas, busca la contestación a las mismas preguntas para ejercer la autodeterminación. En su objetivo, aclaran, violaría también la unidad de España y la residencia de la soberanía nacional en todo el pueblo español, y no solo en una parte, que consagran los artículos centrales de la Constitución. 

El Gobierno, de hecho, argumentará que la Generalitat, en su intento por evitar la impugnación, plantea una votación "antidemocrática", que no reúne las mínimas garantías y que descargar cualquier responsabilidad administrativa y penal futura en ciudadanos y funcionarios.
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