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TRIBUNALES

La juez de los ERE de Andalucía apunta ahora a Susana Díaz

  • Alaya reclama las actas de las reuniones que presidía la entonces consejera de Prisidencia para preparar los consejos de gobierno

La presidenta andaluza Susana Díaz.
La presidenta andaluza Susana Díaz.
efe
  • COLPISA. SEVILLA
Actualizada 25/10/2014 a las 06:00
La juez del 'caso de los ERE' en Andalucía vuelve colocar a los últimos gobiernos socialistas en el punto de mira. Tras remitir al Tribunal Supremo los elementos que considera que permitirían la imputación de los expresidentes y aforados Manuel Chaves y José Antonio Griñán, sus últimas pesquisas tratan de indagar si la actual presidenta Susana Díaz conoció las supuestas irregularidades en la concesión de ayudas durante su etapa al frente de la consejería de Presidencia en 2012.
 
En un auto conocido este jueves, Mercedes Alaya solicita a la Junta a que en el plazo de diez días le remita las actas de las reuniones preparatorias de los consejos de gobierno, los denominados 'consejillos', que se celebraron entre 2001 y octubre de 2012, fecha en la que, con el escándalo ya en los juzgados, el ejecutivo de Griñán cambió el sistema de concesión de ayudas sociolaborales siguiendo las recomendaciones de la Cámara de Cuentas.
 
Alaya ya ha subrayado en varias ocasiones que las irregularidades se prolongaron hasta esa fecha al entender que los cambios introducidos en 2010 ó 2011 mantenían el fraude de una u otra manera. Pero el periodo escogido por la juez para ampliar las pesquisas tiene una importante carga política, ya que, desde mayo de 2012, Susana Díaz era consejera de Presidencia y, por tanto, era la encargada de preparar y coordinar los 'consejillos', unas reuniones muy técnicas en las que participaron los viceconsejeros de todas las áreas.
 
Hasta el momento, Alaya ha estimado que todos los consejeros de Presidencia entre 2001 y 2011 estuvieron al tanto de las irregularidades. En la exposición razonada que remitió al Supremo para plantear la posible imputación de los cargos aforados añadió por sorpresa a Gaspar Zarrías y Mar Moreno. Una tesis en la que ahora abunda al justificar su petición de las actas, solicitada por una exasesora de la consejería de Empleo ya imputada en el caso y anteriormente por el PP, personado como acusación popular. 
 
GRADO DE CONOCIMIENTO
 
El auto explica que su objetivo es conocer si en las actas de los 'consejillos' "se recogen extremos que pongan de manifiesto el conocimiento generalizado entre las más altas instancias de la Junta de la indiciaria vulneración de la competencia del Estado" en la concesión de subvenciones sociolaborales mediante un fondo dotado con 721 millones de euros. También si esos altos cargos conocieron "la ilegalidad del procedimiento de concesión y pago".

Además, reclama poder investigar "cuantas cuestiones eran analizadas" en las citadas reuniones, muy técnicas y sin el contenido político su 'hermano mayor'.
 
Precisamente la petición de conocer las actas de los consejos de gobierno provocó el primer choque frontal entre la Alaya y la Junta. El Tribunal Supremo consideró esos documentos como públicos y acabó dando la razón a la instructora, que pudo consultar el contenido de las reuniones semanales del Ejecutivo andaluz durante una década. 
 
Desde el Ejecutivo andaluz expresaron su disposición a colaborar con la justicia y entregar las actas de las reuniones, al tiempo que expresaron su "tranquilidad" y la convicción de que "no va a encontrar nada" que afecte a actual equipo de Gobierno. Recordaron que ya en 2012 no se pagaron ayudas y que se eliminaron las transferencias de financiación, la fórmula que según Alaya utilizó la cúpula de la Junta para evitar los controles, se revisaron las pólizas y desaparecieron también las mediadoras que se embolsaron jugosas sobrecomisiones.
 
Además, la juez dictó este viernes un controvertido auto en el caso del supuesto fraude de los cursos de formación, ya que solicitó al Ministerio de Interior que la Policía deje de investigar estas irregularidades y permita que sea la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil quien asuma las pesquisas, como ya hizo en 2011 con los ERE. Una petición que fuentes judiciales interpretaron como un intento de acaparar una instrucción que hasta ahora se reparte entre 18 juzgados andaluces. Asimismo, pide a la Guardia Civil que vele por el carácter protegido de su principal testigo, el ex jefe del departamento andaluz de Formación en Sevilla Teodoro Montes, para que su imagen no sea difundida en medios de comunicación bajo amenaza de incurrir en delito de desobediencia.


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