Consulta catalana 9N

El juez que redactó la Constitución catalana no será suspendido

  • La Comisión Disciplinaria del Poder Judicial decide no apartarle de sus funciones mientras se tramita el expediente

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14/10/2014 a las 06:00
  • Colpisa. Madrid
La Comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) acordó el pasado lunes no suspender cautelarmente de sus funciones al magistrado de la Audiencia Provincial de Barcelona Santiago Vidal, que apoyó la redacción de una Constitución para Cataluña
 
La comisión resolvió que la adopción de la medida cautelar no atajaría la situación que se quiere evitar, es decir, que el magistrado continúe realizando declaraciones públicas que defiendan como legítimo el incumplimiento de las leyes y de la Constitución española. 
 
Cuatro vocales votaron en contra de la suspensión cautelar (Roser Bach, María Victoria Cinto, Vicente Guilarte y Enrique Lucas), mientras que a favor lo hicieron Wenceslao Olea, Carmen Llombart y Ángeles Carmona, nombrados por el PP al igual que Guilarte. Olea anunció la formulación de un voto particular. 
 
La Fiscalía, que el pasado jueves envió al CGPJ un oficio denunciando los hechos, había remitido alegaciones a la Disciplinaria en las que no se oponía a la suspensión solicitada por el Promotor de la Acción Disciplinaria. 
  
CONFIANZA
 
En su escrito, consideraba que los ciudadanos difícilmente pueden albergar confianza en la imparcialidad en la aplicación del Derecho por parte de quien notoria y públicamente cuestiona la legalidad vigente y el mandato constitucional de sujeción a ella. También recordaba que la Constitución en su artículo 117 impone a los jueces una estricta sujeción a la legalidad y a la imparcialidad. 
 
Por su parte, el magistrado Santiago Vidal se había opuesto a la suspensión en un escrito de alegaciones en el que decía que su actuación se enmarca en el simple ejercicio del derecho fundamental a la libertad de opinión y expresión, que como juez, jurista y ciudadano le reconoce la Constitución Española. 
 
El Promotor de la Acción Disciplinaria tiene un plazo de seis meses para tramitar el expediente disciplinario, que finalizará con propuesta de sanción o de archivo. 
 
La decisión adoptada el pasado lunes por la Comisión Disciplinaria puede ser recurrida en alzada ante el pleno por la Fiscalía. 
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