Tribunal Supremo
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Chaves y Griñán declararán si el Supremo investiga el caso de los ERE
- Los dos expresidentes autonómicos aseguran que están deseosos de declarar ante el Tribunal Supremo
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15/08/2014 a las 06:00
- COLPISA. SEVILLA
La juez instructora del caso de los ERE fraudulentos, Mercedes Alaya, señala en su escrito ante el Tribunal Supremo que tanto los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán como los otros siete exconsejeros regionales participaron "en la instauración y mantenimiento" del procedimiento irregular para conceder ayudas discrecionales y al margen de controles. Un procedimiento que, concluye, era "imposible que desconocieran" a tenor de las responsabilidades de sus cargos.
En el escrito remitido al Supremo, al que ha tenido acceso esta periódico, Alaya detalla los indicios contra los nueve exaltos cargos de la Junta, todos ellos aforados. La instructora explica que la decisión de utilizar las transferencias de financiación en vez de subvenciones para pagar ayudas "de forma absolutamente libérrima" a empresas y personas afines a los sindicatos y al PSOE fue una decisión "política" para eludir los controles. Así, destaca la juez que la cúpula de la administración regional desoyó los avisos que "hasta la saciedad" realizó la Intervención general de la Junta de Andalucía acerca del uso de un procedimiento inadecuado.
En este sentido, se extraña Alaya de que los responsables de Hacienda interrogados hasta el momento no se percataran de que los pagos de las ayudas, en ocasiones validados con un simple protocolo suscrito con algunas empresas, suponían importantes modificaciones presupuestarias al margen del control de la Intervención, y que no indagaran sobre el motivo de las mismas. La situación provocó un desfase presupuestario de hasta 95,5 millones que, estima la juez, por ejemplo impidió cumplir los objetivos de déficit en el año 2005.
La juez exime al Parlamento andaluz de cualquier responsabilidad en la implantación de este procedimiento irregular, al apuntar que cuando éste se consolidó en las leyes anuales de Presupuestos "se utilizó un lenguaje oscuro y ambiguo con expresiones equívocas", para que los parlamentarios no tuviesen conocimiento claro de lo que ocurría y aprobasen las cuentas.
ATAQUES A LA JUEZ
Aunque el Supremo no empezará a trabajar sobre el escrito de la juez hasta septiembre, y aún tardará unas semanas en decidir si admite o no la causa, los dos expresidentes autonómicos ya han manifestado su voluntad para declarar voluntariamente, al tiempo que rechazan las acusaciones de Alaya. En una entrevista en la Cadena Ser, Manuel Chaves aseguró que mientras fue presidente de la Junta no se tomaron decisiones políticas ilegales, aunque reconoció que pudo haber más controles. Expresó además que "no tiene confianza" en cómo se está instruyendo la causa, de la que, además, señaló que tiene "connotaciones políticas". "Ha sido una especie de proceso político judicial, en el que se ha tratado de destrozar a un partido que levantó Andalucía", resaltó.
En la misma línea, José Antonio Griñán dijo tener la conciencia "tranquila" y se mostró satisfecho porque "ha terminado un largo proceso de indefensión", al tiempo que resaltó que "nadie de los aforados se ha llevado ni un euro". Y reconoció que hubo "un procedimiento irregular por el que se permitió que se produjeran delitos". Por su parte, el PP-A, ha pedido la comparecencia "urgente" de un Pleno extraordinario para que la presidenta Susana Díaz explique su responsabilidad en la causa, "dado que ha estado durante mucho tiempo en la sala de máquinas de su partido en Sevilla y fue mano derecha de Griñán". El portavoz parlamentario Carlos Rojas denunció además que la Junta de Andalucía "ni denunció la trama de los ERE ni quiso investigarla nunca porque el fraude se alimentaba de la Junta y era ésta quien hacía el reparto de dinero público".
En el escrito remitido al Supremo, al que ha tenido acceso esta periódico, Alaya detalla los indicios contra los nueve exaltos cargos de la Junta, todos ellos aforados. La instructora explica que la decisión de utilizar las transferencias de financiación en vez de subvenciones para pagar ayudas "de forma absolutamente libérrima" a empresas y personas afines a los sindicatos y al PSOE fue una decisión "política" para eludir los controles. Así, destaca la juez que la cúpula de la administración regional desoyó los avisos que "hasta la saciedad" realizó la Intervención general de la Junta de Andalucía acerca del uso de un procedimiento inadecuado.
En este sentido, se extraña Alaya de que los responsables de Hacienda interrogados hasta el momento no se percataran de que los pagos de las ayudas, en ocasiones validados con un simple protocolo suscrito con algunas empresas, suponían importantes modificaciones presupuestarias al margen del control de la Intervención, y que no indagaran sobre el motivo de las mismas. La situación provocó un desfase presupuestario de hasta 95,5 millones que, estima la juez, por ejemplo impidió cumplir los objetivos de déficit en el año 2005.
La juez exime al Parlamento andaluz de cualquier responsabilidad en la implantación de este procedimiento irregular, al apuntar que cuando éste se consolidó en las leyes anuales de Presupuestos "se utilizó un lenguaje oscuro y ambiguo con expresiones equívocas", para que los parlamentarios no tuviesen conocimiento claro de lo que ocurría y aprobasen las cuentas.
ATAQUES A LA JUEZ
Aunque el Supremo no empezará a trabajar sobre el escrito de la juez hasta septiembre, y aún tardará unas semanas en decidir si admite o no la causa, los dos expresidentes autonómicos ya han manifestado su voluntad para declarar voluntariamente, al tiempo que rechazan las acusaciones de Alaya. En una entrevista en la Cadena Ser, Manuel Chaves aseguró que mientras fue presidente de la Junta no se tomaron decisiones políticas ilegales, aunque reconoció que pudo haber más controles. Expresó además que "no tiene confianza" en cómo se está instruyendo la causa, de la que, además, señaló que tiene "connotaciones políticas". "Ha sido una especie de proceso político judicial, en el que se ha tratado de destrozar a un partido que levantó Andalucía", resaltó.
En la misma línea, José Antonio Griñán dijo tener la conciencia "tranquila" y se mostró satisfecho porque "ha terminado un largo proceso de indefensión", al tiempo que resaltó que "nadie de los aforados se ha llevado ni un euro". Y reconoció que hubo "un procedimiento irregular por el que se permitió que se produjeran delitos". Por su parte, el PP-A, ha pedido la comparecencia "urgente" de un Pleno extraordinario para que la presidenta Susana Díaz explique su responsabilidad en la causa, "dado que ha estado durante mucho tiempo en la sala de máquinas de su partido en Sevilla y fue mano derecha de Griñán". El portavoz parlamentario Carlos Rojas denunció además que la Junta de Andalucía "ni denunció la trama de los ERE ni quiso investigarla nunca porque el fraude se alimentaba de la Junta y era ésta quien hacía el reparto de dinero público".
Selección DN+
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Que gran titular. ¿Es que no pensaban declarar?
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Yo lo que estoy deseoso que entren a la trena, como el clan puyol y todos y cada uno de los politicos corruptos de este pais.....que verguenza de pais y la gente en sus casas tranquilanmente...
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