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Fraude

La investigación del fraude de los ERE cubrirá toda la etapa de Griñán

  • La ampliación llega cuando las partes esperaban que la juez Alaya remitiese al Supremo la parte referida a los aforados

José Antonio Griñán, expresidente de la Junta de Andalucía
José Antonio Griñán, expresidente de la Junta de Andalucía
  • Colpisa. Sevilla
Actualizada 16/07/2014 a las 20:33
Mercedes Alaya, la juez que instruye el caso de los ERE fraudulentos en Andalucía, ha dado un nuevo golpe de mando y, pese a que recientemente aseguró que la causa estaba en su recta final, ahora considera "necesario" ampliar la investigación a los años 2011 y 2012, poniendo bajo sospecha todo el mandato del expresidente José Antonio Griñán.

De esta manera, y aunque la Audiencia de Sevilla ya alertó sobre los riesgos de ingobernabilidad de una macrocausa, pasan a ser ya 12 los años en los que se analiza la concesión de ayudas irregulares a empresas en crisis bajo un procedimiento -las transferencias de financiación- considerado inadecuado por la juez por su arbitrariedad y falta de controles.

En un auto notificado hoy, Alaya emplaza a la Junta de Andalucía a que aporte antes del fin de semana la relación de ayudas concedidas durante ese periodo con cargo a la famosa partida 31-L, denominada 'fondo de reptiles' por el exdirector general de Trabajo de la Junta Javier Guerrero, la fecha de pago y las resoluciones por las que fueron otorgadas.

Se trata de dos años en los que la investigación del caso ya estaba en marcha y en los que la Junta sustituyó el supuesto procedimiento inadecuado para dar las ayudas (las transferencias de financiación) implantado en 2001 por la encomienda de gestión, con más controles aunque la juez tampoco lo considera adecuado.

Con su petición, la juez pone en cuestión la segunda legislatura de Griñán, ya con la actual presidenta regional Susana Díaz en el Ejecutivo (asumió como Consejera de Presidencia en marzo de 2012) e incluso con IU como socio de Gobierno. Precisamente el portavoz parlamentario de la coalición de izquierdas José Antonio Castro eludió hoy cualquier responsabilidad y recordaba que "este maldito perro no es nuestro".

La decisión de Alaya llega cuando las partes esperaban más bien que la juez elevase al Tribunal Supremo la parte de la causa referida a los cargos públicos aún aforados, entre ellos el propio expresidente Griñán, sobre el que estrecha aún más el cerco al implicar a uno de sus más cercanos colaboradores. Se trata de su exsecretario general en la Consejería de Economía y Hacienda José de Haro Bailón, quien tras la marcha de Griñán en abril de 2009 para asumir la jefatura de la Junta ocupó el cargo de viceconsejero de Economía y Hacienda junto a la entonces consejera Carmen Martínez Aguayo, otra de las pre-imputadas.

La imputación de De Haro se justifica porque según la juez durante su época se mantuvo el sistema inadecuado. Alaya incluso señala que éste tuvo una "participación activa" en el uso de las transferencias de financiación, dado que era el encargado de coordinar la política presupuestaria de la Junta y participaba en la elaboración de los presupuestos. Asimismo, la juez entiende que tuvo que conocer el "falseamiento" del presupuesto del ente público Idea, encargado de abonar los pagos fraudulentos ordenados por la Consejeria de Empleo, para justificar el uso de las transferencias de financiación.

Junto a De Haro, la juez Alaya vuelve a citar al exsecretario general de UGT, Francisco Fernández Sevilla, que excusó su ausencia en la comparecencia prevista para hoy al asegurar su defensa que no había recibido la notificación formal.


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