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Navarra baja de nota y suspende en la aplicación de la Ley de Dependencia

  • Castilla y León está a la cabeza de las Comunidades en la aplicación de la normativa y obtiene una valoración de 9,6 sobre 10

Una cuidadora acompaña a una anciana.

Una cuidadora acompaña a una anciana.

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Actualizada 15/07/2014 a las 16:42
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  • Europa Press. Pamplona/Valladolid
Navarra, junto con Valencia, Canarias, Ceuta, Melilla, Aragón, Asturias, Galicia, Madrid, Baleares y Cataluña, es una de las once Comunidades que suspenden en el tratamiento de la dependencia, según los datos del XIII Observatorio de la Dependencia que se han hecho públicos este martes. Además, la Comunidad foral baja su nota respecto al año anterior, pasando de un 5 a un 4,6.

"Sólo" Castilla y León, con una nota del 9,6, y País Vasco, con un 8,3, "destacan" en la aplicación de la Ley.

A la hora de realizar la escala de valoración del desarrollo de la Ley, el Observatorio tiene diferentes variables como las personas atendidas sobre el total de población; las solicitudes sobre el total de población; los dictámenes; las personas pendientes de prestación de servicio; el equilibrio entre las prestaciones y los servicios; la integración de la red local de servicios sociales; el incremento de personas atendidas en los últimos doce meses; la aportación de cada comunidad por habitante y año; el incremento o pérdida de expedientes de grado III; la innovación y buenas prácticas; la información en tiempo real y el modelo de seguimiento.

En cada una de estas variables el Observatorio concede un 1 como máxima puntuación y un cero como mínima puntuación, y Castilla y León obtiene un 1 en todas ellas excepto en la pérdida de dictaminados de Grado III, ya que está por encima de la media nacional, por lo que obtiene un 0,5. El resultado final es de 11,5 puntos, que extrapolado a una nota del 1 al 10 da a Castilla y León un 9,6.

Así, según estos datos, las personas beneficiadas sobre el total de población en Castilla y León es del 2,47 por ciento, por encima de la media nacional que es del 1,6 por ciento; mientras que las solicitudes representan en la Comunidad el 5,77 por ciento de la población, por encima del 3,5 por ciento de España, mientras que en la región sólo el 1 por ciento de las personas don derecho a prestación está pendiente de recibirla, frente al 20 por ciento nacional.

Asimismo, en la Comunidad, el gasto público en dependencia por año y habitante es de 139,12 euros, mientras que en España es de 109,6 euros, además de que Castilla y León es al única región con sistema de seguimiento sistematizado.

CONTINÚA A LA CABEZA

Desde diciembre de 2008, cuando el Observatorio comenzó la elaboración de estos informes, Castilla y León ha pasado de obtener una puntuación del 8 al 9,6 de este último informe, una nota que mantiene desde junio del año pasado y que hace que una vez más la Comunidad esté a la cabeza en la aplicación de la Ley de Dependencia.

Según este último informe, siete comunidades mantienen la misma puntuación que hace seis meses, concretamente se trata de Castilla y León (9,6), País Vasco (8,3), La Rioja (6,3), Castilla la Mancha (5,4), Extremadura (5,4), Murcia (5), Asturias (3,8); mientras que bajan seis, Cantabria (de 6,3 a 5,4), Andalucía (de 5,8 a 5,4), Cataluña (de 5,4 a 4,6), Navarra (de 5 a 4,6), Galicia (de 5 a 3,8), Aragón (de 3,8 a 3,3).

Por contra, la nota crece en cinco comunidades autónomas aunque ninguna de ellas obtiene el aprobado. Aún así, la puntuación crece en Madrid, de 4,2 a 4,6; Baleares, de 2,9 a 3,3; Ceuta y Melilla, de 1,3 a 1,7; Canarias, de 0,8 a 1,3 y Comunidad Valencia, de 0,4 a 1,3.

Esto lleva al Observatorio a asegurar que "se mantiene invariable el empecinamiento" de algunas comunidades autónomas en no aplicar las prestaciones y servicios que la Ley contempla, lo que pone a sus ciudadanos "en una situación de desprotección". Las comunidades con calificación muy deficiente son Comunidad Valenciana, Canarias, Baleares, Aragón, Ceuta y Melilla.

Asimismo, el informe, elaborado por la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales, se refiere a los "graves desequilibrios" que existen entre los territorios y a cómo se aprecia "la voluntad de los gestores autonómicos" por atender mejor las necesidades de las personas dependientes de su ámbito.
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