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Caso Faisán

Confirmadas las penas a los policías que dieron el chivatazo a ETA

  • Interior expulsará del cuerpo Pamies y Ballesteros en cuanto el alto tribunal notifique el fallo al Gobierno
  • La Sala ve lícito que la operación antiterrorista se hubiera suspendido en "en aras de no perjudicar al proceso de paz" pero sin que hubiese mediado un soplo

Pamiés y Ballesteros delante del poder judicial
Pamiés y Ballesteros delante del poder judicial
EFE
  • Colpisa. Madrid
Actualizada 15/07/2014 a las 21:50
Ni aumentar las penas por colaboración por ETA porque los policías nunca quisieron ayudar a los terroristas ni reducirlas porque la revelación de secretos durante el chivatazo fue un delito "grave" y que, además, supuso un "grave descrédito del funcionamiento institucional de la administración". El Tribunal Supremo confirmó las penas de un año y medio de prisión y cuatro de inhabilitación que la Audiencia Nacional impuso al exjefe de Policía del País Vasco Enrique Pamies y al inspector jefe José María Ballesteros por el soplo al aparato de extorsión de ETA en el bar Faisán de Irún el 4 de mayo de 2006.

En síntesis, la sala rechaza todos los recursos de las diferentes partes. Los de los dos imputados, que pedían su libre absolución, pero también de las acusaciones populares -la Asociación de Víctimas del Terrorismo, Asociación Dignidad y Justicia, y el Partido Popular- que reclamaban que ambos fueran castigados también por colaborar con ETA.

Los magistrados entienden que no es posible condenar por un delito del que ya fueron absueltos en la Audiencia Nacional, como establece la abundante doctrina del Tribunal de Europeo de Derechos Humanos, del Constitucional y del propio Supremo, pues ello supondría modificar los hechos probados y volver a escuchar a los acusados, algo que no está permitido en un recurso de casación.

Y dicho ello, el Supremo dice no albergar dudas de que, efectivamente, Pamies y Ballesteros incurrieron en un delito de revelación de secretos y que lo hicieron para "favorecer el proceso de negociación" con ETA que entonces mantenía el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Un soplo, afirma el fallo, que no solo afectó a "una actividad aislada sino a un entramado organizativo de difícil investigación". El chivatazo, abunda el Supremo, no fue más que una "vía subrepticia" para avisar a los terroristas que supuso "una clara quiebra de principios de actuación judicial" y que implicó "un menoscabo y entorpecimiento del servicio público", amén de "un grave descrédito del funcionamiento institucional de la administración".

CAL Y ARENA

Para la Sala no cabe duda de que Pamies y Ballesteros "dieron a conocer a los miembros de una red de extorsión terrorista las pesquisas y futuras acciones policiales en marcha", lo que dañó la investigación.

"La actuación de los dos acusados, trasladando a los sujetos investigados en una actuación policial y judicial conjunta española-francesa, con un dispositivo desplegado, información acerca de la propia operación y de las posibles detenciones, vulnera el deber específico de secreto que pesaba sobre ellos", zanja el alto tribunal.

Sin embargo, después de los reproches a la actuación de los policías para salvar los cauces abiertos con ETA por entonces, el alto tribunal da a entender que hubiera sido lícito que la operación antiterrorista se hubiera suspendido para salvar el proceso de paz, pero siempre que no hubiese mediado un soplo. "Si los acusados, en aras de no perjudicar el proceso de paz negociado, hubieran acudido al estamento judicial o policial en cuyo seno se hubiera decidido posponer o suspender la operación, este delito de revelación de secretos no tendría vida", apunta la sentencia, que recuerda que los dos funcionarios, sin embargo, "informaron directamente" a los terroristas "a espaldas del operativo", por lo que no cabe otra sentencia que la condena por revelación.

El fallo no ha sido unánime. Tres de los cinco magistrados que lo firman presentaron votos particulares, dos de ellos favorables a la existencia del delito de colaboración, aunque ambos consideran que no era oportuno imponerles pena alguna por ese ilícito. Alberto Barreiro esgrime que debían haber sido castigados por ayudar a ETA si bien con la eximente del cumplimiento del deber, mientras que Miguel Colmenero, sin llegar a defender una condena por colaboración, sostiene que en la sentencia de la Audiencia Nacional tenía que haber quedado claro que existió ese delito. El último voto discrepante, el de Andrés Martínez Arrieta, arguye que el inspector Ballesteros debería haber sido absuelto al no considerarse probado que supiera que estaba cometiendo un delito de revelación al entregar el móvil desde el que Pamies, al otro lado de la línea, dio el soplo al dueño del bar Faisán, Joseba Elosua.

La sentencia conocida hoy supondrá la inmediata expulsión de Pamies y Ballesteros del cuerpo, como establece la Ley Orgánica de Régimen Disciplinario de 2010. Según fuentes del Ministerio del Interior, la separación de la institución se hará efectiva en cuanto en el Supremo notifique oficialmente el fallo al Gobierno. Cuando la Audiencia Nacional condenó en octubre de 2013 a ambos en primera instancia, el ministro del Interior, Jorge Fernández, anunció que no tomaría ninguna medida hasta que la sentencia no fuera firme y ambos imputados agotaran todos los recursos posibles. De hecho, tras el fallo de la Audiencia Nacional, Pamies ha seguido ejerciendo en Zaragoza, mientras que Ballesteros ha continuado trabajando en La Rioja.
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