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Congreso de los Diputados

El Partido Popular no se arredra y aprueba el macrodecreto en solitario

  • La oposición insiste en que el Gobierno no tiene ninguna credibilidad para plantear la regeneración democrática

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, durante la rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Ministros

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría

EFE
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11/07/2014 a las 06:00
  • colpisa. madrid
El Gobierno y el PP no se echaron para atrás pese al rechazo unánime de la oposición y aprobaron en el Congreso el macrodecreto de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia que reforma de golpe 26 leyes, aunque algunos portavoces hablaron de casi 30. La vicepresidenta afeó a los grupos opositores su empeño en descalificar "las formas" y no ir "al fondo". El PSOE, y con él el resto de fuerzas políticas, incidieron en que actitudes como esta invalidan al Ejecutivo para plantear una regeneración de la democracia como la que quiere pactar a partir de septiembre.

Soraya Sáenz de Santamaría defendió la legalidad del camino escogido por el Gobierno, el decreto ley, porque es una fórmula legislativa que se ha empleado más de medio millar de veces desde la restauración de la democracia. La vicepresidente defendió la rapidez en la tramitación de un texto de 172 páginas aprobado el pasado viernes en el Consejo de Ministros porque es "urgente la necesidad de encarar la recuperación". Sostuvo que, por tanto, el texto pone en marcha medidas urgentes que son de "justicia social" para apuntalar la recuperación y para que los ciudadanos se sientan "partícipes" de ese éxito colectivo.

Unos argumentos que en absoluto convencieron a la oposición. El PSOE anunció que impugnará el decreto ley ante el Tribunal Constitucional porque es, en palabras de su portavoz en el Congreso, Soraya Rodríguez, "una chapuza" de la que responsabilizó a la vicepresidenta. El portavoz de Compromís, Joan Baldoví, apuntaló esa crítica al señalar que según su recuento el texto tiene 67 errores que han tenido que ser corregidos sobre la marcha en una disposición de seis páginas que se ha adjuntado al texto.

El tono crítico no abandonó las intervenciones del resto de portavoces que utilizaron calificativos de distinto calibre para poner en tela de juicio la iniciativa gubernamental. El del PNV, Pedro Azpiazu, habló de "decretón"; el de CiU, Josep Sánchez Llibre, censuró "la soberbia y la prepotencia" gubernamental al dar seis días a los grupos para conocer el texto, debatirlo y aprobarlo sin enmiendas. En este punto, la vicepresidenta reiteró la disposición del Gobierno a tramitarlo después como un proyecto de ley para que pueda ser enmendado. Argumento que no impidió que el diputado de Izquierda Plural Joan Coscubiela denunciara que el decreto y su tramitación legislativa suponen "una corrupción de la democracia que ha asestado el golpe definitivo a la división de poderes".

Los portavoces de la oposición encontraron un denominador común en sus intervenciones al coincidir en que el Gobierno con este comportamiento en aras de la urgencia ha quedado incapacitado para levantar la bandera de la regeneración democrática.

ESCUELA DE VERANO

El paquete de medidas para la mejora de la calidad de la democracia debía empezar a ser pergeñado este jueves en la escuela de verano del PP, según anunció el lunes la secretaria general del partido, Dolores de Cospedal, y ratificó después Mariano Rajoy. Pero la jornada inaugural, en la que intervinieron tanto Cospedal como Sáenz de Santamaría, se tocó de refilón el asunto. La vicepresidenta llamó a las fuerzas políticas a dialogar sobre la regeneración democrática aunque no concretó las fórmulas para llevar la a cabo. La número dos del Ejecutivo impartió una conferencia en la que presentó al PP como una formación con sentido de Estado, comprometida con la transparencia y consciente de la necesidad de acercar la política al ciudadano de a pie.

La defensa que hace el PP de estos valores "no viene de nuevo", afirmó Sáenz de Santamaría. En concreto se refirió a la propuesta lanzada por su partido para que en los municipios gobierne el candidato que más votos haya recibido en las urnas. "Está demostrado que si no gobierna el alcalde más votado no gobierna nadie" ya que, continuó, en su lugar lo hacen coaliciones en las que cada partido mira por sus propios intereses y no por los de los ciudadanos. Lo que no especificó la número dos del Ejecutivo es la forma en que se puede concretar esta reforma. "Primero hay que definir el marco de la reforma" a modo de "discusiones abiertas", como ha propuesto el PP al resto de formaciones políticas, defendió. Los partidos deben apoyar este cambio para, dijo la vicepresidenta, evitar "la tragedia de que los perdedores de unas elecciones impongan su programa frente a quienes las ganan".

Antes que la vicepresidenta, la secretaria general del PP abogó por llevar a cabo las mejoras en la calidad democrática que exige la sociedad. Afirmó que estas deben dirigirse a crear una administración más pequeña, más eficaz y más ágil, este último un atributo en el que significó especialmente a la Justicia. Cospedal aseguró que todos los españoles, sean del signo o de la región que sean, quieren que el candidato más votado gobierne sus municipios. Frente a estos deseos criticó a una oposición que "solo sabe decir no" sin antes escuchar las propuestas del PP.
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