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Caso Nóos

Urdangarin admite que se llevó casi un millón de euros a través de Aizoon

  • El cuñado del Rey defiende que nunca se aprovechó de su posición y que ganó contratos por su preparación

Iñaki Urdangarin. AFP

Iñaki Urdangarin. AFP

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05/07/2014 a las 06:00
  • colpisa. madrid
Sorprendente recurso de Iñaki Urdangarin al auto del juez José Castro en el que le mantiene imputado por una decena de cargos de corrupción. El cuñado de Felipe VI admite que Aizoon, la empresa que comparte con la infanta y que jamás realizó un solo trabajo y nunca tuvo empleados reales, ingresó un total de 923.049 euros, 795.732 euros, descontado el IVA.

Un dinero, reconoce el escrito que firma el letrado Mario Pascual Vives, que llegó a Aizoon procedente del Instituto Nóos como supuesto pago por la "actividad personal y profesional" que Urdanagarin presuntamente hizo para los congresos de Valencia Summit e Illes Balears Forum. En concreto, señala el escrito, entre 2005 y 2006 cobró 366.719 euros de la administración valenciana y 556.330 euros por parte del Gobierno de Jaume Matas.

Según coincidieron diversas fuentes judiciales, la aceptación de estos pagos es, en realidad, casi una "autoconfesión" de la malversación de dinero público porque la empresa de la que es cotitular la hermana del jefe del Estado difícilmente pudo realizar trabajo alguno en esas cumbres porque, tal y como está acreditado en el sumario, jamás tuvo una actividad real ni siquiera empleados. Es más, el contable arrepentido Marco Antonio Tejeiro ha confirmado que, desde su origen, Aizoon solo tuvo como objetivo engrosar sus arcas con dinero desviado desde Nóos con facturas falsas y trabajos ficticios para el instituto.

Más allá de este aparente desliz del letrado Vives, que admite ese desvío de dinero a Aizoon para quejarse de que se le impongan seis millones de fianza civil a su defendido cuando solo se llevó un millón a través de su sociedad compartida, el recurso también admite que Urdangarin pudiera ser responsable de "irregularidades administrativas tributario-fiscales", que no delitos, por haber endosado a Aizoon sus trabajos como asesor de varias multinacionales. Un dinero que debía haber tributado como IRPF, y no como impuestos de sociedades que tiene un tipo impositivo más bajo.

Este reconocimiento tampoco es baladí. Esa supuesta defraudación a través de Aizoon es de la que el juez José Castro también responsabiliza a Cristina de Borbón, en cuanto copropietaria de aquella sociedad presuntamente fantasma.

Según Hacienda, entre 2007 y 2008 el duque defraudó en cuotas de IRPF 337.138 euros, mucho más de 120.000 por ejercicio, cantidad mínima para hablar de delito.

Al margen de estas 'confesiones', el escrito incide en que el imputado jamás se aprovechó de la Casa Real para sus negocios particulares, sino que fue contratado por empresas e instituciones por su experiencia profesional y deportiva y su preparación académica. "Sí, es cierto, mi cliente, por matrimonio, en los años 2004 y hasta la semana pasada era yerno del Rey de España y ahora es cuñado de Su Majestad el Rey. Pero esa condición familiar no fue la única tenida en cuenta para que pudiera intentar realizar su actividad profesional: fue deportista olímpico, vicepresidente del COE, deportista de alto nivel y amplió sus conocimientos profesionales en la entonces prestigiosa escuela de negocios Esade", señala el recurso.

"Vender humo"

"Si se le reprocha que vendiera humo, humo era la actividad de estrategia que le explicaron sus profesores", entre ellos el propio Diego Torres, apunta el escrito del letrado de Urdangarin. "Nada de eso parece delictivo, ni siquiera a título indiciario", insiste el defensor.

Tras estos argumentos, Mario Pascual Vives pasa de la defensa de su cliente al ataque directo y personal al juez, al que acusa, como hiciera la Fiscalía en el caso de la infanta, de actitudes rayanas con la prevaricación. Asegura que Castro ha llevado una investigación "prospectiva" y lo que "al principio parecía que se trataba de investigar exclusivamente determinados convenios suscritos en Palma, se fue extendiendo a Valencia, Madrid e incluso Barcelona".

"De lo que inicialmente aparentaba como una instrucción encaminada a averiguar la supuesta existencia de delitos contra las Administraciones públicas, se fue ampliando con supuestos delitos fiscales, blanqueos, evasión de capitales y ahora, por último, se incluyen estafas y tráfico de influencias", denuncia el letrado catalán, quien tilda de "prematuro" el cierre del sumario en el que su clientes está imputado por prevaricación, malversación, fraude a la administración, tráfico de influencias, dos fraudes fiscales, estafa, falsedad en documento oficial y falsedad en documento mercantil.
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