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Caso Nóos

¿Se sentará la infanta en el banquillo?

  • El Supremo ya ha dejado claro en su doctrina que no es posible procesar por delitos fiscales cuando la víctima, en este caso Hacienda, no se siente ofendida
  • En el caso del blanqueo, al no tratarse de un ilícito con "perjudicados directos", sí cabría la posibilidad de que Manos Limpias acusara en solitario

La infanta Cristina a su llegada a la sede central de la Caixa en la avenida de la Diagonal en Barcelona para incorporarse a su puesto de trabajo.

La infanta Cristina a su llegada a la sede central de la Caixa en la avenida de la Diagonal en Barcelona para incorporarse a su puesto de trabajo.

efe
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29/06/2014 a las 06:00
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  • COLPISA. MADRID
¿Se sentará la infanta Cristina en el banquillo? Nadie se atreve a responder con certeza a la pregunta que todos se hacen después de que el pasado miércoles el juez José Castro pusiera fin a cuatro años de investigación del 'caso Nóos' con la imputación, entre otros, de la hermana del Rey por dos delitos fiscales y uno más de blanqueo de capitales.

En cualquier otro sumario un auto como el del instructor sería sinónimo de banquillo, pero Nóos es diferente. Lo es porque las imputaciones nacen del juez. Los dos acusadores clásicos que deberían sostener la imputación por delitos contra la Hacienda Pública -la Fiscalía, defensora del interés público, y la propia víctima del supuesto fraude, la Agencia Tributaria- no se siente agraviadas por la actuación de la infanta y no le acusan de nada. Culpan de todo a su marido.

Esta extraña situación abre un denso debate jurídico en el que, en síntesis, se trata de dilucidar si una acusación popular, Manos Limpias, es suficiente para sostener las imputaciones por fraude y blanqueo contra la duquesa. La última e irrevocable palabra la tendrá la Audiencia Provincial de Palma ante la que ya ha recurrido Anticorrupción y lo harán la defensa de la infanta y la Abogacía del Estado, representante de la Agencia Tributaria.

No hay una respuesta a la pregunta, pero sí que hay pistas. La inmensa mayoría de los expertos consultados coinciden en un hecho: la clave es el blanqueo de capitales y la diferente naturaleza de este delito -consistente en gastar dinero de procedencia ilícita sabiendo que el origen del mismo es irregular- con respecto al otro ilícito, el del fraude fiscal. Y ello porque el Tribunal Supremo ya ha dejado claro que es imposible que una acusación popular, como Manos Limpias, mantenga vivo un proceso por un delito, el fraude, en el que hay perjudicados directos, Fiscalía y el Estado, pero en el que las presuntas víctimas de ese delito no se sienten víctimas.

Harina de otro costal sería el blanqueo de capitales. El alto tribunal ya fijó que una acusación popular sí está legitimada para pedir, en solitario, la apertura de un juicio oral al tratarse de un delito que, en principio, afectaría a intereses colectivos -no hay víctimas particulares- y en el que está en juego un interés social.

Es, en esencia, el debate entre las llamadas doctrinas 'Botín', que sería favorable a la infanta, y 'Atutxa', desfavorable, fijadas ambas por el Supremo. En el caso del presidente del banco de Santander, el alto tribunal respaldó en diciembre de 2007 la negativa de la Audiencia Nacional a abrir juicio contra él y otros directivos de la entidad en el sumario de las cesiones de crédito. La Audiencia argumentó, y posteriormente lo confirmó el Supremo, que la celebración de un juicio instado solo por la acusación popular contraviene la legalidad procesal. El Supremo estableció que el delito que se imputaba a Botín por la venta de esos productos financieros tenía perjudicados directos, Hacienda, y si ésta no se sentía dañada y la Fiscalía no acusaba no era posible que una acusación popular, en este caso la Asociación para la Defensa del Inversor y los Clientes, llevara al banquillo a los banqueros.

La exculpatoria 'doctrina Botín', insisten los expertos, sería aplicable a los dos delitos fiscales de los que Castro acusa a la infanta por haber usado, en compañía de su esposo, la empresa de ambos, Aizoon, para cargar los trabajos "personalísimos" de asesoría a multinacionales de Iñaki Urdangarin a fin de pagar menos impuestos. Según Hacienda, en 2007 Aizoon ingresó 645.453 euros y en 2008 fueron 494.156, pero en realidad la única actividad de la empresa relacionada con su objeto social, el inmobiliario, fue la del alquiler de unos locales por un valor que ningún año superó los 30.000 euros. A esta circunstancia se suma, además, el hecho de que jamás en España nadie ha sido enjuiciado por un fraude fiscal sin que la Agencia Tributaria acusara.

ATUTXA

¿Pero qué ocurre con el blanqueo de capitales? Ahí surge la 'doctrina Atutxa'. Solo semanas después del 'caso Botín', el Supremo condenó al expresidente del Parlamento vasco Juan María Atutxa y a los exmiembros de la Mesa de la Cámara Gorka Knorr y Kontxi Bilbao por un delito de desobediencia a la autoridad judicial al negarse "de forma consciente y deliberada" a disolver el grupo parlamentario Sozialista Abertzaleak en 2003, tras la ilegalización de Batasuna.

Un alto tribunal dividido entendió que en el delito de desobediencia no hay un perjudicado directo que pueda ejercer la acusación particular junto a la acción popular. El Supremo zanjó que negarle a la acción popular, que en ese caso también ejercía Manos Limpias, su capacidad de acción dejaría huérfana de acusación a este delito tras la decisión, "totalmente legítima", de la Fiscalía de no ejercer la acusación contra Atutxa, Bilbao y Knorr. El alto tribunal estableció que "el fiscal no puede monopolizar el ejercicio de la acción pública" que nace de la comisión del delito de desobediencia que, a diferencia de los delitos fiscales imputados a Botín, "carece, por definición, de un perjudicado concreto susceptible de ejercer la acusación particular".

La propia Audiencia Provincial de Palma de Mallorca, en el auto en el que revocó la primera imputación de Cristina de Borbón en mayo de 2013, ya dejó entrever que podría valorar la posibilidad de sentar en el banquillo a la imputada si no se trataba de delitos fiscales. "Atendida la naturaleza de los hechos y delitos investigados (excluyendo tal vez los delitos contra la hacienda pública ya que en este caso existe un perjudicado que es la propia Agencia Tributaria) gozaría de legitimación ñla acusación popularí para en su caso llegado el momento ejercer la acción penal contra la infanta", señalaron los jueces que ahora deberán de decidir sobre la suerte de la hermana del Rey.

La Audiencia Provincial, en aquel fallo que abrió el camino a que Castro apuntara contra la infanta por Aizoon y no por el Instituto Nóos, recordaba las doctrinas del Supremo para establecer que "en aquellos supuestos en los que no existe posibilidad de personación de un interés particular y la Fiscalía concurre con una acusación popular que insta la apertura del juicio oral, la acusación popular está legitimada para pedir, en solitario, la apertura de la causa a la celebración de juicio oral". O lo que es lo mismo, visto que va a haber un juicio porque hay otros acusados y otros delitos, la Audiencia Provincial veía probable que Manos Limpias pudiera conducir en solitario una acusación contra la infanta en la que no hubiera, como en el delito fiscal, perjudicados particulares.
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  • Navarro
    (29/06/14 16:17)
    #2

    Primero que devuelva todo lo que presuntamenta han robado ella y su marido,segundo si todos somos iguales ante la ley.....AUN QUE NO NOS DEFIENDAN LOS FISCALES.......LO QUE LE PASARIA A CUALQUIER CIUDADANO DE A PIE,y si no quiere declarar o dice que no se acuerda,,,,"a la bañera" que muchos han ido y alguno creo que lo paso muy mal.......si no sabe o no se acuerda como puede,desempeñar un cargo de tanta relevancia......don de trabaja,¿YO CREIA QUE EL PUESTO DE TRABAJO LO HABIA ACQUIRIDO POR OPOSICION?...... vaya talentos que tenemos por Españolea.....

    Responder

  • Palabras de Rajoy
    (29/06/14 14:23)
    #1

    Dice Rajoy que no, con eso vale, palabras del mentiroso y que ahora sabe que no miente y apoya a la monarquia igual que todo el PP-UPN.

    Responder


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