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Alaya cita a los cargos de la Junta cuya imputación anuló la Audiencia

La juez repitió los mismos pasos que dio con la ex consejera andaluza de Hacienda y ex ministra de Fomento Magdalena Álvarez.

La juez Alaya. EFE

La juez Alaya. EFE

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26/04/2014 a las 06:00
  • Sevilla. Colpisa
La juez que instruye el caso de los ERE fraudulentos en Andalucía tardó apenas unas horas en replicar a la Audiencia Provincial de Sevilla y volver a imputar a dos ex directores generales de Presupuestos de la Junta Antonio Lozano y Buenaventura Aguilera.

Esta vez, en el auto, tal y como le exigía la instancia superioer, concretó ya los supuestos hechos delictivos que la llevan a señalarlos como autores de prevaricación y malversación de fondos públicos y los cita a declarar otra vez el próximo 12 de mayo.

Mercedes Alaya repitió los mismos pasos que dio con la exconsejera andaluza de Hacienda y ex ministra de Fomento Magdalena Álvarez, con quien fueron imputados ambos altos cargos.

Tras una acusación genérica y la anulación de la imputación por parte de la Audiencia, ante una posible vulneración de los derechos de defensa, la juez dictó de nuevo un auto en el que desveló la principal tesis de la causa de los ERE para señalar a la cúpula del Ejecutivo regional.

Esto es, que desde instancias políticas se implantó el uso fraudulento de un sistema legal de financiación de entes públicos -las polémicas transferencias de financiación- con la intención supuestamente de evitar controles a la hora de repartir subvenciones.

En el nuevo auto, dictado el mismo día que la Audiencia la corrigió, pero notificado a las partes cuatro días después, la juez Alaya trata de demostrar que no los inculpa solo "por el dato objetivo" de haber ocupado sucesivamente el puesto de responsables de Presupuestos.

Para ello, cita el Informe de Fiscalización de la Cámara de Cuentas de Andalucía sobre las ayudas sociolaborales otorgadas por la Junta entre los años 2001 y 2010, que le da pie a concluir que, "reiteradamente, desde el 2002 al 2009 -siendo Lozano director de Presupuestos y Aguilera jefe del servicio de Seguimiento, Evaluación y Política Presupuestaria-, se incluyeron por parte de la Consejería de Hacienda créditos para transferencias de financiación del programa 31L (denominado "fondo de reptiles" por el exdirector general de Empleo Francisco Guerrero), cuando en realidad se conocía indiciariamente que iban a destinarse inadecuadamente a subvenciones sociolaborales que otorgaría la Consejería de Empleo".

Una inclusión de la que responsabiliza a la cúpula de Hacienda, que reflejó "indebidamente gastos que no se iban a producir, pues lo que la agencia realizaba eran pagos por cuenta de Empleo, los cuales quedaban compensados con las transferencias de financiación, encubriendo al Parlamento el destino final que realmente quería dársele: otorgar subvenciones sociolaborales al margen del procedimiento legal", añade Alaya.

Repite argumentos

En este sentido, la juez repite un argumento similar al empleado en la reimputación de Magdalena Álvarez. "Lo que se pretendía por el inculpado, en connivencia con otros, era conseguir un sistema fácil para la concesión de ayudas sociolaborales, de forma que, bajo el argumento de la agilidad y de la paz social, se otorgaran las citadas subvenciones de espaldas a la Intervención y a cualquier control, vulnerando los principios de objetividad, libre concurrencia, publicidad, transparencia, igualdad y no discriminación", señala tajante en relación a Lozano, quien ocupó puestos de relevancia también con el Gobierno de Susana Díaz.

La carga delictiva de Aguilera, sucesor de Lozano, se basa en que fue conocedor de "las consecuencias, a lo largo de la década, de la falta de control y de distorsión de la financiación". Pese a ello, no impidió su uso ni informó a los técnicos con los que elaboraba el anteproyecto de Presupuestos, normalizando su utilización.

También hoy se produjo la comparecencia del primer dirigente estatal de un sindicato implicado en la causa, el que fuera responsable de la sección de Textil (FITEQA) de CC OO, José Luis Montesinos, implicado por haber incluido como intrusos a compañeros o familiares de éstos. Pese a negarse a declarar, la juez le acusa de haber organizado un "negocio bilateral" con la mediadora Vitalia a costa de las ayudas. Entiende que los sindicatos se convirtieron en una fuente de información que atraía negocio para las mediadoras, quienes recompensaban esta labor mediante el pago de sobrecomisiones procedentes del dinero público.
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