microeconomía
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Las comunidades tienen seis meses para eliminar "las trabas" al comercio
- Se comprometen a corregir 37 normas autonómicas que obstaculizan la apertura de un establecimiento, aunque País Vasco y Cataluña se desmarcan
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12/03/2014 a las 06:01
- COLPISA. MADRID
Las comunidades autónomas tienen seis meses para corregir las normativas que chocan con la ley de unidad de mercado. Y no son pocas. El Gobierno ha detectado 37 requisitos autonómicos considerados "trabas administrativas para la apertura de nuevos establecimientos", según explicó este martes el secretario de Estado de Comercio, Jaime García-Legaz tras la conferencia sectorial. Pero también existen otras 244 medidas en el ámbito de la artesanía, las ferias y las subvenciones asociadas a esas actividades "que puede plantear obstáculos y costes innecesarios a las empresas".
La ley de unidad de mercado era una de las prioridades del Ministerio de Economía. Por eso García-Legaz resaltó que la mayor parte de las comunidades autónomas se comprometieron a poner en marcha la ley. Esto significa que a partir de ahora se abre un periodo para que los gobiernos autónomos simplifiquen y eliminen las barreras burocráticas marcadas.
Sin embargo, el acuerdo contó con la oposición de País Vasco y Cataluña, que presentarán un recurso contra la ley ante el Tribunal Constitucional. En cualquier caso, el secretario de Estado se mostró convencido de que la normativa se aplicará en todo el país. "Hemos dejado muy claro a las dos comunidades que el hecho de que se recurra una ley no implica que no se tenga que cumplir", aseguró.
El responsable de Comercio recordó que el objetivo de la ley es que las comunidades autónomas "no deben exigir" más requisitos que los estrictamente previstos por la normativa de la UE. Es decir, aquellos que se atengan a razones de interés general, ordenación del territorio, protección del medio ambiente o del patrimonio histórico. En este sentido, García-Legaz puso como ejemplo los requerimientos en algunas comunidades para elaborar un plan de vida familiar y laboral de los trabajadores que supone un retraso en la licencia de apertura.
A pesar del abultado número de normativas identificadas como "trabas" el secretario de Estado no quiso citar qué comunidades son las que más deberes tienen por delante. "Nuestro objetivo no es hacer una lista de buenos y malos, nuestro objetivo es recuperar la unidad del mercado nacional español", aseguró.
AYUDAS AL PEQUEÑO COMERCIO
Por otra parte, la conferencia sectorial también realizó un "balance muy positivo" -según García-Legaz- del plan de competitividad para el comercio minorista.- Así, las líneas ICO financiaron el año pasado 31.404 operaciones en el sector del comercio minorista, lo que supone un 18 % más que en 2012, mediante la concesión de créditos por valor de 1.232 millones de euros (un 3,6 % más que 2012). Esto generó una inversión de 1.633 millones.
Además, en el marco de las medidas de fomento del empleo en el comercio se realizaron 40.486 contratos de apoyo a emprendedores; 33.321 contratos para formación y aprendizaje (un 62,8 % más); 6.151 contratos en prácticas (un 30 % más) y se destinaron 8,8 millones a bonificaciones por la contratación de trabajadores en los comercios turísticos.
La ley de unidad de mercado era una de las prioridades del Ministerio de Economía. Por eso García-Legaz resaltó que la mayor parte de las comunidades autónomas se comprometieron a poner en marcha la ley. Esto significa que a partir de ahora se abre un periodo para que los gobiernos autónomos simplifiquen y eliminen las barreras burocráticas marcadas.
Sin embargo, el acuerdo contó con la oposición de País Vasco y Cataluña, que presentarán un recurso contra la ley ante el Tribunal Constitucional. En cualquier caso, el secretario de Estado se mostró convencido de que la normativa se aplicará en todo el país. "Hemos dejado muy claro a las dos comunidades que el hecho de que se recurra una ley no implica que no se tenga que cumplir", aseguró.
El responsable de Comercio recordó que el objetivo de la ley es que las comunidades autónomas "no deben exigir" más requisitos que los estrictamente previstos por la normativa de la UE. Es decir, aquellos que se atengan a razones de interés general, ordenación del territorio, protección del medio ambiente o del patrimonio histórico. En este sentido, García-Legaz puso como ejemplo los requerimientos en algunas comunidades para elaborar un plan de vida familiar y laboral de los trabajadores que supone un retraso en la licencia de apertura.
A pesar del abultado número de normativas identificadas como "trabas" el secretario de Estado no quiso citar qué comunidades son las que más deberes tienen por delante. "Nuestro objetivo no es hacer una lista de buenos y malos, nuestro objetivo es recuperar la unidad del mercado nacional español", aseguró.
AYUDAS AL PEQUEÑO COMERCIO
Por otra parte, la conferencia sectorial también realizó un "balance muy positivo" -según García-Legaz- del plan de competitividad para el comercio minorista.- Así, las líneas ICO financiaron el año pasado 31.404 operaciones en el sector del comercio minorista, lo que supone un 18 % más que en 2012, mediante la concesión de créditos por valor de 1.232 millones de euros (un 3,6 % más que 2012). Esto generó una inversión de 1.633 millones.
Además, en el marco de las medidas de fomento del empleo en el comercio se realizaron 40.486 contratos de apoyo a emprendedores; 33.321 contratos para formación y aprendizaje (un 62,8 % más); 6.151 contratos en prácticas (un 30 % más) y se destinaron 8,8 millones a bonificaciones por la contratación de trabajadores en los comercios turísticos.
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