Casi todas las
empresas potencialmente contaminadoras estarán exentas de contratar avales o fianzas para reparar los
daños medioambientales que pudieran causar por un accidente. Según un severo dictamen del Consejo de Estado, la reforma que prepara el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente de la ley de Responsabilidad Ambiental
liberará del cumplimiento de esas garantías al 98% de las firmas.
La norma, que data de 2007, fue aprobada durante el primer periodo del mandato de Rodríguez Zapatero. Pese a que en sus
objetivos era muy ambiciosa, la legislación nunca llegó a aplicarse. La ley trataba de materializar el principio de 'quien contamina paga'. Conocida como la ley de los 'seguros verdes', la normativa
obligaba a unos 320.000 operadores a suscribir estos contratos para aminorar los efectos de un siniestro medioambiental. Ahora, el cambio que prepara el departamento que dirige Miguel Arias Cañete
demandará la suscripción de seguros a solo a 5.470 operadores.
Las autoridades medioambientales alegan que uno de los propósitos que se persigue es
reducir las cargas administrativas a las empresas concernidas y dotar de "una mayor eficacia a las administraciones mediante la simplificación del procedimiento de constitución de la garantía financiera". "No tiene sentido que esta garantía financiera se exija por igual a una pyme que a una gran instalación industrial", dijo la directora general de Calidad y Evaluación Ambiental, Guillermina Yanguas.
El Consejo de Estado reprocha que se sustituya a la Administración como autoridad competente para
determinar las responsabilidades. A partir de ahora bastará una simple comunicación del propio operador interesado.
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