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DEFENSA

Las familias del Yak-42 cobrarán las indemnizaciones once años después

  • La contratista del avión en el murieron 62 militares ha depositado los 6,2 millones de euros de la condena por orden de la Justicia alemana

Familiares de las víctimas del Yak-42 tras el juicio celebrado en 2009

Familiares de las víctimas del Yak-42 tras el juicio celebrado en 2009

EFE
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30/01/2014 a las 06:01
  • COLPISA. MADRID
Las familias de los 62 españoles fallecidos en 2003 en el accidente aéreo del Yak-42 están a punto de cobrar los 6,2 millones de euros que tiene que abonar la compañía alemana que contrató el avión en concepto de responsabilidad civil por las múltiples irregularidades que condujeron al siniestro en Trebisonda (Turquía).

Después de once años de lucha judicial, este colectivo de familias de militares que regresaban de cuatro meses de misión en Afganistán y que ha tenido que bregar sin ayudas contra el Estado, las empresas e incluso algunos jueces, ha logrado que el Tribunal de Primera Instancia de Fráncfort ordene a la contratista, Chapman Freeborn, que deposite de inmediato la indemnización millonaria en ejecución de la condena firme que le impuso el Tribunal Supremo el 13 de noviembre de 2012.

Se trata del final de un accidentado camino para obtener la responsabilidad civil, aunque la firma alemana aún podría retrasar un poco más los cobros si recurre la orden de la corte de Fráncfort ante el tribunal supremo de su país. Las familias han tenido que acudir a los tribunales alemanes a exigir la consignación de los millones, mediante el convenio de auxilio judicial europeo, porque Chapman Freeborn no hizo ni el más mínimo intentó de pagar el dinero exigido por la sentencia pese a que el pasado 15 de abril de 2013 el Constitucional cerró su última puerta al negarse a revisar el fallo del Supremo.

Sería el broche definitivo a un juicio civil que comenzó en enero de 2006 en Zaragoza, y que tuvo que repetirse en la misma ciudad en 2010 por considerar la Audiencia Provincial que en el primer proceso no se había citado de forma correcta a la empresa contratista.

El cobro de las indemnizaciones civiles será la segunda victoria judicial de un colectivo de víctimas que ya logró en 2009 que la Audiencia Nacional condenase a un general, a un comandante y a un capitán del Ejército por falsear la identidad de 30 de los 62 fallecidos para acelerar el proceso de identificaciones y lograr cumplir la orden que dio del Gobierno de José María Aznar de que la repatriación de los cadáveres se produjese a la mayor brevedad.

OTROS PROCESOS 

El general nunca llegó a cumplir los tres años de cárcel de la condena porque murió en 2010 y los otros dos oficiales, sentenciados a un año y medio de prisión, tampoco han cumplido sus penas porque tienen recurrido el fallo ante el Constitucional, que aún no ha resuelto las peticiones de amparo. El 20 de abril de 2012, el actual Gobierno popular de Mariano Rajoy también evitó que el comandante y el capitán perdiesen su condición de militares, a lo que abocaba la sentencia, al indultarles de las penas de inhabilitación que les fueron impuestas.

Las familias de las 62 víctimas, empeñadas en esclarecer hasta la última responsabilidad por el siniestro, todavía tienen abiertas otras dos vías judiciales más.

El tercer frente es con el que pretenden lograr que altos mandos del Ministerio de Defensa en 2003 sean condenados por homicidio imprudente por entender que incurrieron en múltiples irregularidades en la contratación de un aparato y una tripulación que no cumplía con las mínimas exigencias de seguridad, lo que estaría en la base y origen del siniestro.

Esta investigación penal fue archivada hasta en tres ocasiones sucesivas por la Audiencia Nacional, la última en 2012, motivo por el que han recurrido el cierre del procedimiento judicial ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo.

La cuarta pata es una causa por responsabilidad patrimonial contra el Estado español, que está aún en fase de instrucción. Este proceso, abierto en 2004, quedó paralizado mientras estuvo abierta la causa penal contra los exaltos cargos de Defensa.
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