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EDUCACIÓN

Wert aborda ahora el estatuto de docentes y la ley de universidades

  • Tras la aprobación de la controvertida Lomce, el ministro se enfrenta en este nuevo año a dos nuevas reformas

  • COLPISA. MADRID
Actualizada 07/01/2014 a las 06:01
El año 2013 terminó para el ministro José Ignacio Wert con la aprobación en el Parlamento de la Lomce, sin duda, su ley más importante y también controvertida. El 28 de noviembre los 182 votos del PP bastaron para sacar adelante el texto después de varios meses de ardua tramitación. Sin embargo, una vez conseguido el principal objetivo del Ministerio -a falta de su implantación definitiva y más allá de la batalla jurídica que se prevé con diversos recursos ante el Tribunal Constitucional-, Wert ya puede dedicar esfuerzos renovados a las otras dos reformas educativas: la universitaria y el Estatuto de la Profesión Pública Docente. Ambas normativas, aunque no tan mediáticas como la Lomce, no están exentas de polémicas y pueden echar más leña al fuego sobre una comunidad educativa indignada y muy movilizada contra la política del Ministerio.

"Espero que la reforma universitaria tenga una concreción normativa el año que viene", aseguró Wert en diciembre. El ministro también mostró su deseo en lograr el máximo consenso en su redacción. Para ello deberá superar, en primer lugar, las diferencias existentes con los rectores, cuyo enfado se plasmó en un plantón hace dos años, y después convencer a los estudiantes, lo que resulta altamente improbable.

De momento, ya hay trabajando una comisión mixta del Ministerio con representantes de la Conferencia de Rectores de Universidades Españoles (CRUE). Aunque no ha trascendido nada del contenido exacto de las reuniones es de prever que tendrán en cuenta el informe de recomendaciones entregado por la Comisión de Expertos para la Reforma del Sistema Universitario Español.

Entre las medidas propuestas por dicho organismo, formado ad hoc por nueve catedráticos, estaba aumentar la inversión pública en becas universitarias. El informe resaltaba que el dinero destinado a estas ayudas en España (0,11% del PIB) es inferior a la media de los países de la OCDE (0,29% del PIB). "España tiene un sistema de becas y ayudas al estudio muy deficiente", criticaba el estudio, que también consideraba necesario potenciar las becas de movilidad nacional e internacional. Sin embargo, no parece probable que el departamento de Wert camine en ese sentido después cancelar las becas Séneca (movilidad interior) y de endurecer el acceso a partir del próximo año a las Erasmus con nuevos requisitos. Ambas medidas han sido muy contestada por los rectores.

Otro de los puntos claves de esta reforma tiene que ver con el sistema de financiación de las universidades. Actualmente el 80% proviene de fondos públicos, un porcentaje similar al de países como Francia o Bélgica pero muy alejado del modelo anglosajón. Precisamente la intención del Gobierno y de los expertos es diversificar las fuentes de financiación para que las universidades puedan captar recursos de fondos empresariales o de filántropos. La ley de mecenazgo -cuya aprobación en Consejo de Ministros se espera para comienzos de año- facilitaría esta segunda opción. La dotación de la I+D+i en la universidad es otro de los caballos de batalla entre los rectores y el Gobierno y uno de los principales obstáculos para alcanzar un acuerdo debido a los últimos y continuados recortes.

Por su parte, el nuevo modelo para la elección del rector amenaza con centrar toda la polémica de la reforma. De momento ha desatado las principales críticas por el mayor protagonismo que podrían adquirir las comunidades autónomas en el proceso. La propuesta de los expertos consiste en que los miembros del consejo que debe escoger al máximo responsable universitario sean elegidos en un 50% por el claustro de profesores, un 25% por la comunidad autónoma y el 25% restante esté formado por figuras académicas internas o externas de especial prestigio. La CRUE considera que este sistema puede poner en peligro la independencia de las universidades y politizarlas.

MIR PARA PROFESORES 

El Estatuto de la Función Pública Docente, que debe regular las condiciones laborales de los profesores, así como sus derechos y deberes o la promoción, es la otra gran medida pendiente del Ministerio de Educación, pero también la menos esbozada. De hecho, los sindicatos han criticado a José Ignacio Wert por haberse reunido solo dos veces en siete meses con ellos para tratar este tema y no haberles presentado ningún proyecto concreto, sino remitirse a un borrador de 2007 redactado por el anterior Ejecutivo. Tampoco en esta medida será fácil el consenso, ya que los docentes exigen acabar con los recortes y la retirada de iniciativas como el aumento de la ratio de alumnos por aula.

En cualquier caso, una de las medidas que podría incluir el futuro estatuto es el de la creación de un MIR para profesores emulando el ya existente para los médicos, cuya eficacia está ampliamente reconocida. A su favor tiene que es una iniciativa que cuenta por lo menos con la simpatía de varios partidos políticos, PSOE incluido, lo que facilitaría su aprobación.

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