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ETA

Urkullu pide a ETA pasos firmes y ve urgente el desarme para lograr la paz

  • El lehendakari no quiso pronunciarse sobre el silencio del Gobierno central tras el último comunicado de la banda terrorista

El lehendakari, Iñigo Urkullu, durante la rueda de prensa tras el último comunicado de ETA
El lehendakari, Iñigo Urkullu, durante la rueda de prensa tras el último comunicado de ETA
EFE
  • EFE. VITORIA
Actualizada 30/12/2013 a las 17:57
El lehendakari, Iñigo Urkullu, pidió a ETA que dé pasos "firmes y lo más rápido posible" y recalcó que el desarme de la banda terrorista es "un paso urgente" para avanzar hacia la paz y la convivencia.

Urkullu compareció ante los medios de comunicación tras presidir el último Consejo del Gobierno Vasco del año y se refirió al comunicado difundido el pasado sábado por el colectivo de presos de ETA (EPPK), en el que estos reclusos reconocían el daño causado y se mostraban dispuestos a aceptar "soluciones" individuales para su situación penitenciaria.

Para el lehendakari, el comunicado es un "cambio significativo" y un "avance en el posicionamiento público y teórico del colectivo de presos", aunque subrayó que la consolidación de la paz y la convivencia necesita de nuevos pasos y que el desarme de ETA es necesario para que no existan "amenazas de vuelta atrás".

Urkullu cree que ahora lo "relevante" es conocer las "consecuencias prácticas" del comunicado, al tiempo que apuntó al EPPK que puede tomar como referencia la denominada "vía Nanclares" de presos arrepentidos.

El lehendakari, que rehusó opinar acerca del silencio del Gobierno central sobre este comunicado, anunció que tras su difusión ha enviado una "comunicación" al presidente, Mariano Rajoy, y que espera reunirse en "próximas fechas" con él.

Recordó que su Ejecutivo ha reclamado "permanentemente" una flexibilización de la política penitenciaria y constató que con la actual, los presos etarras tienen "camino por recorrer" para avanzar en una "política individualizada".

Sobre este comunicado también se pronunció el diputado del PNV Pedro Azpiazu, quien consideró que el Gobierno español tendrá que "fijar necesariamente su posición" y dar una "respuesta" al pronunciamiento de estos reclusos porque reconocer el dolor causado y el marco legal, ha dicho, son "pasos importantes".

Sin embargo, el portavoz adjunto del PP en el Congreso, Rafael Hernando, afirmó que el citado comunicado "para nada modifica" la postura del Gobierno y de su partido, que siguen pensando que "lo único que hay que esperar de la banda terrorista es su disolución".

Desde el PP vasco, Antón Damborenea consideró en esta misma línea que mientras ETA exista será "complicado" que sus presos puedan acogerse a beneficios penitenciarios.

Precisamente UPyD registró el Congreso de los Diputados y en el Parlamento Vasco sendas proposiciones no de ley para pedir al Gobierno que aplique "con todo el rigor" el Código Penal y la Ley General Penitenciaria a la hora de concederles beneficios penitenciarios a los etarras.

Por su parte, el secretario de Organización del PSOE, Óscar López, valoró el comunicado del EPPK, pero matizó que se trata de un paso más en un camino que sólo puede acabar con la disolución de ETA, objetivo para el que pidió la "unidad de los demócratas frente al terrorismo".

El diputado de IU Ricardo Sixto cree que el pronunciamiento de los reclusos etarras supone un paso "importante" y en la "dirección correcta", aunque "no supone el final de nada", sino "un paso más en un proceso que requiere esfuerzos por todas las partes".

También la izquierda abertzale opinó sobre este asunto. Así, el portavoz de Sortu Pernando Barrena afirmó que el "desarme (de ETA) es fundamental para el proceso de paz" y que el deseo de la izquierda abertzale es que la banda "siga aportando en esa dirección" y que el Gobierno haga "lo propio y sea partícipe de una fórmula de desarme sólida".

Desde Amaiur, el diputado Rafa Larreina recibió el comunicado "con una visión positiva y optimista" porque supone "una nueva aportación" en el camino hacia la paz, al tiempo que ha instado al Gobierno a "cumplir su propia legislación penitenciaria".
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