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AYUDAS

La prestación por dependencia, casi diez veces menor según comunidad

  • Hasta 70 normas regulan esta materia, lo que genera inseguridad jurídica entre los beneficiarios

  • COLPISA. MADRID
Actualizada 17/12/2013 a las 06:01
La cuantía mínima que puede recibir un beneficiario de la Ley de Dependencia está sujeta a factores muy arbitrarios. El importe de esta cantidad económica puede ser hasta diez veces menor en función de la comunidad donde se resida. Así se pone de manifiesto en un informe elaborado por la jurista Inés de Araoz para la Confederación Española de Organizaciones en Favor de Personas con Discapacidad Intelectual (FEAPS).

El estudio encargado por la federación subraya la inseguridad jurídica y territorial que para las personas en situación de dependencia supone la existencia de aproximadamente 70 normas jurídicas distintas, tanto autonómicas como estatales.

Desde que se aprobó la Ley de Dependencia en 2006, la cascada de decretos y desarrollos reglamentarios ha sido tan profusa que incluso a un experto se le hace muy difícil desenvolverse en semejante maraña legal. Así las cosas, los familiares muchas veces no saben a qué texto remitirse para saber sus derechos.

Para la FEAPS, es perentorio que se acabe con esta disparidad normativa y que las comunidades refundan en un único texto el ordenamiento jurídico sobre la materia, de modo que se establezcan unos criterios comunes y válidos en todo el territorio nacional.

Bajo el título 'Regulación de la participación económica del beneficiario del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia', el informe denuncia que la ausencia de una normativa obligatoria para todos da lugar a falta de transparencia, inseguridad jurídica y desigualdades inaceptables.

Según la FEAPS, de todo ello resulta la vulneración del derecho a la promoción de la autonomía personal, lo que se acompaña con una tendencia restrictiva en virtud de la cual cada vez se presta menor cobertura a los beneficiarios.

De acuerdo con Inés de Araoz, los recortes de derechos que se están acometiendo contra los dependientes están alejando a los más vulnerables de unas condiciones de vida dignas. La ineptitud política está haciendo que los acuerdos adoptados entre las autonomías y el Gobierno central en los consejos territoriales no resulten vinculantes. De este modo, llegan a coexistir en el país hasta 17 subsistemas de dependencia. Se da el caso incluso de que dentro de una misma comunidad concurren varias normas para regular la capacidad económica de los beneficiarios del sistema.

El documento rechaza que en algunos territorios se estén imponiendo tasas que deben sufragar los beneficiarios para solicitar la revisión de su dependencia.
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