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LEY DE SEGURIDAD CIUDADANA

El ministro del Interior cree que la Ley de Seguridad Ciudadana mejora el derecho de manifestación

  • Este domingo fueron liberados seis de los siete detenidos en la protesta frente al Congreso contra la Ley de Seguridad Ciudadana

Protesta contra la Ley de Seguridad Ciudadana en Madrid el sábado
Protesta contra la Ley de Seguridad Ciudadana en Madrid el sábado
EFE
  • COLPISA. MADRID
Actualizada 16/12/2013 a las 06:01
Seis de los siete detenidos durante los disturbios que siguieron a la concentración en Madrid frente al Congreso del pasado sábado para protestar contra el proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana fueron puestos este domingo en libertad tras declarar ante la Policía. Ahora deberán comparecer ante el juez cuando sean requeridos. El séptimo arrestado estaba previsto que pasara a última hora de este domingo a disposición judicial.

A pesar de que la Coordinadora 25S había insistido durante los días previos del carácter pacífico de la concentración, un grupo de personas levantó barricadas en varias calles aledañas al Congreso y lanzaron piedras y botellas contra la Policía, que respondió con varias cargas. En los altercados se produjeron 23 heridos leves o muy leves, 14 de ellos policías. Además, varios coches patrulla sufrieron importantes desperfectos.

SANCIONAR A LOS VIOLENTOS

El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, defendió este domingo el proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana que, según dijo, mejorará el derecho de manifestación cuando se ejerza de manera libre y pacífica. "La norma -argumentó- garantiza que personas que destrozan mobiliario o queman contenedores sea sancionados como corresponde porque alteran la seguridad ciudadana". El ministro insistió en la necesidad de distinguir entre "manifestantes normales y los que provocan violencia". Fernández lamentó además que se estén haciendo "lecturas erróneas" que no se corresponden en absoluto con la realidad del proyecto de ley, que "no cuestiona para nada derechos fundamentales como el derecho a la información y a la libertad de expresión".

La Ley de Seguridad Ciudadana está en fase de estudio por los órganos consultivos del Estado y da potestad a la administración para imponer multas de entre 100 y 600.000 euros. La norma vigente desde 1992 restringe esta posibilidad a los órganos judiciales.


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