En el sainete que se ha convertido el cierre de la
Radio Televisión Valenciana este jueves se vivió un episodio singular. Tras la dimisión el miércoles de la directora general y los cuatro representantes del
PP en el consejo de administración, los otros cuatro vocales del
PSPV-PSOE, Compromís y Esquerra Unida se hicieron con el control del ente. Un movimiento que cogió desprevenido al Gobierno de Alberto Fabra, que tuvo que improvisar sobre la marcha un
decreto-ley para recuperar el timón de la
radio y la
televisión autonómicas.
El decreto, que se publicó de inmediato en el
Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, establece que el Gobierno autonómico nombrará de forma provisional un nuevo director general y cubrirá las vacantes de los consejeros dimitidos para asegurar "el normal funcionamiento" de
RTVV. Estos nombramientos son competencia de las
Cortes autonómicas, pero ante la inédita situación el
Gobierno de Fabra adoptó una medida "excepcional".
La Generalitat se vio superada por los acontecimientos una vez que los cuatro consejeros de la oposición, en cumplimiento del
Estatuto de la RTVV, reunieron el consejo de administración en las instalaciones del ente autonómico y se hicieron con las riendas de la gestión de las cadenas de radio y televisión. Estos cuatro representantes del
PSPV-PSOE, Compromís y
Esquerra Unida no pueden ser destituidos por el Gobierno ya que fueron nombrados por las Cortes y solo ellas tienen la competencia de destituirles.
Este hecho, junto a la continuidad de la programación autogestionada por los trabajadores y con una audiencia creciente, llevó al
Gobierno del PP a recurrir al decreto-ley a la desesperada.
Las Cortes, en las que el
PP tiene mayoría absoluta, puede revocar los mandatos de los consejeros opositores, pero el trámite parlamentario requiere un tiempo que el
Gobierno no está dispuesto a conceder. El
Ejecutivo, además, está incapacitado para silenciar las cadenas porque firmó un contrato programa con la
RTVV que deja en manos del ente la gestión en todos sus aspectos.
BRONCA
Fabra, entretanto, logró el respaldo por unanimidad de la dirección regional del
PP a su drástica decisión. Un apoyo que tuvo tibios acompañamientos de otros barones territoriales de su partido. El presidente de la
Xunta de Galicia, Alberto Núñez
Feijóo, indicó que si se produjera "una situación similar" en la radio y televisión gallegas "probablemente hubiera hecho lo mismo" que Fabra. La presidenta del PP catalán,
Alicia Sánchez-Camacho, recurrió al argumento empleado por el presidente valenciano de que "la prioridad" está en las políticas sociales y no en tener una televisión autonómica endeudada. Desde el
Gobierno de Mariano Rajoy no se volvieron a repetir mensajes de comprensión como el del ministro de Industria, José
Manuel Soria. Hubo silencio.
No callaron, en cambio, los sindicatos que instaron al Gobierno de Fabra a abrir una negociación "para evitar el cierre" o en caso contrario "habrá conflicto social". Los líderes de
CCOO y UGT en la
Comunidad Valenciana, Paco Molina y Conrado Hernández, advirtieron que si se cierra
RTVV "habrá bronca, y no será sindical, será de los valencianos". También el comité de empresa del ente público instó al Ejecutivo del
PP a abrir una negociación sobre "la viabilidad y dimensión" de la radio y televisión autonómicas. El comité negó asimismo que la readmisión de los despedidos en el
ERE que fue anulado por el
Tribunal Superior de Justicia suponga un desembolso de 40 millones de euros, como argumenta el Gobierno, porque se producirá "el reintegro" de las indemnizaciones percibidas por los trabajadores afectados.
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