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Paro

El Gobierno quiere utilizar a las ETT para recolocar parados

  • El Ministerio de Empleo propone pagar entre 300 y 3.000 euros por persona a la que encuentren trabajo las ETT, hasta 400 por la adscripción y un 15% por sanción

  • COLPISA. MADRID
Actualizada 22/07/2013 a las 06:01
El Ministerio de Empleo ultima el acuerdo marco con las agencias privadas de colocación para la inserción de parados. El último borrador enviado a las comunidades autónomas incluye el pago a las agencias privadas de hasta 3.000 euros por conseguir un contrato de seis meses a un desempleado de larga duración mayor de 45 años, pero también incorpora otros abonos de los que no se había hablado hasta ahora. Según el pliego del acuerdo, que sigue lo que se hace en otros países, las agencias privadas podrán recibir una cantidad fija de la administración por cada persona cuya inserción se le encomiende "con independencia del resultado". Esta cuantía no podrá superar el 50% de lo que cobraría por recolocar a ese parado", con un límite de 400 euros (IVA incluido).

Las tarifas incluidas en el pliego de condiciones por cada parado recolocado varían en función de la edad y del tiempo que lleve en el desempleo. Así, por encontrar trabajo a un joven que lleve menos de seis meses sin encontrarlo, la agencia privada cobraría 300 euros, que se dispararían hasta los 1.100 si hace más de un año que está en paro. Y_si el desempleado tuviera más de 45 años y estuviera más de dos años sin trabajar, el Estado pagaría a la agencia 3.000 euros. Además, se abonará un incentivo de hasta 1.000 euros más "por especial dificultad de inserción o riesgo de exclusión". Se prevé otro incentivo "por el mantenimiento continuado en el empleo" de seis meses más respecto a los seis iniciales, que permitirá a la agencia cobrar hasta el 50% del pago por la inserción, es decir, entre 150 y 1.500 euros más. 

Hay otro punto muy polémico que es el "incentivo por resolución de irregularidades", por el que se pagará hasta el 15% de lo que se hubiera abonado por recolocar al parado. Para ello es necesario que la agencia privada proporcione información -obtenida durante el servicio de inserción- que permita a los servicios públicos de empleo sancionar al desempleado por alguna infracción. 

La ley establece que un parado podrá ser sancionado con la suspensión del pago de la prestación por desempleo entre uno y tres meses si no acude cada mes a renovar su demanda de empleo, también si no se presenta a una citación o a una entrevista de trabajo; y, si es reincidente, se le retirará la prestación. La ley ya obliga a las agencias privadas de colocación a comunicar a los servicios públicos si ocurre alguna de estas incidencias. Lo que el Ministerio de Empleo propone ahora es que cobren por ello hasta 450 euros si hay sanción. 

LAS CC AA PUEDEN BAJARLO 

Las cuantías establecidas en el pliego son precios máximos, de modo que las comunidades autónomas podrían fijar tarifas por debajo de ellas y las agencias privadas hacer ofertas a la baja. La adhesión de cada territorio es voluntaria, pero como esta será la única vía para recibir este dinero del Estado, incluso las que no están nada conformes con las polémicas cláusulas fijadas por el Gobierno central se lo están pensando pues, "al fin y al cabo, es una manera de recibir financiación". El Servicio Público de Empleo estatal (SEPE) ha previsto un importe total de 66 millones de euros para pagar la colaboración privada durante los próximos cuatro años, aunque se podría ampliar. 

En la reunión del Consejo General del Sistema Nacional de Empleo que se celebrará esta semana, a las críticas de varias autonomías se sumarán las de los sindicatos, a los que ni siquiera se les ha enviado el pliego de condiciones. Desde UGT recuerdan que el Gobierno actual prescindió de los 3.000 orientadores y promotores de empleo que trabajan en los servicios públicos para la inserción de parados en el mercado laboral y que el presupuesto de las políticas activas de empleo se ha reducido un 30%, en lo que califican de "puro desmantelamiento" de los servicios públicos de empleo. Por eso, estiman que la participación de otros agentes tiene que estar condicionada al "reforzamiento de los servicios públicos", cuyas plantillas están muy por debajo de las necesidades. 

En todo caso, el sindicato se opone a que se les pague a las agencias privadas por comunicar incidencias que den lugar a una sanción a los perceptores de prestaciones. También la secretaria confederal de Empleo de CCOO, Paloma López, reprueba "cualquier desviación de fondos públicos que se pueda hacer hacia agencias con ánimo de lucro". 

RETORNO EQUIVALENTE

Por su parte, el director de Relaciones Institucionales de Randstad España, Luis Pérez, explica que el modelo de colaboración debe generar, "como mínimo", el mismo retorno para las agencias que sus otros modelos de negocio. Respecto al éxito de la colaboración público-privada, advierte de que "somos más eficientes, pero no somos magos". "La intermediación genera empleo -explica-, pero proporcionalmente al empleo que genera el país". 

Este directivo defiende que los seis meses de inserción no tendrían que ser continuados sino a lo largo de un año o año y medio, dada la difícil situación del mercado. En el último borrador del convenio se exige que se haya mantenido esa relación laboral "u otras de similares o mejores características (sueldo) por un plazo, de al menos, seis meses continuados", permitiendo reducir el pago si son contratos a tiempo parcial.

RIESGOS DE FRAUDE SEGÚN EL SISTEMA DE PAGOS ESCOGIDO

La Comisión Europea recomendó en 1998 transferir algunas de las competencias de los servicios públicos de empleo a operadores privados. En Europa, los Países Bajos, Dinamarca, Francia y Reino Unido y, próximamente, España, tienen sistemas de colaboración público-privada en el ámbito del empleo. En todos los países se antepone la colocación a cualquier otro resultado -ya sea en educación, formación o activación- y, además, con una duración mínima de seis meses normalmente.

Sin embargo, ninguno ha encontrado la fórmula idónea y en cada concurso cambian. Básicamente hay dos modelos:_cuando el pago se vincula a resultados o bien se realiza en función de las personas atendidas y es proporcional a las que se colocan. Este segundo es el más utilizado, con una asignación fija por atención y otra variable por resultado.

En cualquier caso, hay riesgo en todos los modelos. Si el pago por resultado es muy bajo se puede acabar financiando acciones sin resultado, pero si es muy alto se incentiva el 'aparcamiento' de los parados de difícil inserción. Y cuando todo se vincula a resultados y la cuantía es muy elevada, puede ocurrir que los operadores estén tentados a 'subvencionar' contrataciones o permanencias ficticias. En Australia, entre 2004 y 2005, el 27% de los pagos a proveedores se dedicó precisamente a ese fin.
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