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Aluvión de críticas al nuevo modelo de reproducción asistida

  • El Ministerio de Sanidad propone excluir a lesbianas y mujeres solas de estos tratamientos en la red pública
  • Los colectivos afectados califican la medida de "homófoba" e "inconstitucional"

  • colpisa. madrid
Actualizada 20/07/2013 a las 06:01
Las críticas arreciaron con rapidez contra el Ministerio de Sanidad tras conocerse su propuesta de excluir a lesbianas y mujeres solas de los tratamientos públicos de reproducción asistida, es decir, de las técnicas de inseminación artificial o fecundación in vitro. La medida fue calificada este viernes de "homófoba", "machista", "ideológica" o "inconstitucional" por los colectivos afectados mientras el PSOE pidió la comparecencia en el Congreso de la ministra Ana Mato para dar explicaciones. Sin embargo, desde el departamento de Sanidad aseguraron que el objetivo de esta iniciativa es "priorizar" los criterios terapéuticos. Es decir, primar a las personas con problemas diagnosticados de esterilidad.

La polémica medida está contemplada en el texto enviado por el Ejecutivo a las comunidades autónomas para ser debatido y aprobado por el Consejo Territorial de Sanidad que se celebrará el próximo martes. En España el 3% de los nacimientos (15.000 al año) son resultado de técnicas de reproducción asistida, según datos de 2012. La normativa actual contempla estos tratamientos en la cartera de servicios públicos siempre que exista un "diagnóstico de esterilidad o una indicación clínica establecida". Debido a esta ambigüedad, algunas comunidades incluyen en la reproducción asistida pública a lesbianas o mujeres solteras (sin pareja).

Ahora, en la nueva propuesta, el Ministerio deja menos margen a la interpretación al definir la esterilidad como "la ausencia de consecución de embarazo tras 12 meses de relaciones sexuales con coito vaginal sin empleo de métodos anticonceptivos". De esta forma quedan fuera las parejas homosexuales o las mujeres solteras. Además, el texto establece una serie de requisitos nuevos para las parejas que quieran usar estas técnicas: la mujer no puede ser mayor de 40 años -38 en el caso de la inseminación- y el hombre de 50; no pueden tener ningún hijo sano en común. Asimismo, perderán el derecho si alguno de los dos se ha sometido a un tratamiento voluntario de esterilidad.

"Es una clara discriminación por motivos ideológicos para proteger solo un tipo de familia", denunció Isabel Gómez, vocal de Igualdad de la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Bisexuales y Transexuales (FELGTB). En su opinión, la medida es "inconstitucional" y "choca frontalmente con la doctrina del Tribunal Constitucional" en la sentencia que avala el matrimonio homosexual. Por eso, desde la federación están estudiando acudir a los tribunales en caso de ser finalmente aprobada. Igual de crítica se mostró la asociación de consumidores Facua, que calificó de "homófoba y machista" la iniciativa. En su opinión resulta "intolerable" que se aleguen criterios terapéuticos y preventivos para unos criterios que solo pueden cumplir unas familias heterosexuales.

ESCUDARSE EN LA CRISIS

Las reacciones políticas tampoco tardaron en producirse. El secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, tachó de "ideológica" y "retrógrada" la decisión del Ministerio y denunció que el Ejecutivo se escude en la crisis para tomar medidas "que la mayoría de la sociedad no comparte". Por eso el principal partido de la oposición solicitó la comparecencia de la ministra Mato en la diputación permanente del Congreso para explicar los cambios introducidos en el sistema de reproducción asistida.

En cualquier caso, desde el Ministerio rechazaron cualquier motivación "ideológica" y alegaron que las comunidades autónomas podrán seguir atendiendo con este tratamiento a las mujeres solas o lesbianas siempre que tengan presupuesto suficiente para afrontar el coste. Una posibilidad remota teniendo en cuenta las dificultades económicas de las administraciones y la necesidad de cumplir con unos estrictos objetivos de déficit.

Por su parte, la Sociedad Española de Fertilidad, que agrupa a la mayoría de clínicas privadas de reproducción asistida del país, considera que de aprobarse la medida no tendría demasiado impacto en sus servicios. Y es que los colectivos afectados por la nueva medida ya acuden mayoritariamente a la red privada para evitar dilatar el proceso. No en vano la lista de espera para someterse a este tratamiento por la red pública asciende a 399 días frente a la inexistencia de la misma en las clínicas privadas. En España se realizan 54.000 ciclos de reproducción asistida al año, lo que convierten al país en el tercero de Europa, solo por detrás de Francia y Alemania. Los precios del tratamiento varía dependiendo de la técnica. La inseminación supone unos 800-1.000 euros, la fecundación in vitro los 4.500 euros y recepción de un óvulo los 6.000 euros.
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