Activar Notificaciones

×

Su navegador tiene las notificaciones bloqueadas. Para obtener mas informacion sobre como desbloquear las notificaciones pulse sobre el enlace de mas abajo.

Como desbloquear las notificaciones.

SEGURIDAD

El Gobierno envía al Congreso la ley que vigilará a los detectives privados

  • EFE. MADRID
Actualizada 14/06/2013 a las 18:31
El Consejo de Ministros aprobó el proyecto de Ley de Seguridad Privada, que impondrá mayores controles a los detectives privados, prohibirá el espionaje si vulnera la intimidad y potenciará la capacidad de un sector que complementará, colaborará y será subordinado a las fuerzas de seguridad.

La futura ley, que sustituirá a la de 1992 y que la próxima semana entrará en las Cortes, tiene como objetivo regular de forma "integral" la seguridad privada de acuerdo al desarrollo de un sector que agrupa a casi 1.500 empresas, da trabajo a 85.000 personas y factura en torno a 3.500 millones de euros al año.

"No se trata en absoluto de privatizar la seguridad, sino de utilizar el potencial de la seguridad privada bajo el principio irrenunciable de preeminencia de la seguridad que ejercen las fuerzas de seguridad para mejorar", destacó el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz.

El texto define la seguridad privada como complementaria, subordinada, colaboradora de la pública, bajo supervisión y control de esta última, aunque se amplía el campo de acción de sus actividades con la posibilidad de realizar nuevos servicios.

El sector podrá llevar a cabo labores de vigilancia exterior de las cárceles, de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) y de otros edificios e instalaciones de organismos públicos bajo supervisión de las fuerzas de seguridad.

Entre las modificaciones que incorpora el proyecto con respecto al texto inicial y después de estudiar los observaciones de 44 entidades, las empresas de seguridad privada no podrán encargarse de investigaciones, una labor reservada a los detectives y estos tampoco podrán entrometerse en las funciones de los primeros.

De este modo, dijo el ministro, se respetarán las "incompatibilidades" de las empresas privadas con la labor de los detectives, unos 1.500 profesionales que reivindicaban estas exclusivas competencias, como también lo aconsejaron la Agencia Española de Protección de Datos y la Comisión Nacional de la Competencia.

El presidente de la Sociedad Española para el Desarrollo y Difusión de la Investigación Privada (SEDDIP), Eduardo Navasquillo, saludó esta rectificación, ya que no respetar esta incompatibilidad era "muy dañino" para la continuidad de los despachos ya de por sí castigados por la crisis, dijo.

También se refuerza el deber de reserva profesional de los detectives, que solo deberán informar de sus investigaciones a sus clientes o a los órganos policiales y judiciales de forma "limitada" y no con carácter general como inicialmente estaba previsto.

Sobre el incremento de los controles a los detectives, Interior mantiene en su proyecto que las agencias destruyan los sonidos e imágenes grabados durante sus vigilancias un año después de la finalización de su informe, así como la prohibición de utilizar medios materiales o técnicos que atenten contra el derecho al honor y la intimidad personal o familiar.

Del borrador inicial quedó fuera en el proyecto la regulación de los servicios de videovigilancia, cuya utilización tendrá su propia normativa, según ha explicado el ministro.

En cuanto a las competencias del Estado y de las comunidades autónomas con atribuciones en esta materia, el proyecto clarifica la distribución de estas responsabilidades fruto de las modificaciones de los estatutos de autonomía aprobados en los últimos años.

No obstante, seguirá siendo competencia del Estado la inscripción de la apertura de los despachos de detectives.

Otra de las novedades que contempla el texto es la liberalización de la consultoría de seguridad, es decir, no será necesario para el ejercicio de actividades del sector la elaboración de análisis de riesgos sino declaraciones responsables sobre dicho trabajo.

Una vez aprobada la ley, los investigadores privados deberán contar con la titulación de grado en esa especialidad y tendrán que acceder a la profesión mediante una formación reglada propuesta por el Ministerio de Educación, frente al actual sistema que regula ese acceso a través de unas normas que fija el Ministerio de Interior.


volver arriba
Continuar

Hemos detectado que tienes en Diario de Navarra.

Con el fin de fomentar un periodismo de calidad e independiente, por favor o suscríbete para disfrutar SIN PUBLICIDAD de la mejor información, además de todas las ventajas exclusivas por ser suscriptor.

SUSCRÍBETE