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CASO CAMPEÓN

Un juez del Supremo pide procesar a Blanco por tráfico de influencias

  • Sin embargo, el magistrado José Ramón Soriano no ha solicitado el trámite por el delito de prevaricación que también le imputaba el fiscal

José Blanco conversa con el también diputado del PSOE Alfonso Guerra en un pleno del Congreso en febrero pasado.
José Blanco conversa con el también diputado del PSOE Alfonso Guerra en un pleno del Congreso en febrero pasado.
archivo
  • EFE. MADRID
Actualizada 07/06/2013 a las 17:36
El juez que instruye el Caso Campeón en el Supremo ha pedido este viernes al tribunal que tramite el suplicatorio al Congreso para actuar contra el exministro socialista José Blanco por tráfico de influencias, aunque no por el delito de prevaricación que también le imputaba el fiscal.

La decisión será recurrida por el diputado socialista y extitular de Fomento ante la Sala Penal del Tribunal Supremo, que será la que tramite o no la petición del magistrado, aunque la práctica habitual en casos similares indica que se inclinará por la primera de las alternativas.

En todo caso el magistrado ha precisado en un auto dictado este viernes que "la petición de suplicatorio solo precisa de la existencia de simples indicios" que, a su juicio, se dan en la causa.

Tras conocerse la noticia, el secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha asegurado que sigue poniendo la mano en el fuego por Blanco, y al ser preguntado si el exministro debería dimitir, se ha remitido a sus declaraciones anteriores sobre el caso, en las que defendió su permanencia en el Congreso.

El magistrado instructor del caso Campeón, que también ha rechazado este viernes una serie de diligencias de investigación solicitadas por el fiscal, considera que, llegados a este punto de su investigación a José Blanco -que no considera concluida-, es imprescindible solicitar el suplicatorio al Congreso.

Acerca del suplicatorio Soriano ha respondido este viernes tanto al fiscal Manuel Dolz, quien el pasado 12 de marzo le pidió que lo tramitara por los delitos de tráfico de influencias y prevaricación, como a la defensa del diputado, que solicitó el sobreseimiento y archivo del asunto.

Mientras que sobre la inculpación de Blanco por prevaricación el juez le dice a Dolz que no acaba "de detectar el propósito del fiscal", a la argumentación de la defensa contra la instrucción también le dedica duras palabras.

Así, señala al abogado del exministro que, en contra de sus quejas, la Policía no está obligada a informar a los imputados de sus diligencias, porque de ser así la defensa podría "desbaratar" sus pesquisas, como de hecho ha sucedido, dice, con el vaciado "sospechoso" del ordenador "perteneciente a un tercero" que decidió inspeccionar y se encontró vacío.

En cuando al tráfico de influencias, en su escrito el fiscal relataba como hechos atribuidos a Blanco su supuesta mediación en la concesión de una autorización para instalar una nave industrial de Transportes Azkar, propiedad del empresario gallego José Antonio Orozco, amigo del exministro, en unos terrenos próximos al aeropuerto del Prat, en Sant Boi.

En diciembre de 2010 Orozco pidió a Blanco que influyera ante el alcalde de Sant Boi, Jaume Bosch, del PSC, para conseguir la licencia, que "estaba siendo objeto de requerimientos municipales impeditivos", cuyo cumplimiento le habrían supuesto un coste de entre 175.000 y 500.000 euros, señalaba el fiscal.

Según la investigación, la influencia de Blanco para la obtención de la licencia ambiental favorable para la empresa de Orozco se articuló a través del secretario de Transportes del Ministerio de Fomento, Isaías Taboas, miembro del PSC.

Soriano considera en su auto de este viernes que este secretario de Estado actuaba como mandatario de Blanco, y que no se explicaría, si no fuera así, su actuación ante el alcalde, "al que ni siquiera conocía".

Además, valora la presión que la fuerza política del cargo y del partido pudieron ejercer en Bosch.

"Es determinante el cambio de actitud del Ayuntamiento después de las reuniones con el alcalde, provocadas por el aforado. Tales reuniones buscaban una solución política al tema (el alcalde no es técnico en la materia) cuando la razón denegatoria de la licencia tenía su base en el incumplimiento de las condiciones técnicas", señala el auto.
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