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citada a declarar el 27 de abril

La Infanta Cristina, imputada por complicidad en Nóos

La Infanta Cristina a la salida de su casa de Pedralbes.
La Infanta Cristina.
archivo
  • colpisa. madrid
Actualizada 03/04/2013 a las 22:47
La hija menor del Rey imputada en una causa penal. La Infanta Cristina se convirtió este miércoles en el primer miembro de la familia directa de un Rey de España acusado por un juez de cometer un delito. El magistrado José Castro, de oficio y sin petición previa de la Fiscalía, imputó a la duquesa de Palma por ser "cómplice" o "cooperadora necesaria" de los supuestos delitos de su marido, Iñaki Urdangarin, al frente del Instituto Nóos y de la fundación de niños discapacitados. Un relato de hechos que apunta al tráfico de influencias, ya que el instructor considera que hay un cúmulo de indicios de que Cristina de Borbón consintió, cuanto menos, que se usara su nombre para conseguir un "trato generoso" a su esposo por parte de instituciones públicas y privadas. 

Si el recurso de Anticorrupción no lo evita o aplaza, el paseíllo de Cristina de Borbón en el callejón de los juzgados de Palma tendrá lugar el sábado 27 de abril a las 10,00 horas de la mañana. Allí deberá responder a la principal acusación que Castro vierte contra ella en las 18 páginas del auto en el que le imputa "prestar su consentimiento a que su parentesco con el Rey fuera utilizado por su marido y por Diego Torres (.) a sabiendas de que lo era para propiciar un trato generoso por parte de empresas privadas y tan pródigo como generoso por parte de las administraciones públicas".

La tesis principal del instructor es que sin la presencia de la infanta en la Junta Directiva del Instituto Nóos, en la que era vocal aunque no ha quedado demostrado que tuviera actividad, esta organización jamás habría conseguido los millonarios contratos públicos por parte de las administraciones balear y valenciana que terminaron en los bolsillos de Torres y Urdangarin, dinero que luego también "disfrutaba" Cristina de Borbón.


El nombre de la infanta, sostiene el juez, era la llave que abría todas las puertas. "Es más que dudoso que las empresas e instituciones públicas se hubieran aquietado tan pacíficamente a las proposiciones que Urdangarin y Torres les hacían llegar sin contar con el aparente y consensuado refuerzo de la Casa de Su Majestad El Rey, que intencionadamente se hacía desprender del hecho de que en la Junta Directiva de Nóos figuraran los nombres de Cristina de Borbón y Carlos García Revenga (secretario de las infantas) con la expresa mención del tratamiento de la primera y del cargo del segundo".


Para el juez no cabe duda de que ambos "conocían" y dieron su "consentimiento" a que Urdangarin usara su imagen, a pesar de que ninguno de los dos hacía nada en el Instituto Nóos. Castro insiste en que no fueron designados para esos cargos en la institución por sus "capacidades" sino porque sus nombres servían para "aparentar" ante empresas y administraciones que "todas las operaciones que Nóos abordaba eran conocidas y gozaban del respaldo de la Casa de Su Majestad el Rey".

Cúmulo de indicios


La principal acusación de Castro pivota sobre ese consentimiento, pero reconoce que sólo con ese indicio no habría imputado a la hija del Rey. La citación, asegura, es fruto de la acumulación de pruebas en los últimos 13 meses que le han hecho cambiar de opinión respecto a su decisión de marzo de 2012 de rechazar la petición de imputación que hizo el sindicato Manos Limpias.

Su papel de vocal en Noos o el hecho de ser copropietaria de la inmobiliaria Aizoon, que sirvió para desviar un millón de euros de dinero público, "carecían por sí solos" de fuerza suficiente para la imputación. Pero ahora la situación es diferente y Castro asegura tener otros 14 indicios que "aisladamente considerados carecen de peso suficiente para sustentar una imputación", pero que todos juntos hacen inevitable la acusación formal, al margen de que no se haya podido demostrar que la duquesa de Palma "interviniera de manera activa y decidida en la gestión cotidiana de Nóos o Aizoon".

El instructor considera increíble que ni García Revenga, que según consta acreditado en el sumario estaba al tanto de los negocios de Urdangarin, ni el asesor del Rey, José Manuel Romero, informaran a la infanta de las irregularidades que se urdían en Nóos.


"Difícilmente puede estructurarse que Urdangarin actuara a espaldas a su esposa" en las negociaciones para el Forum Illes Balears o el Valencia Summits, cuando estos encuentros tuvieron lugar en el Palacio de Marivent o en la Zarzuela, recuerda también el instructor que desgrana otros "indicios" como que la hija del monarca cargaba gastos personales a Aizoon o que compartía las cuentas en las que su marido ingresaba el dinero de dudosa procedencia.


Pero sobre todo, y el juez no lo oculta, en la decisión de dar el paso de la imputación han pesado las decenas de correos que Torres ha aportado a la causa desde hace un año y que han apuntalado la idea de que la Casa Real estaba al tanto de los negocios de Urdangarin. Dos de esas remesas tuvieron como diana a la infanta. En la primera, los mails hablaban de las supuestas gestiones de Cristina de Borbón para conseguir patrocinio en 2007 a fin de que la Fundación Cultura Deporte e Integración Social, la institución que sustituyó a Noos, pudiera poner en marcha el sindicato 'Ayre', un segundo barco español en la Copa América.


Pero la gota que ha colmado el vaso ha sido la última tanda de correos aportada por Torres la pasada semana. Mensajes remitidos por Urdangarin a su esposa en los que le informa de cuestiones del día a día del nacimiento del Instituto Nóos. Según el juez, la información precisa que se da en esos textos hace suponer que la infanta ya estaba al tanto de otras cuestiones importantes del instituto.

"Igual para todos"



Ante esta suma de pruebas, el juez cree indispensable contar el testimonio de la infanta y evitar que la "incógnita" sobre su papel en esta trama se "perpetúe". No citar a la hija de don Juan Carlos, argumenta, "sería un cierre en falso (de la investigación) en descrédito de la máxima de que la justicia es igual para todos y una clara contradicción a la práctica cotidiana de los juzgados y los tribunales que en casos similares es muy escasamente probable que prescindieran del trámite (del interrogatorio)".



El instructor la cita como imputada y no como testigo porque como testigo tendría obligación de decir verdad y podría incriminarse, y porque al ser miembro de la Familia Real tendría derecho, según la Ley de Enjuiciamiento Criminal, a declarar por escrito, lo que, según el juez, "limitaría" ese trámite al "impedir plantear preguntas al socaire de sus respuestas".


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