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EL Supremo obliga a la AN a instruir una estafa de células madre

  • efe. madrid
Actualizada 04/04/2013 a las 06:00
El Supremo ha obligado al Juzgado Central número 6 de la Audiencia Nacional, del que es titular Eloy Velasco, a instruir una estafa de células madre cuyos presuntos autores hacían creer falsamente que conservarían muestras extraídas de la sangre del cordón umbilical en laboratorios fuera de España. 

La trama, en la que fueron imputadas tres personas, fue desmantelada a finales de marzo del año pasado en Alicante en la operación "Cigoto", llevada a cabo por la Guardia Civil a raíz de que se formularan 400 denuncias por estos hechos en diferentes puntos de España (Albacete, Murcia, Alicante, Valencia, Madrid, Vizcaya, Salamanca y Granada).

Las primeras diligencias fueron incoadas por el Juzgado de Instrucción número 3 de Alicante, pero, a la vista del gran número de afectados, de que el principal imputado había reconocido haber hecho más de 600 extracciones, que las Audiencias Provinciales en las que se presentaron denuncia eran ocho y que la estafa podía ser "muy superior" a 750.000 euros, decidió inhibirse en favor de la Audiencia Nacional.

El asunto recayó en el juzgado de Velasco, pero éste rechazó la competencia porque "aunque los hechos son numerosos cada uno es sencillo, no son tantas las personas implicadas o perjudicadas, y las conexiones internacionales también son simples".

Se planteó así una cuestión de competencia negativa (cuando ningún juzgado reclama para si un caso), que ahora dirime la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo otorgando a Velasco la instrucción de esta causa.

Según el artículo 65.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, la Audiencia Nacional es competente en materia de defraudaciones cuando produzcan grave repercusión en la economía nacional o perjuicio patrimonial en una generalidad de personas en el territorio de más de una Audiencia Provincial.

Para el alto tribunal es suficiente con que se cumpla una de estas premisas y, en este caso, "resulta afectada una generalidad de personas (hay más de 400 denuncias, y se reconoce haber realizado más de 600 extracciones) y afecta al territorio de varias Audiencias Provinciales (al menos 8)".

Al plantear la cuestión de competencia, Velasco cuestionó "la trascendencia económica" y a este respecto, el Supremo observa que al número de denunciantes "se suma la existencia de conexiones extranjeras que afecta a varios países, lo que determina la complejidad en la investigación que resultará más abordable por una jurisdicción especializada con competencia nacional".

Los tres supuestos estafadores son un responsable de una empresa, su esposa y otra mujer que actuaba en connivencia con éstos, los cuales fueron arrestados por los presuntos delitos de estafa continuada y falsedad documental.

El primero de ellos ingresó en prisión tras prestar declaración judicial y las dos mujeres quedaron en libertad con cargos.

El presunto cabecilla creó dos empresas, dos páginas web -que le permitieron expandir la presunta estafa por más zonas de España- e, incluso, impartió charlas de preparación al parto para captar más clientes.

Algunas de las muestras fueron efectivamente remitidas a laboratorios fuera de España y así fueron localizadas 350 muestras en perfectas condiciones en Alemania, Inglaterra, Suiza, Portugal o EE UU.

Sin embargo, esos laboratorios no recibieron el pago correspondiente, el cual varía entre los 700 u 800 euros por el almacenaje, y por los que el presunto cabecilla habría cobrado a las familias entre 1.800 0 2.500 euros para trasladarlos hasta allí.

A partir de esos precios, los investigadores calculan que la presunta estafa podría alcanzar el millón y medio de euros y las pesquisas se centraron entonces en averiguar el destino de las muestras que no fueron localizadas.


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