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ADMINISTRACIÓN

Los gobiernos de las islas cumplen cien años pidiendo competencias

  • EFE. Santa Cruz de Tenerife
Actualizada 16/03/2013 a las 15:45
Los cabildos son una peculiaridad administrativa de Canarias que este año celebran el centenario de su constitución, en un momento en el que desde estos gobiernos insulares se reclaman más competencias y mejor financiación para atender a las siete realidades insulares del Archipiélago.

Si bien una ley aprobada el 11 de julio de 1912 es el punto de constitución de los cabildos, su puesta en marcha no se produjo hasta el año siguiente, aunque sus antecedentes se remontan hasta el siglo XV en Lanzarote, isla que en esas fechas tenía un consejo municipal y un cabildo.

Con motivo de este centenario hoy se celebran plenos en los cabildos de La Palma, Tenerife y Gran Canaria.

En el que tendrá lugar en Gran Canaria el presidente del Congreso, Jesús Posadas, recogerá el título de Hijo Adoptivo que la corporación insular ha concedido, a título póstumo, a José Canalejas (1854-1912), que presidía el Gobierno español cuando se aprobó la ley de cabildos.

Los cabildos son muy diferentes a las diputaciones de la Península Ibérica, si bien ambas administraciones tienen competencias como órgano de gobierno, administración y representación supramunicipal.

Pero los cabildos también ejercen competencias en materias como servicios forestales, protección del medio ambiente, gestión y conservación de espacios naturales protegidos, así como en carreteras, salvo las que se declaren de interés regional.

Son competencias transferidas desde la Comunidad Autónoma, lo que quiere decir que las corporaciones insulares las ejercen en régimen de autonomía, aunque la ordenación básica externa, legislativa y reglamentaria la mantiene el Gobierno regional.

Los cabildos reclaman financiación estable para las competencias, y por ello han anunciado que plantearán un recurso al presupuesto autonómico, como paso previo a que por ley se definan los recursos asignados a las competencias transferidas.

Además, los cabildos tienen iniciativa legislativa y aunque son gobiernos insulares no funcionan como tales, y el que lo hagan es una de las reclamaciones que se hacen para así gestionar de manera más fácil las competencias transferidas por la Comunidad Autónoma.

El hecho de que la Presidencia de cada cabildo la ostente el número uno de la lista más votada en las elecciones es otra peculiaridad de los cabildos, que pueden llegar a presupuestos cercanos a los 700 millones de euros, como es el caso del de Tenerife.

La elección de los consejeros de los cabildos es directa, y, de ese modo, se diferencia de las diputaciones, cuyos miembros dependen de los resultados electorales de los ayuntamientos.

Todos los partidos están de acuerdo en que es preciso reforzar la presencia de los cabildos en un momento en el que se habla de reformar la administración local, y quienes están al frente de estas corporaciones reclaman una financiación estable.

Así, el Gobierno de Canarias, que está formado por Coalición Canaria y PSC-PSOE, ha anunciado que propondrá una reforma de la administración local que aumente las competencias de los cabildos, y desde el PP su secretario general, Asier Antona, ha dicho que la singularidad de estas instituciones será reconocida en la modificación administrativa que elabora el Ejecutivo español.

La singularidad de los cabildos ha sido reconocida por el Senado, que en mayo del pasado año celebró el centenario de la ley por la que fueron creados, y así el presidente de la Cámara Alta, Pío García Escudero dijo que son un logro de descentralización iniciada en 1979.

La Presidencia de los cabildos la ostentan en estos momentos Pedro San Ginéz (CC) en Lanzarote; Mario Cabrera (CC) en Fuerteventura; José Miguel Bravo de Laguna (PP) en Gran Canaria; Ricardo Melchior (CC) en Tenerife; Guadalupe González (CC) en La Palma; Casimiro Curbelo (PSC-PSOE) en La Gomera, y Alpidio Armas (PSC-PSOE) en El Hierro.


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