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El Tribunal de Cuentas aboga por dejar a los partidos fuera de la ley de transparencia
- colpisa. madrid
El proyecto de ley de Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno "es muy positiva", aunque el texto con el que trabaja el Congreso de cara a su aprobación el próximo verano necesita una serie de retoques. Esta es la opinión que expresó hoy el presidente del Tribunal de Cuentas, Ramón Álvarez de Miranda, ante la comisión Constitucional del Congreso. Entre estas modificaciones no incluiría, sin embargo, el acceso a la información de los partidos ya que, justificó, la ley está pensada y dirigida a las administraciones públicas y no a las empresas privadas, aún en el caso de que estas reciban subvenciones públicas.
Álvarez de Miranda, quien durante su intervención se vio obligado a defender en varias ocasiones la independencia del órgano que dirige ante las críticas de los grupos minoritarios, sí abogó por aplicar el espíritu de la transparencia a los partidos, sindicatos u ONG aunque insistió en que este control debe venir por la reforma de las propias leyes que regulan sus actividades.
Una de las principales críticas que hizo al proyecto fue la del excesivo número de límites que propone para el acceso a la información. La actual redacción de la norma propone hasta doce supuestos en los que este derecho puede ser denegado. Entre estos se encuentran la seguridad nacional, los intereses económicos y comerciales o la protección del medio ambiente. Álvarez de Miranda tildó como demasiado vagos estos enunciados, algo que en su opinión podría servir como escudo de las administraciones a la hora de entregar los datos que se soliciten sobre ellas.
INSUFICIENTE
La valoración los expertos que comparecieron ante la comisión tras Álvarez de Miranda distó de las alabanzas vertidas minutos antes por el presidente del Tribunal de Cuentas. Según valoraron uno tras otro, el texto se queda corto en muchos aspectos de control, tanto político como de las administraciones. Emilio Guichot, profesor titular de Derecho Administrativo de la Universidad de Sevilla, pidió que se eleve el acceso a la información al rango de derecho fundamental, una opinión en la que coincidió con Manuel Sánchez de Diego, profesor titular de Derecho de la Información de la Universidad Complutense de Madrid. Este último exigió una "profunda transformación" del proyecto de ley para que afecte a todos los ámbitos de la sociedad, sobre todo a los partidos. Ambos se sumaron además a la solicitud de IU y ERC para que la norma no excluya a las cuentas de la Casa del Rey.
Quien más escéptico se mostró con la redacción de la norma fue Tomás Ramón Fernández Rodríguez, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Complutense de Madrid. Aunque insistió durante su comparecencia en que no es un experto en la materia, e incluso confesó no saber por qué había sido convocado por la comisión, abogó por que "todo el que maneje dinero público tenga que dar cuenta de eso, directa o indirectamente". Y más en particular emplazó a las formaciones políticas a "predicar con el ejemplo". "Con la que está cayendo, partidos y sindicatos deben estar en la ley de transparencia", destacó.
En lo que no coincidió con los otros especialistas fue en la necesidad de elevar el acceso de información a derecho fundamental. "Estoy hasta el pelo y más arriba de derechos cuando nadie hace lo que tiene que hacer", concluyó.
