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MENORES

El Consejo Europeo pide a Francia que prohíba los azotes a los niños

  • El organismo condena al país galo por no incluir en su legislación la prohibición explícita del castigo corporal a los niños

  • COLPISA. MADRID
Actualizada 05/03/2015 a las 06:00
En algunos casos, volaron borradores desde las pizarras hacia los alumnos; en otros momentos, el alumno salía de la fila de pupitres para juntar las yemas de los dedos y esperar el reglazo como castigo por su mal comportamiento. Poco a poco los castigos corporales desaparecieron de las aulas, como está pasando con los azotes a los niños más pequeños. La presión social, la pedagogía y las leyes están acabando con esta práctica en muchos países. El primero fue Suecia en 1979; el último que tendrá que modificar su orden jurídico será Francia. El Consejo de Europa ha condenado al país galo por tener unas leyes confusas y no prohibir con claridad y contundencia el castigo físico. España lo condena explícitamente desde 2007, al igual que otros 43 países en el mundo.

La condena a Francia, que no ha sentado muy bien en su Gobierno, surgió por una denuncia de la ONG británica Approach, consagrada a la protección de los niños. El Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS) del Consejo aceptó todos los argumentos de la organización, ya que el derecho galo "no prevé la prohibición suficientemente clara, vinculante y precisa". Además, aclara que aunque los castigos graves están prohibidos, la "incertidumbre subsiste respecto a la existencia de un 'derecho a la corrección' reconocido por la justicia", a pesar de que el Gobierno francés defendió que la legislación ya protege suficientemente a los menores. Postura que volvió a defender este miércoles.

"Para los padres que maltratan hay un código penal. A los que se dejaron ir en un momento al castigo corporal, hay que ayudarlos a actuar de otra manera y no descalificarlos", explicó la secretaria de Estado de la Familia, Laurence Rossignol, quien aseguró que no se va a realizar una ley ex profeso para no "cortar el país en dos campos, los que están a favor y los que están contra". No obstante, deberán tomar alguna decisión porque el dictamen del Consejo de Europa es vinculante. Si este organismo dio tres avisos a los franceses, la ONU solicitó a España en dos ocasiones (1994 y 2002) que cambiara su legislación para adecuarla a la Convención de los Derechos del Niño de Naciones Unidas, a la que se adhirió en 1990.

El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero aprovechó la modificación de la Ley de Adopción Internacional para modificar levemente el artículo 154 del Código Civil.

BOFETADAS

Este pasó de contemplar que los padres "podrán también corregir a los menores razonable y moderadamente" a decir que "los tutores ejercerán su cargo de acuerdo con la personalidad de sus pupilos, respetando su integridad física y psicológica". La última reforma, incorporada en la ley de la infancia, es mucho más clara: "Los hijos no emancipados están bajo la patria potestad de los progenitores. La patria potestad, como responsabilidad parental, se ejercerá siempre en interés de los hijos, de acuerdo con su personalidad, y con respeto a sus derechos, su integridad física y mental".

Estas reformas legislativas, que prohíben los castigos físicos a los menores sin matices, no tuvieron una recepción unánime. "Se suprimió el derecho de corrección", argumenta Emilio Calatayud, juez de Menores en Granada y conocido por sus sentencias originales. Y con este, asegura, los padres han perdido su autoridad sobre los niños a su cargo. "Yo no igualo corrección con maltrato, pero los padres tienen que poder ejercer su autoridad porque son responsables de los actos de sus hijos", dice. Hace tres años, él y un grupo de más de cuarenta jueces de menores reclamaron que el Código Civil volviese a la redacción anterior. "Pero ni Zapatero ni Rajoy lo han cambiado", aclara.

"¿Cómo se educa a un hijo si no se le puede corregir?", pregunta Calatayud. La respuesta no es obvia en algunas situaciones límite como las que pasan por su juzgado. Hijos castigados sin salir que llaman a la policía para denunciar que los están reteniendo contra su voluntad, pone de ejemplo, o que, directamente, agreden a sus padres. "La violencia de hijos a padres está subiendo como la espuma. Ya debe representar cerca de un 20% del total de casos", recalca. Javier Urra, psicólogo y antiguo defensor del Menor de la Comunidad de Madrid, asegura que este fenómeno se ha duplicado en los últimos siete años. Sin embargo, él no lo atribuye al cambio de legislación. Es, dice, una cuestión de educación.

"Educar supone poner límites, normas y sanciones", aclara Urra, que protesta por determinadas posturas "fundamentalistas". La educación de los niños, afirma, es lo suficientemente complicada como para recoger toda clase de matices y sutilezas. "Una bofetada muchas veces no es maltrato, pero tampoco es una forma de sanción que deba ser habitual", asegura. Y eso, dice, es lo que recoge el espíritu de la reforma legislativa. Que nadie crea "que una bofetada está bien".

"No creo que los padres tengan que tener miedo a sus hijos", asegura Urra. "Los jueces y los fiscales son razonables". Defiende que el contexto, la situación y la sanción han de determinar las consecuencias de cada caso. "No es fácil que mi hijo me rete o cuestione mi autoridad si lo he educado bien", asegura. La autoridad no ha de venir de la fuerza,. "Es una cuestión afectiva", dice.
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