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VIVIENDA

Los desahucios alcanzan un nuevo récord

  •  Las comunidades más afectadas son Murcia y Extremadura

  • EUROPA PRESS. MADRID
Actualizada 07/10/2011 a las 21:16
La estela de la burbuja inmobiliaria continúa especialmente visible en los desahucios. Con la crisis económica y de empleo, a los ciudadanos cada vez les cuesta más hacer frente a las hipotecas a las que se comprometieron cuando había 'vacas gordas'. De ahí que los desalojos que tramitan los juzgados españoles alcanzaran un nuevo récord en el segundo trimestre del año. Las 16.464 ejecuciones suponen un incremento del 21,2 por ciento en comparación con el mismo lapso de 2010. Las comunidades autónomas más afectadas fueron Murcia y Extremadura. De hecho, la primera sufrió una llamativa subida del 640 por ciento.

Con 16.464 desahucios, el tercer trimestre de 2011 alcanzó un nuevo récord. La cifra es un 21,2 por ciento superior a la que se registró en el mismo periodo de 2010, según los datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Los juzgados recibieron 15.546 solicitudes de embargo, un 36,8 por ciento más que de mayo a junio del año pasado. Muchas de ellas están pendientes de ejecución, lo que hace prever que, a finales de año, las cifras seguirán batiendo marcas.

Las comunidades autónomas más afectadas fueron Murcia y Extremadura. Con 259 embargos, la mediterránea sufrió un incremento de un 640 por ciento con respecto al mismo periodo de 2010. Habría que remontarse al tercer trimestre de 2009 para encontrar un aumento tan abultado en la Región. Entonces, los desahucios llegaron a crecer un 1.300 por ciento.

La Autonomía extremeña se emplazó en el segundo puesto del ranking, aunque sus cifras distan mucho de las murcianas. Los juzgados de la Comunidad ejecutaron 117 desahucios, un 60,3 por ciento más que los 73 que se llevaron a cabo de mayo a junio de 2010. Por provincias, entre abril y junio de 2011 Madrid se situó a la cabeza de los embargos con un total de 2.688, seguida de Valencia con un total de 2.171, Barcelona con 1.643 y Alicante con 1.137.

En lo que va de año, se han producido ya 32.010 embargos de viviendas, casi todos los que los jueces dictaron en todo 2009. Éste finalizó con un total de 33.918 procesos, un 33 por ciento menos que el récord de 47.809 registrado en 2010.

LOS INDIGNADOS APLAZAN DOS EMBARGOS

La PAH y el 15M consiguieron aplazar un mes dos desahucios previstos para este viernes en Madrid. Las familias aceptadas aprovecharán ese tiempo para buscar una salida social al caso. Uno iba a tener lugar en Parla, donde una treintena de manifestantes paralizó el desalojo de Abdul Rahim Diallo, un trabajador de la construcción sin empleo que vive en el número 17 de la calle Jericó junto a su mujer y tres hijos menores de edad.

Este hombre, originario de Guinea Conakri, lleva dos años sin poder pagar la hipoteca de su vivienda debido a su precaria situación económica. Cuando se quedó sin empleo, en 2008, trató de negociar con la entidad prestamista la dación en pago de su casa, pero el banco se ha negado a negociar, según señalaron los 'indignados'.

El propietario de la casa aseguró que debe pagar una hipoteca de más de mil euros al mes y que ahora sólo cobra 287 euros. "Con esto no puedo salir adelante. Fui al Ayuntamiento para ver si podían ayudarme a conseguir un piso. Me mandaron a Servicios Sociales y me dijeron que esperara, que de momento no tenían nada. Entonces tengo que quedarme en casa porque no tengo dónde ir", afirmó.

En Torrejón, fueron 50 las personas que se concentrado a las puertas de la otra casa pendiente de desalojo. Como en el caso anterior, los manifestantes negociaron con la comisión judicial, que en esta ocasión no iba acompañada por la Policía. Este embargo afecta a Consuelo Lozano, que vive en el barrio San José. De origen ecuatoriano y con tres hijos, Consuelo y su marido compraron un piso por 227.659 euros.

"Yo no quería comprar, pero la inmobiliaria nos lo puso todo muy bonito: que si no era un gasto, que adquirir una casa era una buena inversión... En cinco días lo prepararon todo y nos dieron el crédito aunque sólo presentamos cuatro facturas de mi marido, que era autónomo y trabajaba en el sector de la construcción como albañil, y el aval de mi hermano y mi cuñada", afirmó la afectada.

Apenas un año después, Jaime, su marido, se quedó sin trabajo y la pareja dejó de pagar la letra del piso, ya que sus ingresos se restringían a los 370 euros que cobraba Consuelo por trabajar tres horas al día en una empresa de limpieza. "Trataron, siempre en vano, de negociar con el banco un nuevo plan de pagos. Al principio, la letra era de 800 euros pero pronto se elevó hasta los 1.200 euros, un monto inasumible para un hogar que dependía del trabajo precario de Consuelo", sostuvieron los manifestantes.

Así, la pareja afectada ofreció al banco pagar 600 euros al mes hasta que la situación mejorase, oferta que la entidad rechazó, al igual que hizo con la solicitud de dación en pago. Finalmente, en una subasta que quedó desierta, el banco adquirió la vivienda por 115.000 euros, la misma cantidad que la familia sigue debiendo, más unos 68.000 euros en concepto de intereses de demora y costas judiciales.



Por eso, según explicaron la PAH y la asamblea de 15M de Torrejón, Consuelo envió a Ecuador a sus dos hijos varones, de 15 y 13 años, y, hace unas semanas, su marido se llevó a su hija, de 9 años, al mismo lugar. Estas situaciones se repiten en todos los puntos de la geografía española. Por ejemplo, en la localidad cordobesa de Palma del Río, una familia pidió ayuda este viernes para no verse "en la calle".

Según explicó Juan Sánchez, el padre, la familia debe "4.000 euros" por el impago de varias mensualidades que no pueden cubrir porque tres de los cuatro miembros de la familia (uno de ellos tiene 13 años) están en el paro. El ciudadano sostuvo que ha acudido en numerosas ocasiones al Ayuntamiento y que éste no le ha ofrecido ninguna solución.

José Antonio Ruiz Almenara, alcalde del municipio, puntualizó que este desahucio se produce después de "más de 11 años de impago". La vivienda fue adjudicada a finales de 1997 y "tan sólo han abonado 14 mensualidades". Además, la familia no ha pagado, entre otras cosas, ni el agua, ni el alcantarillado ni el recibo de recogida de residuos sólidos "en más de una década".
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