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El Gobierno recorta 654 millones a los ministerios para afrontar gastos extras

  • La vicepresidenta afirma que no habrá que tomar medidas adicionales por la cancelación de la venta de Loterías

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La vicepresidenta, Elena Salgado, ayer tras el Consejo de Ministros. AFP
  • CÉSAR CALVAR . COLPISA. MADRID
Actualizada 15/10/2011 a las 01:02

El ciclo político toca a su fin, pero el Gobierno saliente dejó claro ayer que en el mes que falta para las elecciones del 20-N piensa echar el resto para asegurar el cumplimiento del objetivo de reducir el déficit al 6% este año. La vicepresidenta económica, Elena Salgado, explicó que esa es una prioridad "irrenunciable" tras anunciar que el Consejo de Ministros acordó otro recorte en la capacidad de gasto de los ministerios para compensar desviaciones imprevistas en partidas "ineludibles" vinculadas a las ayudas a los parados, sanidad, educación, vivienda y defensa.

Este estrechamiento en el margen de gasto que les queda a los ministerios se sustanció en la aprobación de una declaración de no disponibilidad de crédito por importe de 654 millones, equivalente a créditos adicionales otorgados con impacto sobre el déficit.

Cumplir el objetivo ha dejado de ser una mera necesidad macroeconómica y se ha convertido también en una cuestión de orgullo y de prestigio para el país ante sus acreedores y ante los mercados internacionales.

El Gobierno no dio demasiados detalles de dónde piensa economizar esos 654 millones. Salgado tan sólo avanzó que los recortes se notarán "en todos los ministerios de manera proporcional" al volumen de sus recursos. Los ministerios con mayor volumen de recursos son Trabajo e Inmigración, Interior, Defensa y Fomento. Los mismos (salvo Interior) que percibirán los créditos extraordinarios aprobados. Eso supone, a grandes rasgos, que el Ejecutivo les quita de un lado el dinero que les asigna por otro.

Los créditos extraordinarios suman 4.221 millones de euros, pero sólo 654 millones tienen repercusión sobre el déficit de 2011. De ellos, una de las partidas principales son 162,14 millones que irán al Servicio Público de Empleo Estatal para atender los compromisos derivados del pago de la Renta Activa de Inserción, la prestación destinada a desempleados de larga duración mayores de 45 años y a otros colectivos con especiales necesidades. Esto obedece al incremento del número de perceptores, que este año se disparó desde las 131.000 previstos hasta 180.000.

Prestaciones de desempleo

Otros 260 millones se destinarán a transferencias a las comunidades autónomas para el pago de gastos derivados de la atención a las personas dependientes. Asimismo, otros 124,10 millones son para el Ministerio de Fomento para el abono de ayudas en concepto de renta básica de emancipación e intereses de préstamos de los planes estatales de vivienda. Además, 86,35 millones de gasto extra se debe a la participación militar en Libia.

La parte restante del importe total autorizado, 3.567 millones, y que completa el total de 4.221 millones autorizados, se destinará al servicio público de empleo para compensar pagos correspondientes a 2010 por los mayores gastos en prestaciones de desempleo.

Elena Salgado se esforzó por dejar claro que estas últimas compensaciones no tendrán incidencia alguna sobre el déficit de 2011, ya que se trata de pagos que fueron contabilizados el año anterior. Por si acaso, y para que la cuenta salga redonda, la vicepresidenta desveló que el Ejecutivo contará este año con un margen adicional de 4.000 millones de euros (unas cuatro décimas de PIB) para cumplir con sus objetivos.

La vicepresidenta recordó que la subasta del espectro radioeléctrico entre las operadoras de telefonía ha supuesto ingresos en caja de 1.800 millones, y que habrá otra subasta por valor de unos 200 millones en noviembre.

Además, el pago por intereses de deuda de la Administración General del Estado será "al menos 2.000 millones menos de lo presupuestado", circunstancias ambas por las que el Estado cuenta con una situación "mejor" de lo que calculaba.

Salgado indicó asimismo que no se tomarán medidas para paliar la falta de ingresos por la venta de AENA y Loterías del Estado, ya que considera que hay un "colchón suficiente" para absorber esa carencia.

Descubren en Álava gas natural para abastecer a España durante 5 años

Las prospecciones realizadas en una zona de la llanada alavesa han detectado la presencia de gas no convencional en una cantidad que supondría el equivalente al consumo de cinco años de toda España o 60 veces el consumo anual del País Vasco.

Así lo anunciaron el lehendakari, Patxi López, y el consejero vasco de Industria, Bernabé Unda, durante su visita ayer en Dallas (EE UU) a un campo de extracción de gas natural de la compañía Heyco.

"Hemos hechos exploraciones en Gran Enara, catorce exploraciones de las que trece nos dicen que hay gas no convencional que se estima que lo que puede haber allí son unos 185.000 millones de metros cúbicos, que sería lo que consumiría Euskadi en 60 años", afirmó López, que se encuentra de viaje oficial en EE UU.

Unda también precisó que la cantidad de la que se está hablando es el "equivalente al consumo de cinco años de toda España".

Por ello, el Gobierno Vasco anunció que se van a invertir cien millones de euros en dos nuevas prospecciones para confirmar definitivamente este hallazgo.

La zona del proyecto Gran Enara (donde se ha localizado el gas) tiene una superficie prospectiva de unos 1.400 Km2 y está cubierta por cuatro permisos administrativos otorgados al consorcio formado por el Ente Vasco de la Energía (con un 42,82%) y las empresas norteamericanas Heyco Energy España (21,88%) y Cambria Europe (35,30%).

El gas natural representa el 42% de la demanda energética vasca y según las previsiones del Gobierno Vasco, en la próxima década, el gas natural va a seguir siendo el principal combustible del mix energético.

El gas no convencional se encuentra en la roca madre y hasta ahora su extracción no resultaba rentable. Sin embargo, debido al aumento de la cotización del hidrocarburo, numerosas compañías en el mundo se han lanzado a localizar y explotar yacimientos. La técnica que se utiliza consiste en inyectar agua y arena a presión para romper las rocas que contienen el gas natural en su interior.

S&P rebaja la nota de la deuda española

La agencia Standard & Poor"s (S&P) ha rebajado la nota de la deuda española, después de que la semana pasada lo hiciera Fitch. La agencia sitúa la calificación crediticia a largo plazo de España en AA-, desde AA, y amenaza con nuevas rebajas al dejarla en perspectiva negativa. S&P alerta del "alto desempleo, el elevado nivel de deuda del sector privado y la desaceleración económica en los mayores socios comerciales de España".

La decisión no gustó a Elena Salgado, que afirmó que las agencias "debieran dejarse influir menos por las condiciones del entorno". "Hay que mirar adelante y desear que esas condiciones financieras de la zona euro mejoren con las decisiones del Consejo Europeo del día 23", explicó Salgado.

S&P considera que el sistema bancario español podría seguir viéndose debilitado por "activos problemáticos". La reforma laboral, a su vez, es "incompleta", y también podría contribuir a agravar el problema del desempleo. Esos factores podrían pesar en la recuperación.

La noticia no tuvo demasiada repercusión en los mercados porque a los analistas no les supuso ninguna sorpresa. Los inversores ya habían descontado la degradación que las agencias de calificación de riesgos han aplicado sobre la deuda a largo plazo de España.

PRESUPUESTOS

Retoques para mantener el límite de déficit del 6%. En los últimos meses, el Estado ha tenido que afrontar gastos no presupuestados, como el mayor número de peticiones de renta de inserción o la misión militar en Libia. Por este motivo, el Ejecutivo recortará de otras partidas.

Pagos pendientes del Presupuesto de 2010. El Gobierno tiene que compensar este año 3.567 millones de desviación de gasto de 2010, principalmente por el mayor gasto en prestaciones de desempleo. No obstante, este dinero ya estaba computado como déficit público.

El colchón de 4.000 millones. Hace unos meses, el Gobierno sacó a subasta el espectro radioeléctrico que quedó libre tras el "apagón digital". Las operadoras se han repartido las frecuencias por un importe de 2.000 millones. Otros 2.000 millones proceden del menor pago de intereses por las emisiones de deuda.



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