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TRAS EL CONSEJO DE MINISTROS

El Gobierno acelera la reducción de órganos para recortar el déficit

  • La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Saénz de Santamaría, aseguró que se acometerán todas las reformas que sean necesarias para lograr el objetivo de déficit público previsto para 2012, ya que esa meta no ha cambiado

Soraya Sáenz de Santamaría
Soraya Sáenz de Santamaría
EFE
  • EFE.MADRID
Actualizada 20/01/2012 a las 20:02
El Gobierno ha encomendado a un grupo de trabajo interministerial una reforma en breve plazo de los órganos reguladores para reducir su número y reordenar sus competencias, lo que se enmarca en las iniciativas que el Ejecutivo tiene encima de la mesa para recortar el déficit al 4,4% del PIB.

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Saénz de Santamaría, aseguró que se acometerán todas las reformas que sean necesarias para lograr el objetivo de déficit público previsto para 2012, ya que esa meta no ha cambiado.

Saénz de Santamaría reafirmó el compromiso ineludible de España con el equilibrio presupuestario al inicio de la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, después de que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, dijera que podría no cumplirse el objetivo de déficit ante la amenaza de una nueva recesión.

Ante el empeoramiento de las previsiones económicas para España de diferentes analistas y organismos internacionales -el Fondo Monetario Internacional prevé una caída del PIB español del 1,7% este año-, la vicepresidenta ha dicho que el Gobierno trabajará para que no se cumplan esas proyecciones.

Ha insistido en que toda la acción gubernamental está encaminada a crear empleo y que para ello se necesita cumplir con la reducción del déficit y hacer reformas.

En este sentido, valoró el apoyo firme de todas las comunidades autónomas a los planes de reequilibrio de las finanzas públicas, que incluyen una nueva ley de estabilidad presupuestaria que establecerá límites de gasto y endeudamiento a todas las administraciones.

Asimismo, destac que las autonomías consideran adecuado que se incorporen a la normativa sanciones por el posible incumplimiento de los objetivos de estabilidad, que dependerán de la reiteración y la magnitud de la desviación.

Habrá una nueva ley de transparencia que ampliará las obligaciones legales que tendrán los gestores públicos, lo que dará lugar a una eventual reforma del código penal o del procedimiento sancionador administrativo.

Aunque reconocio que las sanciones penales podrían conllevar prisión, la vicepresidenta hizo hincapié en las inhabilitaciones, otro tipo de penalización "también adecuada" cuyas causas podrían ampliarse.

En cualquier caso, aclaró que las sanciones no tendrán efecto retroactivo, en contra de lo propuesto por el presidente de la Junta de Extremadura, José Antonio Monago.

Este asunto fue tratado en el primer Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) del pasado martes, de cuyos resultados la vicepresidenta se ha mostrado muy satisfecha, ya que además de lograr el apoyo autonómico a la ley de estabilidad presupuestaria y a los programas de racionalización del gasto público, se han pactado medidas para facilitar la liquidez a las comunidades.

Sobre el plan de reestructuración del sector público, aún en estudio, estimó que sólo con la reducción de direcciones se espera conseguir un ahorro de un millón de euros.

No cifró el ahorro que supondrá la reducción de órganos reguladores, pero puso como ejemplo que el Gobierno socialista presupuestó 7 millones de euros para la creación del Consejo Estatal de Medios Audiovisuales, aunque nunca llegó a ponerse en marcha.

En la actualidad hay seis órganos reguladores: Comisión Nacional de la Energía, la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, la Comisión Nacional de la Competencia, la Comisión Nacional del Sector Postal, la Comisión Nacional del Juego y la Comisión de Regulación Económica Aeroportuaria.

En contra de lo que estaba previsto, el Consejo de Ministros no ha estudiado la reforma laboral y la financiera, si bien la vicepresidenta ha asegurado que se está trabajando para que estén listas en el último plazo dado por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que quiere aprobarlas en la primera quincena de febrero.


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