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El fraude fiscal empieza a estar mal visto

Las encuestas dejan a la economía sumergida como el peor fraude para la sociedad

  • M.J.ALEGRE . COLPISA. MADRID
Publicado el 11/09/2011 a las 02:01
LA crisis despierta una adormecida conciencia cívica, seguramente por el aumento de la necesidad de hacer uso de las prestaciones y servicios públicos. En 2010, el 37% de los ciudadanos encuestados por el Instituto de Estudios Fiscales en su barómetro anual justificaba el fraude tributario cuando, en la misma consulta de 2009, ese porcentaje se elevaba al 43% -cinco puntos más-.
En la última encuesta, sólo un 21% opina que las circunstancias económicas pueden llevar a incumplir los deberes fiscales "porque a veces es necesario trampear para salir adelante". En 2007, el último año de bonanza, se elevaba a un 41% la proporción de consultados que veía lógico que los contribuyentes engañaran al Fisco si se veían movidos a hacerlo por causas económicas, un porcentaje que descendió al 34% en 2009, cuando la economía española se sumió en la recesión.
Ahora triunfa la idea de que se defrauda sobre todo "por falta de honradez y conciencia cívica", una causa que citan el 47% de los consultados. Puesto que la pregunta admite respuestas múltiples, también abunda la opinión de que "los actuales impuestos son excesivos" (32%) y de que "no es eficaz la lucha contra el fraude" (30%).
La honestidad en duda
Si se echa la vista atrás, un 66% de los encuestados opina que el fraude fiscal aumentó en los diez últimos años. Eliminado el efecto de la falta de respuestas, esa proporción casi alcanza a tres de cada cuatro ciudadanos que contestan, al ascender al 72% de este colectivo, frente al 75% que representaba en 2009 con ese mismo criterio de cómputo.
Y aunque la continuidad de las vacas flacas mejora muy ligeramente la idea que los contribuyentes tienen de la honestidad tributaria de sus conciudadanos en el último ejercicio, las respuestas revelan que el incumplimiento no es precisamente voluntario: obedece, sobre todo, a las retenciones salariales y al control ejercido por la inspección de Hacienda.
En la nueva consulta, la proporción de españoles que consideran el fraude fiscal una práctica generalizada se sitúa en el 41%. Cuando se trata de identificar a defraudadores contumaces, a los encuestados les viene de nuevo a la mente la imagen de un empresario. Por eso, el colectivo con más menciones sigue siendo el de los emprendedores, con un 40% de citas.
Los autores del citado barómetro advierten de que, una vez más, los encuestados muestran gran imaginación a la hora de identificar a los incumplidores. Algunos hablan de los constructores, otros de las mafias, los hay que mencionan directamente a los políticos, los famosos, la banca, los funcionarios, los trabajadores de baja por enfermedad... Todos ellos aparecen agrupados en el epígrafe de "otros", que en el pasado año 2010 sumó el 13% del total de citados.
Los más defraudadores
A gran distancia figuran las profesiones liberales (19% de menciones, frente al 16% de la consulta del año anterior) y los autónomos, que bajan al 11% desde el 15% precedente. Incluso los propios "hombres de negocios" parecen dispuestos a la autocrítica, porque un 29% del grupo de empresarios entrevistados opina que es su colectivo el que más rentas oculta al Fisco.
La economía sumergida se menciona como el tipo de fraude más pernicioso para el conjunto de la sociedad, seguido del no ingreso de las retenciones practicadas por el empleador en el IRPF y de la no realización de la declaración de la renta por parte de quienes están obligados a presentarla.
Una vez más, la casi totalidad de la población encuestada (un 95%) piensa que el comportamiento defraudador tiene consecuencias negativas. Cuando los ciudadanos incumplen sus obligaciones tributarias -opinan cuatro de cada diez- faltan recursos para financiar los servicios públicos y las prestaciones sociales. Y los consultados ven más necesarias que nunca estas funciones.
Durante 2010, cada hogar recurrió al menos a cuatro servicios públicos, en particular a los sanitarios (93% de uso), las infraestructuras (89%) y el transporte público (80%). Entre las prestaciones sociales, es el tercer año consecutivo en el que aumenta la correspondiente al paro.
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