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La reforma laboral, un año después

  • La reforma no ha afectado a la tasa de temporalidad, que se mantiene en el 25%

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Cándido Méndez e Ignacio Fernández Toxo, en marzo pasado con Rodríguez Zaptero y Valeriano Gómez. EFE

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Actualizada 27/06/2011 a las 01:01
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  • J.L. GALENDE . COLPISA. BILBAO .

Se cumplió un año del inicio de las reformas laborales en España con las que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero pretendió, casi siempre en solitario, adaptar el mercado de trabajo a la nueva realidad económica y hacer frente a la presión insaciable de los mercados financieros; y todo ello, bajo la presión de casi cinco millones de parados.

Es pronto aún para conocer si algunas de las medidas van a funcionar y, a la hora de hacer balance, la proximidad del fin de la legislatura comenzó a condicionar los argumentos y conclusiones de las partes implicadas. Sindicatos y Gobierno coinciden en que el empleo no lo crea una normativa y unas instituciones, si la economía no funciona, mientras que los empresarios reclaman reformas más profundas que las abordadas para disponer de mejores herramientas a la hora de competir.

La última propuesta de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) es el contrato único indefinido con una indemnización de 20 días por año trabajado. Esta idea, desechada por Zapatero hace un año por ser demasiado ambiciosa, quiere colarse ahora en el marco de la negociación colectiva.

Aunque el diseño definitivo de la reforma laboral no ha sido todavía decidido en algunos casos, los cambios sobre abaratamiento del despido, las pensiones, las políticas activas de empleo, el empleo sumergido, la negociación colectiva... sólo sirvieron hasta ahora para generar una gran polémica política y social, en la que quedó en evidencia la soledad del Gobierno y los intereses del PP en segar la hierba bajo sus pies.

Alterar el rumbo

Aún queda por ver la capacidad de algunos cambios para alterar el rumbo de un mercado laboral condicionado por una economía que languidece entre las presiones de la deuda y los ajustes para cumplir con el déficit. Pese a todo, la opinión más extendida es que la reforma laboral aprobada hace un año fracasó.

El paro registrado, alegan entre otros argumentos, pasó de 3,982 millones de personas de junio de 2010 a 4,190 millones de mayo pasado.

El ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, recordaba hace unos días en Santander los males del mercado laboral español que obligaron a iniciar el intenso proceso de reformas: la dualidad del mercado laboral entre trabajadores fijos y temporales, la elevada rotación en los puestos de trabajo por el excesivo uso de los contratos temporales, un intenso recurso al despido como herramienta de ajuste en caso de crisis y una alarmante falta de flexibilidad, sobre todo en el funcionamiento interno de las empresas.

Los empresarios amplían estas deficiencias a asuntos como la carestía del despido, el excesivo número de tipos de contrato, la vinculación del salario a la evolución del IPC, la excesiva judicialización de los conflictos laborales, el elevado absentismo y, sobre todo, la falta de flexibilidad generalizada en todos los ámbitos laborales, según recordaba en el mismo foro el presidente de la CEOE, Joan Rosell.

También los sindicatos, que se encuentran a la defensiva desde que se inició el proceso de reformas, que les llevó a convocar una huelga general, tienen sus reivindicaciones.

Y dado que no sitúan en la normativa ni en las instituciones del mercado laboral el origen del enorme problema del paro, los sindicatos reclaman cambios sustanciales en aspectos como las políticas económicas o como los plazos de los ajustes.

Los cambios más polémicos

Despidos más baratos

La reforma laboral aprobada por el Gobierno el 16 de junio del año pasado abarató e hizo más fácil el despido de trabajadores, tanto en casos justificados como en improcedentes. Lo abarató al generalizar el contrato de fomento de empleo, que indemniza el despido improcedente con 33 días de salario por año trabajado, con un máximo de 24 mensualidades, frente a los 45 días y 42 mensualidades del indefinido ordinario, también vigente; y lo facilitó, y además abarató de manera indirecta, al ampliar las causas del despido objetivo al supuesto de previsión de pérdidas futuras de la empresa. Asimismo, facilitó la rescisión del contrato de trabajadores con elevado absentismo laboral no justificado. Los resultados en este apartado de la reforma laboral no son todavía significativos, ni en la indemnización media que se paga por la rescisión de contratos ni en el número de trabajadores despedidos.

Elevada temporalidad

Gobierno, sindicatos y patronal coinciden en que la elevada temporalidad del mercado laboral español, donde casi el 25% de los asalariados no tiene un contrato indefinido, es una rémora para la productividad y la competitividad. Uno de los objetivos del abaratamiento del despido y de los cambios en los contratos era incidir en esta situación. Sin embargo, la tasa de temporalidad no varió sustancialmente desde entonces, y la proporción de contratos fijos bajó. La modificación del contrato de obra o servicio; de los temporales para evitar abusos y con encarecimiento de la indemnización final; o los incentivos adoptados en enero para la estabilidad de los trabajadores a tiempo parcial no dieron frutos significativos hasta ahora.

Inflación de modelos de contratación

La existencia de casi una veintena de modalidades de contratación en la normativa española es vista por la patronal y por otros expertos como una muestra de ineficiencia en las relaciones laborales. Joan Rosell señaló la pasada semana en un seminario en Santander que media docena sería suficiente y simplificaría un capítulo muy importante entre empleador y trabajador.

En las reformas del último año, se realizaron algunos cambios en este apartado, como los referentes a los contratos de formación y de prácticas, que, en general, dan más garantías a los trabajadores y se adaptan mejor al objetivo para el que fueron creados. Sin embargo, no se dieron pasos para la simplificación del sistema.

Recurso a los Tribunales

Si en algo están de acuerdo empresarios, sindicatos y Gobierno es en que se debe reducir el excesivo recurso a los tribunales en los conflictos laborales: sumaron el año pasado más de 340.000. En la pasada semana, sus máximos representes expresaron la necesidad de pactar mecanismos de intermediación y arbitraje que agilicen la resolución de estos desacuerdos, y esta será una asignatura de futuras negociaciones. Por otro lado, instrumentos creados con este fin -algunos en marcha- podrán utilizarse para otros objetivos, como la aplicación de pactos colectivos cuando no haya acuerdo entre las partes, o aspectos referentes a la flexibilidad interna de las empresas.

Absentismo

La falta no justificada al puesto de trabajo tiene un coste anual del 1% del PIB, es decir, de casi 11.000 millones de euros, pese a que está a la baja en los últimos tiempos. La reducción de esta cifra puede ser una vía de mejora de la competitividad de las empresas. Y es que, según estimaciones citadas por Joan Rosell, unos 400.000 asalariados son en España "profesionales de la baja laboral", de un total de 1.050.000 que cada día faltan al trabajo por enfermedad. Este capítulo se abordará después del verano en la reforma de las mutuas de accidentes de trabajo, que tendrán más competencias para controlar las bajas por enfermedad común y sobre el que ya existe prácticamente un acuerdo con sindicatos y Gobierno.

Libertad para organizar el trabajo

Suprimir los límites legales que tienen las empresas a la hora de organizar amplios aspectos de la producción es ahora el primer objetivo de los empresarios, por delante incluso del coste del despido, según defienden diversos líderes patronales.

Ya en la reforma laboral se abordó una mejora de la flexibilidad de la movilidad geográfica dentro de las empresas, se concedieron algunas facilidades para proceder a una modificación sustancial de las condiciones de trabajo -capítulo de larga y conflictiva trayectoria que llega con frecuencia a los tribunales- y también se crearon más posibilidades para descolgarse de las cláusulas salariales de un convenio colectivo. En el decreto-ley del Gobierno sobre la reforma de la negociación colectiva también se aborda esta cuestión, sobre todo al fijar un mínimo del 5% de la jornada laboral que puede ser distribuida por el empresario de forma irregular.

Política salarial

La política salarial de los últimos 30 años, ligada a la evolución de los precios con el objetivo de que los trabajadores no pierdan capacidad adquisitiva, es otro de los caballos de batalla de la modernización de la economía. El debate se intensificó después de que la UE y el Banco de España hayan propuesto ligar la evolución de los salarios a la productividad. La patronal considera que el salario fijo o unido al IPC tiene los días contados; para los sindicatos, sin embargo, preservar la capacidad adquisitiva es irrenunciable, aunque se mostraron flexibles en los últimos acuerdos interconfederales a ligar parte de las subidas a la productividad. Iberdrola firmó un convenio en ese sentido y Telefónica pretende hacer lo mismo.

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