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ENTIDADES FINANCIERAS

Bruselas investiga la legalidad de los créditos fiscales a la banca española

  • El Gobierno rechaza que el decreto de final de 2013 que 'salvó' 40.000 millones de capital a los grandes bancos sea una ayuda de Estado ilegal

  • COLPISA. MADRID
Actualizada 08/04/2015 a las 06:00
Y ahora, los activos fiscales diferidos de la banca. Los técnicos del departamento de Competencia de la Comisión Europea, los mismos que pusieron en jaque las vacaciones fiscales en Euskadi, el 'tax lease' de los astilleros o el jugoso negocio del fútbol español, acaban de colocar su lupa sobre el balón de oxígeno que el Gobierno de Mariano Rajoy dio a las entidades financieras para que este tipo de activos, cifrados en unos 40.000 millones, computasen como créditos fiscales garantizados por el Estado y pon ende, como capital de máxima calidad en sus balances.

Sucedió a finales de 2013, un momento clave para el sector ya que en cuestión de meses debía someterse a los test de estrés del BCE. Sin este cambio normativo, sin esta suerte de aval, algunas entidades quizá hubieran suspendido. Ahora, desde Bruselas están investigando si supuso una ayuda de Estado ilegal, extremo que rechazan desde el Ministerio de Economía.

De momento, solamente se han activado los mecanismos burocráticos preliminares. A petición de la comisaria Margrethe Vestager, los expertos bruselenses han solicitado información a las autoridades españolas, italianas, portuguesas y griegas para que expliquen y aporten diferente documentación requerida. En caso de que consideren que existen visos de la comisión de una irregularidad, se abriría una investigación formal.

Un hecho que de producirse "no prejuzgaría el resultado de la misma". "Podemos confirmar que se han enviado cartas administrativas a estos cuatro países. Pero no es un caso fácil, la evaluación llevará tiempo", recalcaron los portavoces comunitarios Alexander Winterstein y Lucía Caudet. Ambos rechazaron desvelar el origen de estas pesquisas, pero fuentes comunitarias confirmaron que detrás de esta denuncia hay varios eurodiputados y quizá competidores directos de los bancos supuestamente 'beneficiados'.

Los activos fiscales diferidos (DTA, por sus siglas en inglés) son beneficios fiscales o ahorros de impuestos recuperables en el futuro (cuando la empresa tenga beneficios), que surgen de operaciones pasadas como pérdidas o provisiones (el binomio ladrillo-banca es el mejor exponente). La normativa internacional establece que ya no pueden considerarse capital de máxima calidad y deberán de dejar de contabilizarse progresivamente de aquí a 2019.

Un balón de oxígeno clave
¿Qué hizo el Gobierno a finales de 2013? Aprobar un decreto de modificación del Impuesto de Sociedades para convertir en monetizables, es decir, garantizados por el Estado, parte de estos activos fiscales diferidos. Sólo BFA, matriz de Bankia, acumulaba cerca de 7.000 millones. Santander, BBVA o Sabadell rondaban, por su parte, los 5.000.

El Gobierno, como explicó entonces el ministro de Economía, Luis de Guindos, negó cualquier tipo de ayuda y señaló que se trata de un cambio contable para equipararse al resto de países europeos: "Si no hubiéramos hecho esto, si no hacemos esta modificación del Impuesto de Sociedades, la banca española estaría en una situación de desventaja con sus competidores". Ayer, el Ministerio reiteró el argumento.

Entre sus principales argumentos destaca uno de peso. Por aquel entonces, España seguía bajo el control de los hombres de negro de la Comisión y el BCE, ya que el programa del rescate financiero concluyó a principios de 2014. Es decir, la capacidad que el Gobierno tenía para aprobar decretos de este calado era limitada, por lo que es muy difícil pensar que Moncloa fuese por libre.


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