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Fraude fiscal

La Agencia Tributaria intensificará la lucha contra la ingeniería fiscal

Priorizará las investigaciones sobre el patrimonio deslocalizado o las auditorías informáticas para detectar la doble contabilidad

  • cOLPISA. mADRID
Actualizada 12/03/2015 a las 06:00
La crisis ha provocado una mayor sensibilidad de la sociedad sobre los casos no solo de evasión de impuestos, sino de baja tributación mediante el uso de lagunas legales.

Por eso la Agencia Tributaria pondrá sus miras este año en la ingeniería fiscal de las grandes empresas e indagará sobre el origen del patrimonio declarado en el extranjero de algunos contribuyentes, según consta en el Plan de Control Tributario 2015 publicado este miércoles en el BOE con el objetivo de superar 12.318 millones recaudados en la lucha contra el fraude en 2014.

En ese sentido, la Agencia Tributaria intensificará las operaciones realizadas por aquellos contribuyentes que utilicen instrumentos de "planificación fiscal agresiva" para eludir o minorar el pago de impuestos en España. Y es que los problemas de erosión de las bases imponibles por el uso de la denominada ingeniería fiscal es uno de los principales problemas tributarios a los que se enfrentan los países de la OCDE. De hecho, el programa BEPS que entrará en vigor en 2017 y en el que está incluido España busca luchar contra esta situación.

Otro de los puntos en los que Hacienda pondrá el foco este año será en los balances entre sociedades filiales y matrices. "Se analizarán especialmente los casos en los que se ponga de manifiesto el doble aprovechamiento de pérdidas o gastos o la generación de pérdidas mediante la transmisión de valores intragrupo", recoge el documento. También aumentará la vigilancia en el caso de la utilización de instrumentos híbridos, es decir, que tienen tributación diferente en otro país. Por su puesto, para controlar la ingeniería fiscal, la Agencia Tributaria priorizará el control de las operaciones realizadas con paraísos fiscales, en concreto, "la verificación de la tributación de las operaciones realizadas con personas o entidades residentes" en estos territorios.

Pero una de las novedades del plan de este año es que busca "potenciar sus actuaciones de investigación sobre patrimonios deslocalizados". Para ello, Hacienda contempla diversas vías. Por un lado, actuará contra los contribuyentes que no han presentado el modelo 720 por el que deben informar de los bienes y derechos situados en terceros países y sobre quienes la Agencia posee indicios de que "ocultan bienes a la administración tributaria".

Pero también a aquellas sujetos que habiendo presentado dicha declaración exista "falta de consistencia" en cuanto al origen de esos bienes o patrimonios si no corresponde con la información económica del afectado. El propio director de la Agencia Tributaria desveló en su última comparecencia en el Congreso que ya están en fase de investigación más de 7.000 contribuyentes por este motivo. Pero los inspectores también explotarán la información derivada del Plan Nacional de Captación de Información, coordinado por la Oficina Nacional de Investigación del Fraude sobre el consumo realizado con tarjetas de crédito y débito emitidas con cargo a cuentas abiertas en el exterior de entidades financieras no residentes.

Otro de los pilares fundamentales del plan es luchar contra la economía sumergida de algunas empresas. En este sentido, Hacienda incrementará las auditorías informáticas para evitar la doble contabilidad. Estas unidades especializadas de la Agencia realizarán las inspecciones por sorpresa y de forma presencial en las compañías para detectar software de doble uso que permite la alteración de los libros contables como paso previo al falseamiento de las declaraciones tributarias. Estas actuaciones están logrando logros importantes como acaba de suceder en Mercabarna.

ALQUILERES TURÍSTICOS

Asimismo, el plan recoge actuaciones en el sector servicios "enfocadas al descubrimiento de actividades y rentas ocultas" en negocios de la economía sumergida. En concreto, el documento habla de que se actuará "sobre los particulares que ceden de forma opaca total o parcialmente viviendas por internet u otras vías" y de las inspecciones presenciales para detectar alquileres irregulares no declarados. Esta medida trata de responder a las demandas del sector turístico, en especial de los hoteleros, que llevan tiempo denunciando la competencia desleal que supone este tipo de actividades.

También se utilizará la tecnología e información de las redes sociales para analizar operaciones comerciales entre agentes económicos, con el fin de identificar patrones de comportamiento que se corresponden con actividades defraudadoras.

El plan de control se topó con el rechazo del Sindicato de Técnicos de Hacienda (Gestha) que calificó el documento de "poco ambicioso" en sus objetivos ante la ausencia de "cambios organizativos y de la selección de contribuyentes para reducir la economía sumergida". En su opinión, los problemas radican en la falta de personal dedicado a la lucha contra la economía sumergida, la vigencia de una normativa que permite eludir legalmente el pago de impuestos y el enfoque erróneo de la lucha contra el fraude.

En este sentido, desde Gestha recordaron que el 80% de la plantilla se dedica a perseguir los pequeños fraudes de autónomos, pymes y trabajadores, mientras que solo el 20% investiga el fraude de las grandes fortunas y multinacionales.
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