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Empresas

Las pymes, obligadas a costear parte de los cursos de formación

  • El real decreto impone la responsabilidad solidaria de todos los participantes para devolver las ayudas si no cumplen los requisitos

  • Colpisa. Madrid
Actualizada 25/02/2015 a las 06:00
El Ministerio de Empleo y Seguridad Social llevará próximamente al Consejo de Ministros una profunda reforma del sistema de formación profesional en el ámbito laboral con la que se abren a la concurrencia competitiva todos los cursos de formación sin que puedan participar en su impartición sindicatos ni patronales.

Los objetivos que declara el ministerio son combatir el fraude, aumentar la transparencia, elevar la calidad de los cursos y que respondan a las necesidades actuales y futuras de empresas y trabajadores.

Entre las novedades incluidas en el proyecto de real decreto ley se encuentra la obligación, por primera vez, de que las pymes de menos de diez trabajadores participen con sus propios recursos en la financiación de la formación de los trabajadores. Tendrán que aportar el cinco por ciento del coste, algo que hasta ahora solo se aplicaba a medianas y grandes empresas. Estas tienen que cubrir entre el diez y el cuarenta por ciento, es decir, que por cada cien euros de bonificación que reciben para formación deben invertir hasta cuarenta euros. No obstante, se permite incluir en el cómputo el coste salarial de los trabajadores si reciben la formación en horas de trabajo.

En la actualidad, las pymes disponen de una subvención de 420 euros al año para formación de sus trabajadores -que procede del reparto solidario de las cuotas para formación abonadas por todas las empresas-. Con esta implicación directa de las pymes se pretende atajar las malas prácticas detectadas en este ámbito, donde ha proliferado el ofrecimiento de cursos de dudosa calidad cuando menos pero, como a la microempresa le salía gratis y no tenía que hacer nada, tampoco exigía. Ahora participará en el coste y tendrá que presentar justificantes del curso.

También con el objetivo de combatir el fraude en la formación, se impone la responsabilidad "solidaria" de todos los que participen en los cursos, tanto quienes los organicen como las entidades que impartan los cursos o los beneficiarios de las ayudas y las subvenciones públicas. Todos ellos tendrán que responder solidariamente de la devolución de las cantidades indebidamente bonificadas por cada empresa y acción formativas si, por ejemplo, no se someten a las auditorías o controles de calidad o no se cumplen las exigencias de instalaciones o técnico-pedagógicas.

El decreto ley urgente elaborado por el Ministerio de Empleo, que no cuenta con el respaldo de los sindicatos ni de las organizaciones empresariales, deja fuera a los agentes sociales de la gestión de los fondos de formación y de la impartición de la formación. Los cursos solo los podrán realizar las academias o entidades de formación profesional que estén inscritas en el registro público estatal que se creará para eso. No obstante, los sindicatos y patronales sí participarán en la planificación y diseño de los planes de formación. Precisamente, el informe del Tribunal de Cuentas advertía contra que los agentes sociales fueran juez y parte a la vez en el sistema de formación.

La reforma laboral de 2012 abrió la puerta a los centros de formación privados para que concurrieran; el año pasado ya representaron cerca de la mitad de la formación de cursos ofertados y a partir de la aprobación del decreto será el cien por cien. El decreto, de 41 páginas, prohíbe la subcontratación de la formación, aunque se permitirá contratar formadores o alquilar locales.

Por otra parte, se impulsa la participación de los autónomos en la formación y se extiende la formación mediante prácticas profesionales no laborales. Se trata de hacer prácticas no remuneradas en empresas que complementan la formación teórica. Las empresas que participen recibirán una compensación económica. En la actualidad, existe un programa de este tipo para jóvenes menores de treinta años. Igualmente, se recuperan los programas formativos que incluyan compromisos de contratación, como los realizados donde existía por parte de las empresas un compromiso de contratar al treinta por ciento de los parados que se formaban en ellas.

Aunque el Ministerio de Empleo aún no ha recibido las observaciones de todos los agentes sociales sobre el decreto ley, en el proyecto ya aparece un párrafo que recuerda que todas las partes se comprometieron a que el nuevo sistema de formación estuviera en vigor el 1 de enero de 2015 pero que, "a pesar de los esfuerzos por aunar las distintas posiciones en la Mesa de Diálogo Social, no ha sido posible alcanzar un acuerdo en esta materia, por lo que el Gobierno, en línea con la urgencia ampliamente reconocida y el compromiso manifestado, ha decidido abordar la reforma".

Los fondos de formación alcanzan cerca de los 2.000 millones anuales, de los cuales casi la mitad se destina a los trabajadores desempleados y es gestionada por las comunidades autónomas y la otra parte va a formación de ocupados. De estos, alrededor de 850 millones son gestionados por la Fundación Tripartita -en la que participan sindicatos, empresarios y administración- entre formación bonificada programada por las propias empresas para sus trabajadores y los cursos subvencionados que se ofertan.
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