ley 25/2013

La factura electrónica para proveedores de la Administración comienza hoy

  • La ley 25/2013 obliga a los proveedores a emitir facturas electrónicas por importes superiores a 5.000 euros

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Actualizada 18/01/2015 a las 16:41
  • EFE. PAMPLONA
La obligación de emitir las facturas en formato electrónico para proveedores de las administraciones públicas por importes superiores a 5.000 euros entra en vigor, casi trece meses después de la aprobación de la ley.

La ley 25/2013 obliga a los proveedores de las administraciones públicas y empresas "de especial trascendencia económica" a utilizar este tipo de facturación, o a enfrentarse a una multa de hasta 10.000 euros.

Un estudio de la empresa de sistemas de intercambio electrónico seguro de documentos Seres revela que en septiembre de 2014 el 98% de las empresas conocía el cambio normativo, según un comunicado.

A pesar de este alto grado de conocimiento de la medida, según el director de mercadotecnia de Seres, Alberto Redondo, "se ha hecho bastante comunicación en las grandes provincias, aunque todavía existe un poco de desinformación debido a que no se ha hecho un plan de difusión".

Por comunidades autónomas, las más preparadas para asumir el cambio son las empresas madrileñas, baleares y melillenses, seguidas de las gallegas, navarras y catalanas, de acuerdo con la encuesta de Seres.

Por su parte, la empresa certificada como desarrollador de facturación electrónica Stratesys explica que "es fundamental tener en cuenta el aspecto internacional antes de ejecutar ningún cambio, ya que las normativas asociadas a la factura electrónica en España son diferentes a las de otros países".

También recuerdan que "las facturas electrónicas están sujetas a las mismas normas de uso y conservación que las facturas en papel".

Con esta ley se pretende aumentar el control contable de las administraciones públicas de cara a la consecución del déficit, proteger contra la morosidad a los proveedores, ya que quedará constancia electrónica de la presentación de facturas, y profundizar en la lucha contra el fraude.

Según el Gobierno, la medida podría suponer un ahorro total para el Estado y los agentes implicados entre 41 y 51 millones de euros. 
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