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normativa europea

La CE considera ilegal la tasa a las grandes superficies y pide su retirada

  • Bruselas considera que el impuesto que cobran Navarra y otras cinco comunidades son ayudas de Estado incompatibles para los minoristas

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Actualizada 15/01/2015 a las 11:59
  • EFE. Madrid
La CE considera que las tasas con las que seis autonomías gravan a las grandes superficies son ayudas de estado incompatibles con la normativa europea y pide que se retiren o modifiquen para que dejen de penalizar a unos formatos comerciales frente a otros, según un escrito de Bruselas remitido al Gobierno.

Actualmente, gravan con un impuesto específico a las grandes superficies NavarraCataluña, Aragón, Asturias, La Rioja y Canarias.

Estas tasas "medioambientales", que fueron denunciadas ante la Comisión Europea por la patronal de las grandes superficies Anged, gravan los metros cuadrados de un establecimiento por la contaminación que producen los consumidores por desplazarse en coche hasta ellos.

En un escrito remitido al Gobierno, y que adelanta La Razón, el director general adjunto de Ayudas Estatales de la CE, Gert-Jan Koopman explica que, tras un análisis preliminar, se plantean "considerar la exención concedida a los pequeños comercios minoristas y a determinados establecimientos especializados como ayuda estatal incompatible" con la ley europea.

"Habida cuenta de la evaluación preliminar de las medidas fiscales y de las posibles consecuencias que tendría un procedimiento de investigación formal, rogaría encarecidamente a España que suprimiera o modificara dichos impuestos de manera que ya no plantearan problemas de ayudas estatales", añade el texto.

Gert-Jan Koopman recuerda que si tras un examen preliminar, la CE considera que una medida constituye ayuda estatal y tiene dudas sobre si es compatible con el mercado interior, debe incoar un procedimiento de investigación.

En caso de que el procedimiento de investigación confirme que las medidas constituyen una ayuda estatal incompatible, la Comisión debe condenar al Estado miembro a suprimir o modificar la medida en el futuro, así como a recuperar de los beneficiarios la ayuda ilegal concedida en el pasado.

En este caso, la recuperación significaría que varios miles de pequeños y medianos minoristas podrían verse obligados a pagar el impuesto del que ahora están exentos.

"Estamos, por supuesto, a su disposición para tratar con ustedes diferentes opciones con el fin de adaptar la fiscalidad aplicada al comercio minorista a las normas sobre ayudas estatales".

Un rápido avance en esa dirección, añade, podría permitir a Anged retirar su denuncia y, por lo tanto, evitar la necesidad de un procedimiento de investigación formal por parte de la Comisión.

Las tasas denunciadas excluyen a establecimientos inferiores a determinada superficie (entre 500 y 4.000 metros cuadrados, según la autonomía) y eximen o aplican reducciones a comercios minoristas especializados (por ejemplo, centros de jardinería, materiales de construcción, venta minorista de automóviles, muebles o bricolaje).

El tipo impositivo oscila entre 2,4 euros por metro cuadrado en la isla de El Hierro (Canarias) y 17 euros el metro cuadrado en Cataluña, La Rioja y Asturias.

Las exenciones parecen conceder una ventaja selectiva a determinadas empresas, según el escrito, que añade que la justificación general ofrecida para excluir a los pequeños establecimientos y tiendas especializadas es que, supuestamente, tienen un menor impacto sobre el medio ambiente, las infraestructuras y las políticas de planificación urbana.

"Sin embargo, no se han facilitado datos que apoyen este argumento y el nivel del umbral o la elección de las actividades exentas no parecen estar respaldados por ningún estudio u otras pruebas convincentes".

Por el contrario, añade, un gran centro comercial consistente en pequeños establecimientos tendría el mismo impacto ambiental que un gran almacén de las mismas dimensiones y, sin embargo, el trato fiscal que recibirían sería diferente.

Sobre esta base, parecería lógico que fueran los metros cuadrados los que estuvieran sujetos a imposición, según la CE; que añade que, además, no se han constatado razones por las que la medida pudiera considerarse compatible con el mercado interior.
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