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Telecomunicaciones

Vodafone prepara un ERE para cerca de 1.000 empleados

  • El recorte, debido a las "redundancias" con ONO, todavía no ha sido cuantificado y se anunciará en la primavera de 2015

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11/12/2014 a las 06:00
  • Colpisa. Madrid
Como es habitual en las concentraciones empresariales, también la de Vodafone España y Ono -cuya venta a la primera concluyó el pasado 23 de julio- tendrá sus víctimas en el empleo aunque todavía se desconocen las cifras finales. Lo que sí confirmó este miércoles su consejero delegado, Antonio Coimbra, es que habrá ajuste y que afectará a entre el diez y el treinta por ciento de la plantilla actual de 6.000 personas: 3.500 que ya estaban en la filial de la multinacional británica y otras 2.500 que se han incorporado con la adquisición de la operadora de cable española.

El motivo esgrimido desde la compañía son las "redundancias" existentes tras unir ambos colectivos y que, según sus cálculos, en procesos así "suelen estar" en la horquilla citada "aunque en este caso espero que esté más cerca del diez por ciento", dijo Coimbra, aunque fuentes del sector apuntaron que podría rondar las mil personas (casi el diecisiete por ciento de la plantilla). La postura oficial de Vodafone España, no obstante, es que "todavía no hay decisiones tomadas" y, por ahora, "lo que existen son solo cálculos teóricos".

Ello, sin embargo, no cambia la previsión de que haya un expediente de regulación de empleo (ERE), ya conocida de forma oficiosa por los sindicatos, con los que Vodafone pretende negociar el ajuste. Habrá que esperar antes a que concluya el análisis de "complementariedad" que se está llevando a cabo en todos los niveles de su plantilla. Se empezó con los directivos y los mandos intermedios, y ahora se está con el resto de los trabajadores.

La idea es concluirlo una vez que Vodafone España presente sus resultados anuales, lo que ocurrirá la próxima primavera, dado que su actual ejercicio fiscal se cierra el 31 de marzo de 2015. Según marchen entonces las cuentas, la mano se podría abrir o cerrar algo con el ERE.

VENTAS EN CAÍDA

Las últimas cuentas publicadas no fueron precisamente buenas. La operadora, segunda por cuota de mercado en España, vio caer un 7,5 por ciento sus ventas durante su primer semestre fiscal (de abril a septiembre) hasta los 2.171 millones de euros. A su vez, el resultado bruto de explotación (ebitda) se desplomó un 27,2 por ciento y quedó en 392 millones.

Todo ello contando ya con la integración contable de Ono, pues sin ella los números serían peores: un 12,4 por ciento menos de ingresos y un 43 por ciento inferior el ebitda, e incluso entraría en pérdidas operativas (56,2 millones de euros). La compañía alegó que el descenso de la facturación fue generalizado en el sector y, en su caso, había que contar con un fuerte incremento de las inversiones (un 56 por ciento más), que llegaron a 301 millones.

Fuentes sindicales estiman que el área más perjudicada por el ajuste serán los servicios generales (administración, finanzas, informática, marketing...), dado que otros segmentos sí son "complementarios". Por ejemplo, Vodafone tiene personal especializado en el negocio móvil, mientras Ono aporta experiencia en cable, televisión y paquetes de ofertas audiovisuales.

Vodafone España ya pactó con los sindicatos otro ERE en febrero de 2013, que supuso el despido de 650 personas. Otros 120 empleados cambiaron de horario o función, y a 130 más se les externalizó su actividad.

TELEFÓNICA Y ORANGE, LAS QUE MÁS VISITARON AL REGULADOR

Telefónica y Orange fueron las compañías que más veces visitaron el último año a los responsables de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNC), que entre sus funciones tiene la regulación de ámbito de las telecomunicaciones. Por sectores, las eléctricas y petroleras fueron las otras empresas que con más frecuencia acudieron a su sede para tratar distintos asuntos.

Directivos de ambas operadoras se reunieron hasta una decena de veces cada una con consejeros del organismo, incluido el presidente José María Marín. La empresa que dirige César Alierta fue multada el mes pasado con 25,78 millones de euros por abusos en sus contratos de permanencia con pymes.
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