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Empresas en quiebra

Hacienda decidirá si acepta quitas en los concursos de acreedores

  • Sólo deberá acatar el convenio general si lo aprueba el 75% de los acreedores públicos
  • El Gobierno evita así seguir las directrices del FMI, que le reclamaba más apoyo a las empresas en riesgo de quiebra

La segunda reforma de la Ley Concursal quiere facilitar  la supervivencia de las empresas
La segunda reforma de la Ley Concursal quiere facilitar la supervivencia de las empresas
Diego Echeverría
  • Colpisa. Madrid
Actualizada 06/09/2014 a las 06:00
El Gobierno ha emprendido una segunda reforma de la Ley Concursal con el objetivo de "facilitar los acuerdos que permitan la supervivencia de las empresas" en riesgo de quiebra. Una de las novedades introducidas en la normativa es la posibilidad de extender los efectos del convenio general a los acreedores disidentes, incluidos los públicos.

Es decir, que un grupo de deudores privados podrá obligar a Hacienda, la Seguridad Social, comunidades autónomas o ayuntamientos a asumir quitas de las empresas en fase concursal. Ahora bien, para que la propuesta de condonación de deuda pueda imponerse a todo el pasivo deberá contar un determinado porcentaje de votos a favor. Y aquí es donde Hacienda se guarda un as en la manga.

A efectos de la votación para la extensión del convenio, el Gobierno ha creado cuatro clases diferenciadas de acreedores privilegiados: laborales (los trabajadores), públicos, financieros, o el resto. De esta forma, para que la quita pueda aplicarse a todo el pasivo, es necesario que voten a favor acreedores que representen el 60% o el 75% de la deuda de cada una de estas cuatro clases de crédito. En la práctica, esto supone que Hacienda o la Seguridad Social serán al final las que decidan si aceptan quitas, algo a lo que el ministerio que dirige Cristóbal Montoro se opone frontalmente.

De esta manera, el Gobierno evita aplicar a rajatabla las recomendaciones incluidas en el último informe del Fondo Monetario Internacional (FMI), que aconsejaba a las administraciones públicas aceptara quitas en los concursos de acreedores para facilitar la viabilidad de las empresas en riesgo de quiebra. Hacienda esgrime que, para la consecución de este objetivo, ya hace uso de los instrumentos que le concede tanto el derecho administrativo tributario como el concursal: aplazamientos o fraccionamientos de pago, o condonaciones parciales de deuda y moras en su abono.

En lo que respecta a los acreedores ordinarios, el real decreto ley aprobado este viernes mantiene el régimen de aprobación de convenios ya existente, aunque se introduce la posibilidad de extender a los disidentes -si vota a favor al menos el 65% del pasivo ordinario- las siguientes medidas: moras de entre 5 y 10 años; quitas superiores al 50%, conversión de créditos en acciones o participaciones del deudor, o créditos participativos de hasta diez años; transformación de deuda en cualquier otro instrumento financiero de características distintas; y cesión de bienes o derechos en pago de créditos. Eso sí, en este último caso, siempre que no resulten necesarios para la continuación de la actividad profesional y que su valor "razonable" sea igual o inferior al de la deuda.

Se establece además un mecanismo para permitir que las medidas incluidas en el real decreto ley puedan aplicarse, por una sola vez, a los convenios adoptados al amparo de la legislación anterior, siempre que se den mayorías reforzadas (superiores a las exigidas para la aprobación del convenio) y que así lo aprueba un juez. Se excluyen de esta previsión a los acreedores de derecho público y laboral.


OTRAS MEJORAS

Si pese a todo, la empresa entra en liquidación, la norma establece una serie de mejoras respecto de los procedimientos actuales. Con el fin de facilitar la trasmisión de unidades productivas de bienes o servicios del deudor, se incorporan tres medidas. En primer lugar, se permite la transmisión de contratos y licencias sin el consentimiento de terceros (contrapartes y administración). También se hace posible la transmisión de unidades productivas libre de obligaciones de pago preexistentes, salvo que se acuerde lo contrario o que lo disponga así la ley (es el caso de salarios y obligaciones seguridad social). Finalmente, se permite la venta de unidades productivas con bienes dados en garantía, donde se elimina el consentimiento del acreedor, si el adquirente ocupa el lugar del deudor o si percibe el valor de la garantía; y, en otro caso, se prevén mayorías de arrastre.

Por otro lado, el real decreto ley crea una comisión de seguimiento de prácticas de refinanciación y reducción de sobreendeudamiento, con funciones de seguimiento de las medidas adoptadas por esta norma. La Comisión elaborará un informe anual sobre la efectividad de las medidas y sobre la evolución del endeudamiento del sector privado y sus implicaciones macroeconómicas. Asimismo, se constituye un portal telemático en el BOE con información sobre las empresas en liquidación para facilitar su enajenación.

Según indica el Ministerio de Economía, todas estas medidas pretenden paliar "las deficiencias en el proceso concursal español", que han originado el hecho de que en 2013 el 95% de las empresas declaradas en concurso acabara en liquidación. Un porcentaje "muy superior" al de países de nuestro entorno como Reino Unido (80%) o Francia (70%).


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