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SECTOR NAVAL

La CE exige a España recuperar las ayudas al sector naval desde 2007

El vicepresidente de la Comisión Europea, Joaquín Almunia, en una rueda de prensa en Bruselas.
El vicepresidente de la Comisión Europea, Joaquín Almunia, en una rueda de prensa en Bruselas.
La Comisión Europea considera ilegales las ayudas a los astilleros españoles desde 2007 a 2011 y obliga a devolverlas a las arcas españolas. Así lo ha confirmado el comisario de la Competencia, Joaquín Almunia, quien ha dicho ?que la comisión determina qué parte de las ayudas debe ser considerada incompatible y desde cuando hay que pedir la recuperación?, pero corresponde al Gobierno español la decisión de ?quién debe devolver el dinero, cómo se debe proceder y cuánto dinero debe ser devuelto en cada caso?. El comisario de la Competencia ha destacado que la obligación de devolver la ayuda ilegal ?solamente se aplica a los que se beneficiaron de ella?, es decir, ?a los inversores? y en ningún caso a ?las compañías navieras ni a los astilleros?, ha subrayado.
Trabajadores de La Naval de Sestao, encerrados en las instalaciones del astillero.
Trabajadores de La Naval de Sestao, encerrados en las instalaciones del astillero.
EFE
  • EFE. BRUSELAS
Actualizada 17/07/2013 a las 13:29
La Comisión Europea (CE) exigió este miércoles a España que recupere las ayudas fiscales que concedió al sector naval entre 2007 y 2011, al considerar esas bonificaciones ilegales, informaron fuentes comunitarias.

El colegio de comisarios alcanzó este miércoles el acuerdo después de que el vicepresidente de la CE y comisario europeo de Industria y Emprendimiento, Antonio Tajani, levantara sus reservas, de acuerdo con las mismas fuentes.

"Acorde al principio de la seguridad jurídica, la CE no exigirá la devolución de las ayudas otorgadas entre el inicio del régimen en 2002 y abril 2007, cuando la Comisión declaró públicamente incompatible un sistema similar de Francia", señaló el Ejecutivo comunitario posteriormente en un comunicado.

La decisión es más favorable que la planteada inicialmente por el vicepresidente de la CE y comisario de Competencia, Joaquín Almunia, que exigía la devolución de las ayudas recibidas entre 2005 y 2011, pero menos beneficiosa para España de lo que hubiera deseado el Gobierno y el sector.

Ellos reclamaban el reembolso de las bonificaciones fiscales concedidas desde que se llevó a cabo el expediente contra España en junio de 2011 hasta la actualidad.

"Los grupos de interés económico y sus inversores se han beneficiado ilegalmente de ventajas fiscales que ahora tienen que devolver al Estado español", señaló Almunia en el comunicado.

Sobre el futuro del sector naval y haciendo referencia a su preocupación por la supervivencia de las navieras y los astilleros, Almunia pidió calma.

"En cuanto al futuro, existe un régimen fiscal no selectivo que fue aprobado por la CE en noviembre de 2012 y que puede ser utilizado, entre otras cosas, para financiar la industria de construcción de buques", recalcó.

Este sistema es "plenamente compatible con las normas europeas y por ello proporciona a los inversores toda la seguridad jurídica que necesitan", aseguró el vicepresidente de la CE, quien expresó su deseo de que todas las partes afectadas por la decisión de hoy puedan recurrir al régimen legal "cuanto antes".

Inicialmente, Almunia había propuesto que solo se tuvieran que reembolsar los incentivos concedidos a partir de mediados de 2005 y no desde la aprobación del sistema en 2002, al igual que hizo con Francia.

Tras el encuentro que mantuvo Almunia la semana pasada con la delegación española encabezada por el ministro de Industria, José Manuel Soria, el vicepresidente de la CE defendió que España debería haber "tomado nota" en 2006 de la decisión de la CE sobre la irregularidad del régimen de ayudas "tax lease" de Francia, dado que se trataba de un sistema análogo al suyo.

Almunia planteó a España una devolución de las ayudas suavizada, ya que ésta no afectaría a dos de los tres actores implicados en la construcción naval, los astilleros y armadores, sino que solo se extendería a los inversores.

El Ejecutivo español tendrá que elaborar ahora una lista de beneficiarios y de la cantidad de ayuda que debe "ser recuperada de los grupos de interés económico y los inversores", indicó la CE.

"La decisión de la Comisión no permite a los beneficiarios pasar sus obligaciones de devolución (de las ayudas) a terceras partes -tales como los astilleros-, incluido bajo los contratos existentes", enfatiza el departamento que dirige Almunia.

En su explicación de la decisión tomada este miércoles por los comisarios, la CE admite que una decisión de 2001 con respecto a Brittany Ferries "podría haber generado incertidumbre jurídica sobre si el sistema español constituía ayuda".

Esa inseguridad fue subsanada con la publicación en abril de 2007 con la decisión final sobre la investigación del régimen francés, cuando lo declaró incompatible con el mercado único.

Por ello, la Comisión ha determinado en el caso español que la ayuda incompatible concedida antes de abril de 2007 "no tiene que ser recuperada", explica su decisión de este miércoles.


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