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CULTURA

El Gobierno suprime las subvenciones a las películas en función de la taquilla

  • El Ministerio de aprueba un nuevo sistema de financiación cuyos fondos se obtendrán desde el comienzo del proyecto cinematográfico

Comienza la Fiesta del Cine en Navarra con una buena acogida
Cola para coger entradas en la Fiesta del Cine en Golem la Morea.
NAIARA SALAS
  • COLPISA. MADRID
Actualizada 05/12/2015 a las 06:00
El Gobierno aprobó este jueves un real decreto que desarrolla la Ley de financiación del cine y establece cómo serán las ayudas a las películas, aunque habrá que esperar a una orden ministerial para conocer los criterios de acceso a las subvenciones. La nueva regulación supone que el Gobierno sigue adelante con sus planes y desoye la petición de los productores para que se postergara hasta después de las elecciones el visto bueno a la norma. La principal novedad estriba en que desaparecen las ayudas concedidas en función de su recaudación en taquilla.

La reforma es relevante por el momento en que se produce, cuando varios juzgados se Madrid investigan un posible fraude de compra de entradas a cargo de productores y distribuidores con el fin de alcanzar las cifras de espectadores necesarias para obtener una subvención. Unas cuarenta películas pueden haber recibido ayudas de forma fraudulenta. Hasta ahora las ayudas se otorgaban recibían a posteriori, años después del estreno de la película. A partir de ahora, las subvenciones se darán de manera progresiva, de modo que al principio se obtendrá un porcentaje al presentar el proyecto, otro, el de el mayor cuantía, al comienzo del rodaje, y al final el destinado para la promoción. La cantidad será concederá en función de criterios objetivos, y además introduce la posibilidad de que el Estado pueda recuperar el dinero asignado en función de resultados los comerciales.

Por añadidura, se regularán las ayudas destinadas a películas de mayor impacto cultural.

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, aseguró en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que el decreto al que se ha dado luz verde tiene una doble motivación: "reducir las cargas administrativas a los ciudadanos y establecer un sistema de financiación pública de la producción cinematográfica más eficaz y eficiente". Las nuevas subvenciones reemplazarán a las ayudas a la amortización -las que han propiciado el fraude- y se otorgarán de modo anticipado, y no en función de la taquilla como ocurría antes.

Con el viejo sistema, las ayudas eran generales y complementarias. Las primeras sólo tenían en cuenta el número de espectadores que cosechaba cada película. La segunda se regía con un baremo de puntos, en virtud del cual se ponderaba el coste de la producción, el género al que pertenecía la cinta y se atendía el tamaño de la empresa productora, si era independiente y el director debutante, entre otros factores. Por lo general, las películas más taquilleras eran las que más dinero obtenían de la Administración. Las autoridades culturales pretenden aligerar de trámites toda esta secuencia, de suerte que se "simplifique la intervención administrativa en la cadena de producción, distribución y exhibición cinematográficas", según una nota del Ministerio.

La nueva normativa regula el procedimiento para el reconocimiento de la nacionalidad española de las series de televisión, al tiempo que refuerza la exigencia de la obtención del certificado de nacionalidad como requisito para acceder a las ayudas.

Por añadidura, será más sencilla la calificación por edades. El decreto impone una única calificación para la distribución de la película en cualquier soporte. Hasta ahora era necesario solicitar un nuevo certificado para la distribución en vídeo. Con relación al régimen de coproducción con empresas extranjeras, cobra mayor importancia la exigencia de que la solicitud de aprobación del proyecto de coproducción se realice preceptivamente antes del inicio del rodaje. Se precisa que, en los casos de participación minoritaria española en la coproducción, la participación efectiva del personal habrá de ser proporcional al porcentaje de participación española en la coproducción.

La norma esclarece qué se considera "obra audiovisual difícil", un concepto crucial a la hora de determinar el importe máximo de las ayudas que se percibirán, importe que englobará las producciones dirigidas por un nuevo realizador con un presupuesto no superior a 300.000 euros. También entran en la categoría de "obra difícil" los cortometrajes y las obras rodadas en lenguas cooficiales distintas al castellano. El porcentaje de las ayudas no podrá superar el 70%, el 75% y el 65%, respectivamente.

El decreto ha causado malestar entre los productores audiovisuales agrupados en FAPAE, entidad presidida por Ramón Colom. La FAPAE subraya que la norma es "precipitada". "FAPAE quiere insistir en su apreciación sobre lo precipitado del proceso, cuyo único objetivo es que entre en vigor en enero próximo, sin sopesar la trascendencia de los cambios que implica", dice la organización.

Los productores argumentan que la aprobación de esta normativa es la culminación de un camino que comenzó hace tres años con la creación de una comisión mixta en la que todos los agentes del sector y el Gobierno tuvieron ocasión de debatir largo y tendido sobre el modelo de negocio. "Lamentamos, por lo tanto, que los cambios al modelo se cierren con premura y, sobre todo, en unas fechas tan próximas a la finalización de la legislatura", alega.


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