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INTERNET

La Ley Sinde obliga a retirar los primeros contenidos webs

  • El Ministerio de Cultura ha recibido hasta 326 solicitudes sobre cierre de páginas con enlaces a descargas ilegales

  • COLPISA. MADRID
Actualizada 19/06/2012 a las 12:25
La Ley Sinde comienza a funcionar y amenaza con pasar como un rodillo sobre las páginas que faciliten las descargas ilegales en Internet. Parecía que no llegaría el día de su aplicación tras su polémica tramitación, pero la sección segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual ya ha dado el visto bueno a las primeras ocho solicitudes presentadas contra páginas webs que vulneran los derechos de autor. Los responsables de esas páginas recibieron el viernes la notificación y tenían 48 horas para llevar a cabo la retirada voluntaria de los contenidos.

El Ministerio de Cultura advierte de que si no eliminan los enlaces ilícitos pondrá en marcha los procedimientos administrativos previstos para lograrlo. Y no son medidas baladíes. Pueden llegar a la interrupción del servicio, es decir, al cierre de la página «siempre previa autorización del Juzgado Central de los Contencioso-Administrativo competente», explica en un comunicado.

Juan José Coronel, dueño de una página de enlaces española llamada 'bajui.com', ha sido uno de los primeros damnificado por la polémica ley antipiratería. Todo comenzó cuando AGEDI, la asociación que agrupa a la mayoría de las discográficas, denunció la descarga ilegal a través de unos 'links' en 'bajui.com' de unas canciones del último disco de Luz Casal. Aunque la sección segunda identificó al servidor suizo 'uploade.com' como el sitio web de almacenamiento de los temas musicales y, por tanto, responsable de la vulneración de los derechos de autor, la comisión considera a la página de enlaces como intermediaria necesaria y le obliga a suprimir dicho contenido. De no hacerlo se arriesga a una multa de entre 150.001 a 600.000 euros o al cierre.

«La cuestión más relevante es que le avisan de que no solo tendrá que quitar los enlaces que le van a detallar en un listado, sino que además tendrá que estar controlando permanentemente los enlaces que manden sus usuarios y que dirijan el mismo contenido, algo imposible», explicó David Bravo, abogado de 'bajui.com'. Una web de este tipo se nutre de lo que los usuarios envían, es decir, de los enlaces a diferentes páginas de descarga que contienen. Si eliminan estos enlaces de intercambio de archivos, las webs pierden su razón de ser. «Probablemente lo que muchos decidirán será cerrar la web ante esta imposibilidad», aseguró Bravo.

Sin alegaciones


Además, los afectados por la nueva legislación se quejan de que en el procedimiento no existe una fase de alegaciones, ya que como meros intermediarios, la normativa les obliga a eliminar los enlaces de manera forzosa en un plazo de 72 horas. «Otra cosa es que nosotros queramos mandarlas por si las tienen en cuenta», comenta el letrado. Pero la resolución se produciría a posteriori.

El problema que denuncian desde las organizaciones de internautas es que la ley no discrimina entre el servicio de almacenamiento web, quien realmente posee y controla el material ilícito, y la página de intercambio de archivos o P2P. Otras conocidas webs como SeriesYonkis, EliteTorrent o el mismísimo Google (también muestra enlaces a sitios de descargas ilegales) podrían verse afectados.

Nada más conocerse la noticia las redes sociales echaron humo. En Twitter, bajo la etiqueta 'sin defensa', cientos de usuarios criticaron la aplicación de la ley. Los detractores argumentan que la legislación restringe su libertad e instaura la censura ya que el procedimiento en primera instancia es administrativo y no judicial.

Sin embargo, tanto las asociaciones de autores como el Gobierno consideran que estos intermediarios también se lucran gracias a la publicidad que generan sus webs. Y por eso están dispuestos a seguir con mano de hierro en la aplicación de la Ley Sinde hasta sacar a España de los primeros lugares en el ranking de piratería online. De momento, la Comisión ha desestimado hasta 243 solicitudes por faltas o ausencia de los documentos adecuados. Sin embargo, el resto de denuncias, hasta 326, se encuentra en la fase preliminar de estudio.


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