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DÍA DE LA DISCAPACIDAD

Una guía para ayudar a declarar a las víctimas con discapacidad intelectual

Se trata de un catálogo de recomendaciones a los policías para que sepan cómo trata a las víctimas con discapacidad

Novedoso documental sobre discapacitados
Chica en silla de ruedas junto al mar
archivo
  • EFE. MADRID
Actualizada 03/12/2016 a las 15:40

Denunciar haber sido víctima o testigo de un delito puede ser traumático para cualquiera, pero más si se trata de una persona con discapacidad intelectual, hasta el punto de que puede llegar a declararse culpable sin serlo. La Policía puede hacérselo más fácil con un protocolo que pronto verá la luz.


Se trata de un proyecto, ya en su fase final, de la Unión Nacional de Jefes y Directivos de Policía Local (Unijepol) y de la ONG Plena Inclusión, involucrados en el objetivo de conseguir un mundo más inclusivo e igualitario para las personas discapacitadas, como pretende también el Día Internacional de este colectivo que precisamente se celebra hoy.


El protocolo es un catálogo de recomendaciones a los policías municipales -muchas veces los primeros en atender a estas personas cuando son se ven involucradas en esas situaciones- para que sepan cómo tratarles e, incluso, cómo percatarse de que sufren esa discapacidad.


Actuar con naturalidad, usar palabras sencillas y frases cortas, darles tiempo para que contesten o hacerles preguntas que les ayuden a ubicarse cuando han sido víctimas, han visto o han protagonizado un hecho delictivo son algunos de esas pautas que incluye el protocolo.


Porque, según se precisa en el borrador del protocolo, es mejor preguntarle si el suceso ocurrió a la hora de comer en lugar de si tuvo lugar a las 14:00 horas. "¿Dónde vives?" o "¿Por qué te pegó" son preguntas con las que un agente puede conseguir una mejor respuesta del discapacitado que con las de "¿cuál es su domicilio" o "¿cuáles fueron los motivos de la agresión?".


Unijepol y Plena Inclusión firmaron en septiembre un convenio para mejorar la gestión de la seguridad en el ámbito de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo y con el objetivo de prestar una atención más sensible y eficaz a este colectivo.


De ese convenio ha surgido el protocolo, que se ratificará en los en los próximos días y que Unijepol distribuirá después en los 2.100 municipios que cuentan con policías locales en España y que agrupan al 90 por ciento de la población, así como a todas la comunidades autónomas que son las que tiene competencias en la formación y coordinación de estos cuerpos locales.


Miembros de Unijepol y de Plena Inclusión se ofrecerán para explicar el protocolo, según han relatado en una entrevista con Efe dos de sus artífices: el secretario de Políticas para la Gestión de la Diversidad de la asociación policial y jefe de la Policía Local de Fuenlabrada (Madrid), José Francisco Cano, y la asesora jurídica de la ONG, Inés de Araoz.


Plena Inclusión hizo un estudio sobre la incidencia de la discapacidad intelectual en los procedimientos penales y concluyó que precisamente en la mayoría de los casos no se había detectado que el afectado tenía discapacidad intelectual, "lo que conlleva que sus derechos sean vulnerados en el procedimiento".


"Si no detectamos que tiene necesidad de apoyo, por ejemplo en comprensión y comunicación, no vamos a establecer los ajustes en el procedimiento, o no van a comprender el proceso". Tanto es así, que "hay veces que se autoinculpan", según De Araoz, quien considera necesaria esta herramienta para los policías locales porque muchas veces son los primeros que toman testimonio tras un delito.


Otro de los problemas que se detectan es que estas personas suelen ofrecer relatos "pobres" y no se da credibilidad a sus testimonios, que en ocasiones son los únicos que pueden aclarar delitos. De ahí que la ONG y Unijepol aboguen por "tomar medidas para que el relato final sea válido".


Una de ellas es incluir en el protocolo una técnica de lectura fácil de diferentes documentos, como los referidos a los derechos del detenido o a cómo interponer una denuncia.


Con el protocolo, insisten, se evitarán situaciones como la vivida por algún agente que "pensaba que estaba hablando con una persona afectada por el consumo de alcohol, cuando simplemente tenía una discapacidad".


La ONG Plena Inclusión cuenta con 900 asociaciones en toda España y atiende a unas 140.000 personas con discapacidad intelectual y a unos 235.000 familiares, y colabora desde hace tiempo con la asociación de mandos de policía, que es una de las fundadoras de la Plataforma por la Gestión Policial de la Diversidad.


José Francisco Cano ha subrayado que las policías locales de España suman 70.000 funcionarios, lo que supone en segundo cuerpo de seguridad tras la Guardia Civil. Hacerles llegar estas pautas es un reto imprescindible.


"La diversidad social debe ser una línea estratégica para la Policía, que no puede ser solo la Policía de la mayoría, sino que tiene que ser la policía de todos y de todas, y en ese todos y todas están las personas con discapacidad", ha sostenido Cano.


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