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S.O.S. de Cáritas al Gobierno foral por la renta básica

  • Asimismo, la Plataforma en Defensa del Derecho a la Renta Básica pidió la "paralización" inmediata del proyecto de ley

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Actualizada 13/01/2012 a las 01:05
  • MARÍA JESÚS CASTILLEJO . PAMPLONA

Tanto Cáritas como las entidades sociales y profesionales que forman la Plataforma por la Defensa del Derecho a la Renta Básica creen que la nueva ley foral de Inclusión Social, y más en concreto los nuevos requisitos de acceso, van a "excluir", a dejar fuera, sin dinero alguno para sobrevivir, a numerosas personas y familias en Navarra, "tanto inmigrantes como autóctonas", añade Cáritas.

Al menos tal y como está redactado el nuevo proyecto de ley. "¿Quién va a dar de comer y quién va a dar techo a estas personas?", fue la pregunta que planteó la entidad diocesana ayer en el Parlamento foral. "Hay riesgo de fractura social", advirtió, por su parte, la Plataforma.

Ambas partes acudieron a la comisión parlamentaria de Política Social a petición de Txema Mauleón (I-E) para valorar el nuevo proyecto, aprobado y respaldado por los socios de Gobierno (UPN y PSN), que ya ha pasado por el periodo de enmiendas y que podría ser aprobado el día 17.

En primer lugar, a las 12 horas, compareció el delegado de Cáritas Pamplona-Tudela, Ángel Iriarte, acompañado por Sara Gómez, coordinadora de Acción Social. Iriarte comenzó por destacar que "una de las señas de identidad" de Cáritas es la "atención inmediata" a las personas que llaman a su puerta, una llamada que ha aumentado en los últimos años con la crisis económica y también con "los retrasos de la Administración", como en el caso del pago de la renta básica.

Continúan los "retrasos"

Unos retrasos que continúan, añadió, con hasta dos meses y medio de espera "en algunos casos " para la primera atención en los servicios sociales y con hasta 5-6 meses en Política Social para la concesión. Asimismo, "algunas ayudas extraordinarias tardan hasta 8 meses en resolverse".

Recordó, igualmente, el problema creado con los retrasos en la devolución por parte de la Administración a Cáritas del dinero "adelantado" por ésta en concepto de rentas básicas entre finales de 2008 y noviembre de 2011.

Sobre el nuevo proyecto de ley de la Renta de Inclusión Social, Ángel Iriarte insistió en la "preocupación" de Cáritas por todas las personas "que no van a poder o van a dejar de percibir renta básica", debido especialmente a los cambios en los requisitos.

En concreto, Iriarte indicó que, si se toma "literalmente", la ley "no deja resquicio alguno a la excepcionalidad en lo referente a la residencia legal en España ni a la residencia continuada y efectiva en Navarra de 24 meses" (antes 12), medidas que "excluyen tanto a inmigrantes como a autóctonos". "¿Qué vamos a hacer con las personas que llevan 24 meses cobrando renta básica y que no se les renueve?", se preguntó. "Muchas pueden ser autóctonas y su único rasgo de exclusión, en principio, no tener trabajo", agregó.

"¿Qué vamos a hacer con...?", prosiguió. Y enumeró, entre otros, a "familias inmigrantes (muchas monoparentales con menores a cargo), sin papeles o que los han perdido por quedarse sin trabajo"; "inmigrantes o autóctonos que se han ausentado un tiempo para trabajos de temporada en otra comunidad"; "personas enfermas sin papeles"; "mujeres sin papeles que están siendo víctimas de explotación sexual"... "¿Quién va a dar de comer, quién va a dar techo a estas personas?", inquirió, "¿sin ingresos mínimos?".

Y más, añadió, "en la actual coyuntura de no creación de empleo neto" y "destrucción de empleo". Iriarte, asimismo, defendió que "la inmensa mayoría de la gente que no tiene empleo está deseando tenerlo" y que "el no tenerlo no es responsabilidad personal".

El delegado de Cáritas recordó los derechos humanos universales, así como la "responsabilidad de las Administraciones sobre el bienestar de las personas residentes en su territorio". "Las iniciativas privadas podemos y estamos dispuestas a echar una mano, pero ni tenemos capacidad para todo ni es nuestra responsabilidad".

Por otra parte, se preguntó por qué no ha habido una "evaluación" del pasado y un "estudio de impacto en el futuro" antes de la modificación legal. Aún así, Iriarte dijo esperar que "ojalá" estas "predicciones" sean "erróneas".

Personas "con y sin derecho"

Desde la Plataforma por la Defensa de la Renta Básica (formada por Red de la Pobreza, Axola, Coordinadora de Inmigrantes, SOS Racismo, Plataforma de Papeles y Derechos Denontzat y Hormiga Atómica), Beatriz Villahizan, Marisol de la Nava y Ana Fernández fueron todavía más críticas. "Esta ley se centra en endurecer los requisitos, mermar unos derechos sociales que ha costado años conquistar, excluir de su acceso a una parte de la población y crear niveles de pobreza: las personas que merecen el derecho y las que no".

En concreto, se refirieron a la memoria económica que acompañó el primer borrador del proyecto de ley y, que cifra en un 14% los expedientes que se denegarían con la nueva ley (unos 1.800 de los 12.800 en el 2011).

Sobre los llamados casos "coyunturales" -parados que han agotado las prestaciones por desempleo- y que, según la ley, "en ningún caso se les puede considerar excluidos sociales", se preguntaron cuáles van a ser los "instrumentos" para atenderlos y si éstos van a ser "factibles".

Criticaron también, por otra parte, los argumentos de tipo "fraude" y "efecto llamada" porque llevan a "criminalizar la pobreza" en el imaginario social.

La trabajadora social Ana Fernández alertó también sobre los "muchos" niños afectados y recordó que las leyes obligan a la Administración "a hacerse cargo" si hay desprotección. Por éstas y otras muchas razones, la Plataforma calificó el proyecto de "injusto e insolidario" con los más vulnerables y reclamó su "paralización".

Política Social dice que habrá otra ayuda y "nadie" se quedará fuera

El director general de Política Social, Javier Monzón, quiso ayer tarde "puntualizar" que la "visión y percepción" por parte de Cáritas y la Plataforma sobre la nueva ley "no responde a la realidad" y que "no es cierto" que 1.800-2.000 personas se vayan a quedar fuera y sin nada. Así, comenzó por recordar que los Presupuestos de Política Social para 2012 contemplan dos partidas presupuestarias: una denominada "Ayudas a familias navarras sin medios de subsistencia" -que incluirá, dijo, la futura renta de inclusión social, hoy "renta básica" y centrada en los casos "estructurales" o de grave exclusión social-, dotada con 17 millones de euros; y otra llamada "Ayuda o complemento para la mejora de la empleabilidad y de la reinserción laboral", con 11 millones.

Ésta última, puntualizó, va a ser una nueva prestación, también "garantizada" y también como un "derecho", dirigida a los casos "coyunturales", que se está diseñando "en colaboración con Empleo" y para la que no será necesario exigir "informe social" a los servicios sociales, lo que, a su juicio, ayudará a "agilizar" trámites y resolver el actual atasco.

En este sentido, se refirió a una enmienda in voce propuesta este martes por el PP y apoyada por UPN y PSN, que introdujo en la exposición de motivos de la ley que "las ayudas destinadas al colectivos de desempleados que han agotado las prestaciones y los subsidios por desempleo se regularán de forma singular, independiente y específica".

Estas dos prestaciones, la Renta de Inclusión Social y la Ayuda para la Empleabilidad (con las mismas cuantías), serán reguladas por dos Decretos distintos y entrarán en vigor "al mismo tiempo". Añadió que en ambos decretos se contemplarán las posibles "excepciones", por ejemplo en los requisitos, de forma que "nadie" en situación de necesidad básica grave se quede fuera. Monzón recordó que también hay ayudas extraordinarias o de emergencia. En definitiva, concluyó, unos y otros colectivos afectados, bien por la exclusión, bien por el paro, serán "atendidos" pero por vías distintas.

ALGUNAS CLAVES

1 La nueva ley en trámite. El proyecto de ley de la "Renta de Inclusión Social" que se está tramitando en el Parlamento foral sustituirá a la actual ley de Renta Básica. En la exposición de motivos se explica que ahora hay dos colectivos diferentes (coyunturales y estructurales)

y que por ello hacen faltan dos vías o "itinerarios" distintos.

2 Nuevos requisitos de acceso. Necesidad de "residencia legal" (tener "papeles" como permiso de residencia o de trabajo, ahora basta el empadronamiento); y residir en Navarra de forma "efectiva y continuada" al menos 24 meses (ahora 12). Se mantienen la edad (mayores de 25 y menores de 65 años), el periodo de concesión (por 6 meses, renovar sucesivamente hasta 24) y las cuantías (entre 641 y 962 ? al mes según nº de miembros). Y a partir de los 24 meses, se reducirá la cuantía un 20%.

3 Dos vías, dos decretos. Aunque ya se dijo que habrá dos Decretos distintos para las dos vías citadas, el proyecto de ley no especifica apenas nada sobre ello.

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