La juez rechaza imputar a Osasuna por supuesto delito fiscal

La juez del Juzgado de Instrucción número 3 de Pamplona rechazó ayer la imputación de Osasuna por supuesto delito fiscal, tal y como pedían el Gobierno de Navarra y la Fiscalía. El auto que se conoció ayer da la razón al abogado del club rojillo, que defendía que el supuesto delito fiscal que se le atribuye a Osasuna fue responsabilidad de los anteriores gestores y no de la entidad como persona jurídica. La misma juez ya dejó hace unas semanas fuera del procedimiento la parte referente al IRPF (alrededor de 700.000 euros) de los futbolistas al considerar que las cantidades no llegaban, por perceptor, al mínimo de 120.000 euros anuales. Esta decisión fue recurrida ante la Audiencia Provincial por la Hacienda de Navarra. Lo que ahora ha estudiado la juez es la posibilidad de que el club fuese responsable de no haber contabilizado e ingresado “las cuotas de IVA correspondientes a los ingresos por taquilla, abonos, palcos y boxes hasta el mes de octubre de 2013”. Ese delito fiscal ya fue reconocido por el club en la auditoría que encargó la junta directiva de Luis Sabalza al comienzo de su mandato. El auditor estimó entonces en algo menos de 4 millones la cantidad defraudada, cifra que Osasuna está dispuesto a devolver a las arcas forales, como ayer mismo repitió el presidente del club. Antes será necesario despejar el procedimiento judicial, al que todavía le queda recorrido porque la decisión de la juez puede ser recurrida por Hacienda, por el Fiscal o por ambos. Una vez que esto ocurra, Hacienda y Osasuna deberán ponerse de acuerdo en la cantidad exacta defraudada y en la forma de pago. Sin embargo la decisión de ayer despeja el futuro económico del club por el momento ya que de haberse considerado responsable al club las sanciones y recargos podían haber elevado la cifra definitiva a pagar a entre 12 y 24 millones de euros según el club. Mecanismos de control El auto de la juez rechaza las pretensiones del Gobierno de Navarra y de la Fiscalía al entender que “el Club Atlético Osasuna disponía de los dos sistemas previstos en los Estatutos vigentes al momento de ocurrir los hechos (gerente y comisión económica) y un control externo impuesto por la normativa deportiva y que establece la obligación de presentar anualmente las cuentas auditadas”. La juez se apoya además en la decisión que ya tomó la Audiencia Provincial de no imputar a Osasuna en el caso de presunto amaño de partidos porque “la falta de control no podía deducirse sin más de la comisión de un presunto ilícito penal cometido sin conocimiento de todos los miembros de la Junta Directiva e incluso con ocultación”. La juez desglosa además pormenorizadamente en el auto los mecanismos de control que existían en el club, empezando por la Asamblea de socios compromisarios, el gerente, la comisión económica, los libros de contabilidad, el reglamento de control económico de la Liga y el auditor. La juez analiza “si la falta de debido funcionamiento de estos mecanismos de control y previsión permite atribuir a Osasuna responsabilidad penal por la comisión de delito contra la Hacienda Pública” y concluye que no al haberse ocultado la información a casi todos esos órganos y al no figurar en los informes que finalmente realizaba el auditor. Y, sobre todo, la juez pone el foco en el propio denunciante, la Hacienda de Navarra, por haber expedido hasta en cinco ocasiones entre junio de 2010 y agosto de 2013 (durante los gobiernos de UPN) sendos certificados de que el club se encontraba al corriente de todos sus pagos fiscales. Por todo ello el auto concluye que “no ha lugar” la imputación y da a Hacienda y Fiscalía cinco días para interponer un recurso de apelación.

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