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La juez decide no imputar a Osasuna por delito fiscal

La magistrada rechaza así las pretensiones del Gobierno de Navarra y de la Fiscalía

Imagen de la plantilla y la afición de Osasuna, celebrando el pasado ascenso en la sede del Gobierno de Navarra.

La plantilla y la afición de Osasuna, celebrando el pasado ascenso en la sede del Gobierno de Navarra.

Actualizada 18/01/2017 a las 15:05

La juez  de instrucción número 3 ha decidido no imputar a Osasuna por delito fiscal, rechazando así las pretensiones del Gobierno de Navarra y de la Fiscalía.

En el auto, que puede ser recurrido, la juez recoge buena parte de la argumentación ya expuesta por la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Navarra y el titular del Juzgado de Instrucción número 2 para exonerar a Osasuna como persona jurídica y no imputarle en la causa abierta por el presunto amaño de partidos.

En conclusión, al igual que en el otro procedimiento, la magistrada recoge que Osasuna disponía de los mecanismos de control requeridos. Todo ello, argumenta la magistrada, fue analizado por la Audiencia Provincial y considerado suficiente para concluir “que la falta de control no podía deducirse sin más de la comisión de un presunto ilícito penal cometido sin conocimiento de todos los miembros de la Junta Directiva e incluso con ocultación”. 

En este sentido, la juez destaca que Osasuna ha ido presentando las certificaciones emitidas por el Departamento de Economía y Hacienda del Gobierno de Navarra en los que se hacía constar expresamente que, comprobados los datos, Osasuna estaba al corriente de sus obligaciones tributarias, y que la falta de declaración del IVA de taquillas, abonos, palcos y boxes no son operaciones de ingeniería financiera imposibles de detectar, sino que han aflorado en el estudio de los libros del club.

Para la magistrada, “el mero hecho de que el sujeto pasivo del impuesto sea el Club no implica que exista una transferencia de responsabilidad penal por la conducta llevada a cabo por la o las personas físicas que lo han dirigido, sino que debe comprobarse que se ha incurrido en algún tipo de responsabilidad penal”.

El Gobierno de Navarra había pedido al juzgado que imputara al club rojillo como responsable directo de los delitos fiscales correspondientes al IVA e IRPF que sus exdirectivas dejaron de abonar entre 2011 y 2014. Una auditoría detectó que el club no había abonado un total de 5,7 millones en esos ejercicios.

Si la tesis del Ejecutivo foral prosperaba y el club era condenado por delito fiscal, Osasuna no solo tendría que pagar lo defraudado sino también una multa que duplicaría o cuadruplicaría esa cantidad (de 11,4 a 22,8 millones), según contempla el Código Penal.

La directiva rojilla estaba dispuesta a saldar esta deuda con Hacienda fuera de los juzgados, aunque entendía que la cantidad era inferior (unos 3,5 millones de euros), porque algún ejercicio había prescrito.

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