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Madrid

El presidente de la Cámara de Cuentas dimite tras ser imputado en el caso Lezo

Desde el Ayuntamiento de Madrid su portavoz, Rita Maestre, ha recalcado la necesidad de seguir investigando hasta el "final" en el Canal tras la dimisión de Canalda

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El presidente de la Cámara de Cuentas dimite tras ser imputado en el caso Lezo
  • Efe
Publicado el 28/12/2017 a las 18:29
El presidente de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid, Arturo Canalda, ha dimitido de su cargo después de que ayer fuera citado en calidad de investigado en el caso Lezo por su participación en la compra presuntamente fraudulenta de Inassa en 2001 por parte del Canal de Isabel II.

Canalda, que fue director gerente del Canal, ha presentado este jueves su renuncia en el Registro de la Asamblea de Madrid, según han informado fuentes del Parlamento madrileño.

En el escrito, Canalda ha subrayado su "pleno convencimiento" de que ha actuado "siempre conforme al ordenamiento jurídico". "A lo largo de más de 20 años dedicado a la vida pública siempre he actuado con total honestidad y siempre he adoptado las decisiones basándome en informes que las avalaban", ha añadido.

Pese a ello, ha optado por dimitir "de forma irrevocable" como presidente y consejero de la Cámara de Cuentas. "Soy consciente de que mi permanencia al frente de la Cámara de Cuentas en estas condiciones puede suponer un importante perjuicio para la institución que he tenido el honor de presidir a lo largo de los últimos 6 años", ha explicado.







El vicepresidente de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid, Carlos Salgado, ejercerá las funciones de presidente de este órgano, encargado de fiscalizar la actividad económica, presupuestaria, financiera y contable del sector público madrileño.

El juez de la Audiencia Nacional Diego de Egea citó ayer a declarar en calidad de investigados en el caso Lezo a una veintena de personas para aclarar las presuntas irregularidades en la compra en 2001 de la empresa colombiana Inassa por parte del Canal de Isabel II.

Entre ellas figuran dos exconsejeros del expresidente madrileño Alberto Ruiz-Gallardón (Juan Bravo y Pedro Calvo) y el hasta ahora presidente de la Cámara de Cuentas de la Comunidad, Arturo Canalda.

Todos ellos, incluido Gallardón, han comparecido recientemente en la comisión de investigación de corrupción de la Asamblea de Madrid.

La compra de Inassa la acordó en 2001 el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid presidido entonces por Gallardón por un total de 73 millones de dólares (aproximadamente 83 millones de euros) con un endeudamiento de 51,1 millones de dólares, pero según los investigadores el valor de la empresa era mucho menor.

El portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, Enrique Ossorio, ha dicho hoy que la dimisión de Canalda es "una decisión que le honra porque la ha adoptado "voluntariamente".

Para el portavoz de Ciudadanos en la Asamblea, Ignacio Aguado, ésta "no es la única dimisión que se debería producir", ya que cree que también debería renunciar a su cargo el presidente de Adif, Juan Bravo.

Si no lo hace, ha dicho que "tendrá que ser el Gobierno de España el que le exija esa dimisión", en virtud del acuerdo de investidura firmado a nivel nacional entre el PP y Ciudadanos que recoge que los cargos públicos investigados por delitos de corrupción deben renunciar.

La diputada regional de Podemos María Espinosa ha pedido una garantía de que "el Gobierno de Cristina Cifuentes no nos vaya a regalar para Reyes más imputaciones y más dimisiones". Además, ha destacado que con los nuevos investigados "se estrecha el cerco" contra Alberto Ruiz-Gallardón y "contra las políticas del PP".

El secretario general del PSOE-M, José Manuel Franco, ha augurado que la instrucción judicial del caso Lezo "deparará nuevas sorpresas" en relación con las presuntas irregularidades en el Canal y cree que habrá "nuevos implicados".

Por su parte, el grupo parlamentario socialista ha pedido la comparecencia en el Pleno de la Asamblea de Madrid del portavoz del Gobierno regional, Ángel Garrido, para que explique las actuaciones del Ejecutivo para cooperar con la Justicia en Lezo.

También ha registrado varias preguntas relacionadas con este caso, como una dirigida a Cifuentes para que aclare "qué perjuicio político e institucional considera que causa a la Comunidad de Madrid la actuación de quienes habiendo ocupado cargos públicos han sido citados a declarar como investigados por la Justicia".

Desde el Ayuntamiento de Madrid su portavoz, Rita Maestre, ha recalcado la necesidad de seguir investigando hasta el "final" en el Canal tras la dimisión de Canalda.
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